Telefónica volverá a tener al Estado como máximo accionista. El gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a adquirir hasta el 10% de sus acciones, después de que la operadora saudí STC desembarcara el pasado septiembre en el capital de la teleco española. La operación supone la vuelta del control público a una empresa estratégica, no solo a nivel de infraestructuras de telecomunicaciones, sino también por su importancia en el sector de defensa.
Se trata de un nuevo capítulo en la historia de Telefónica, que hace décadas era una de las empresas públicas más importantes del país, hasta que se inició un proceso privatizador que acabó con la venta total de la participación estatal en el mercado. Un proceso que también se saldó con la privatización de otras grandes empresas como Repsol, Endesa, o la antigua Gas Natural Fenosa (Naturgy). No obstante, la cronología de los hechos empieza mucho tiempo atrás, en 1924.
Fue en este año, durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando nacía Telefónica como una empresa filial de la estadounidense ITT. Lo hacía bajo la denominación de Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), participada mayoritariamente por su matriz. Pasaron más 20 años, hasta que en 1945, durante el Franquismo, el Estado español adquirió el 79,6% de las acciones de la operadora. En 1960, Telefónica pasó a ser la primera empresa de España, con 32.000 empleados en plantilla.
Felipe González inició el proceso y Aznar lo culminó
No sería hasta 1992 cuando la empresa alcanzaría su apogeo, sumando más de 74.000 trabajadores en plantilla. Por aquel entonces, Telefónica acaparaba todo el mercado estatal y no contaba con otras empresas que le hicieran competencia. Años antes, con la llegada de los gobiernos del PSOE de Felipe González, el Estado comenzó a reducir su peso dentro del capital de la compañía de telecomunicaciones hasta conservar un 20,9% en 1996.
Desde 1989, el Ejecutivo se fue desprendiendo de paquetes accionariales para dar entrada a inversores privados y el proceso se culminaría finalmente diez años después. En 1997, el gobierno del PP privatizó directamente y sin pasar por el Congreso de los Diputados, las acciones restantes que el Estado ostentaba en Telefónica y después de colocar al frente de su dirección a Juan Villalonga, amigo de José María Aznar, con quien había compartido pupitre en sus años escolares.
Fue precisamente con la llegada de Villalonga, en 1996, cuando se aprueba la liberalización del sector de las telecomunicaciones y se da entrada a las antiguas Airtel (Vodafone) y Amena (Orange). Comenzaba una nueva etapa en el sector que abriría la puerta a nuevas compañías hasta convertirlo en uno de los mercados con la competencia más feroz de Europa en la actualidad. En 1999, el PP completó la privatización de Telefónica, paralelamente al lanzamiento de la conexión a Internet con banda ancha mediante ADSL y su expansión internacional en Brasil.
El papel clave de Josep Piqué
En estos años de liberalización y desprendimiento del total de las acciones estatales en Telefónica, un hombre jugó un papel importante durante el proceso. Se trata del ya fallecido Josep Piqué, ministro de distintas carteras durante los gobiernos de José María Aznar hasta 2003. Como ministro de Industria y Energía, Piqué trabajó mano a mano con Aznar para llevar a cabo todo el proceso de la oferta pública de acciones que permitió a la teleco iniciar una nueva etapa de la mano de inversores privados.
Más de dos décadas después, el gobierno de Pedro Sánchez vuelve a poner al Estado como máximo accionista de una de las compañías Ibex con más peso en el país. Actualmente, Telefónica tiene un valor de mercado de 20.500 millones de euros, por lo que una participación del 10% supondría el control de en torno a 2.000 millones de euros. Un movimiento con el que superará a accionistas como BBVA (4,85%), CaixaBank (3,5%), Criteria Caixa (2,5%), el núcleo duro de accionistas españoles, BlackRock (4,48%) y STC, que puede llegar a controlar hasta un 9,9% en caso de ser autorizada para controlar el 5% restante.
Desde el Gobierno defienden la operación argumentando que está en línea con la estrategia de otros países europeos. Así, Alemania controla un 13,8% del capital de Deutsche Telekom, mientras que Francia está presente en el capital de Orange con una participación del 13,4%. Italia, por ejemplo, ha elevado su peso en Telecom Italia hasta el 20% en 2023. Noruega, Suecia o Suiza también son países que cuentan con participaciones en el capital de empresas de telecomunicaciones importantes en sus respectivos territorios.
Telefónica ha pasado por diferentes etapas durante su historia, pasando del monopolio con control público que vivió durante buena parte de su existencia, hasta llegar a un sector liberalizado y de extrema competencia del sector en Europa y especialmente en España, con un mercado muy atomizado. Situación que ha llevado a las empresas a reducir sus ingresos en los últimos años y, justificar así los ajustes de plantillas con despidos colectivos. La nueva etapa comienza con la vuelta del control estatal sobre la operadora para dar respuesta a los posibles riesgos de inversores extranjeros como los saudís.