La opa hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell ha puesto en el foco a los reguladores que analizarán si la operación afecta a la competencia en el caso de que la opa tenga éxito y haya fusión. En España es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien se encarga y tiene como referencia la última gran absorción bancaria española, la de Bankia por parte de CaixaBank, culminada legalmente en 2021. Una operación que recibió su visto bueno y culminó con la creación del mayor banco del país por activos, clientes y cuotas de mercado.

En aquella ocasión, se fusionaban la tercera y la cuarta entidad del país, pero dando el tamaño alcanzado, la CNMC impuso a CaixaBank ciertas condiciones, entre ellas mantener sucursales y desinvertir en participaciones conjuntas con Bankia, como Bizum. El organismo que preside Cani Fernández consideró que la absorción no suponía una amenaza para la competencia efectiva en banca corporativa, banca de inversión, tarjetas, TPV, producción y distribución seguros, y gestión de fondos y planes de pensiones, dado que la adición de Bankia en esos ámbitos era reducida.

Sin embargo, su análisis concluyó que sí había riesgo para el mercado de sucursales, y conminó a CaixaBank a mantener oficinas en los municipios en los que no hubiera competidores a fin de evitar la exclusión financiera de la población, recuerda EFE. Además, la CNMC identificó 86 códigos postales en España en los que la entidad resultante de la fusión quedaba en situación de monopolio o duopolio, y consideraba que la poca presión competitiva en esas zonas le otorgaría un elevado poder de mercado, con posibles efectos adversos para los consumidores.

El regulador estimaba que en algunos de esos entornos podía producirse un empeoramiento en las condiciones comerciales para los clientes de Bankia. Para paliar ese riesgo, CaixaBank se comprometió a mantener a los clientes del banco absorbido las mismas condiciones y términos que tenían sus productos suscritos durante un periodo de al menos tres años.

También aseguró que en los códigos postales identificados como especialmente sensibles a la operación no se cobraría comisiones a los clientes procedentes de Bankia por realizar operaciones en ventanilla cuando ese mismo procedimiento hubiese sido gratuito para ellos.

Desinversión en participaciones conjuntas

CaixaBank tuvo también que desinvertir en una serie de compañías, todas ellas del negocio de medios de pago, en las que la suma de participaciones junto a Bankia superaba el máximo establecido en los estatutos de esas firmas para cada accionista. El banco retiró un 16,21% de su participación en la Sociedad Española de Medios de Pago (ServiRed), que establecía un límite de participación del 25%, y un 9,44% de la Sociedad de Procedimientos de Pago (Bizum), con un límite del 24%.

También desinvirtió un 11,04% en Redsys Servicios de Procesamiento, donde la participación máxima era del 24,9%, y un 3,9% de Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, con un límite del 25 %.

Al juzgar los riesgos de la fusión, la CNMC consideró asimismo una posible ruptura de los acuerdos existentes para el uso compartido de cajeros automáticos entre Bankia e ING, así como con Euro6000 y el Banco Sabadell. Para mitigar el eventual impacto sobre los consumidores, CaixaBank aceptó como condición ofrecer a los clientes de esas entidades acceso a los cajeros que eran titularidad de Bankia antes de la operación durante un periodo de 18 meses en las mismas condiciones que hasta entonces.

En el caso de cierre de cajeros de Bankia como consecuencia de la operación, se comprometió asimismo a dar acceso a los clientes de aquellas entidades al cajero de CaixaBank más próximo.