El año 2024 seguirá siendo "complejo" para el sector inmobiliario, con "muchas incertidumbres", como lo está siendo el año 2023, en el cual "difícilmente podremos conseguir los resultados que teníamos previstos", expone al consejero delegado de Renta Corporación, David Vila. Hace referencia a los pronósticos que tenía el grupo inmobiliario para poder duplicar los beneficios en 2023, hasta los 7,7 millones de euros. Unos pronósticos que venien después de ganar 3,6 millones en 2022, un 48% menos que el año anterior, por la inflación y el alza de tipos de interés, que provocaron un incremento de los costes de la construcción y de la financiación. Finalmente, este año, "se conseguirá el mejor resultado posible, en positivo, dentro de la complejidad financiera y de costes" y ya se han tomado medidas para conseguirlo como la disminución de la deuda, en parte gracias a la amortización de un bono corporativo de 17 millones de euros en la participada Vivenio, y desinversiones en activos en patrimonio que tenían ya poco recorrido. A la vez, se ha seguido apostado por las nuevas áreas de actividad, como el negocio en residencias para las personas mayores y el sector sociosanitario, y en el negocio de trasteros. "En un mercado tan adverso seguimos trabajando para mejorar los resultados y tendremos, sin duda, un reconocimiento del mercado de capitales," argumenta el consejero delegado de la empresa cotizada, con una capitalización de poco más de 30 millones de euros. En línea con el sector inmobiliario global, la compañía "padece el frenazo del mercado y el retraso en las decisiones de inversión" pero, como ya anunció en la junta de accionistas, deja en suspenso la retribución a los accionistas, entre los cuales figura el presidente del grupo Luís Hernández de Cabanyes, con un 20% del capital, aproximadamente.
Los datos del primer semestre de 2023 -las últimas disponibles- reflejaron que la deuda financiera neta ha disminuido un 34%, hasta 28,9 millones de euros como consecuencia, principalmente, de la amortización neta por importe de 13,9 millones de euros. El patrimonio neto ha cerrado el semestre en 71,8 millones de euros, 5,3 millones de euros inferior a la cifra de cierre del ejercicio 2022 a causa, fundamentalmente, de la generación del resultado del periodo y la imputación en fondos propios de la reducción de 2,5 millones de euros, resultado de la venta de las acciones de Vivenio de su efecto fiscal. El grupo empezará 2024 con unos derechos de compra en cartera de casi 100 millones de euros, cifra superior a los 75 millones que tenía por este mismo concepto ahora hace justo un año.
Renta Corporación está inmersa en un proceso de diversificación que fue el camino que tomó después de la crisis del mercado inmobiliario del 2010 y que prevé intensificar en los próximos cinco años. De manera tal que actualmente, además del negocio tradicional de compra, rehabilitación y venta de edificios ubicados en localizaciones prime de grandes ciudades, potencia desde 2017 la gestión de vivienda en régimen de alquiler a través de Vivenio -una socimi controlada por el fondo australiano Aware y el holandés APG y gestionada por Renta Corporación-; Wellder, empresa destinada a compra y gestión de residencias para las personas mayores -que también operan APG y Renta y ceden la gestión a terceros-; y Cabe, una línea de negocio en inversión y desarrollo de una red de trasteros, por toda España, un proyecto independiente que Renta Corporación hace crecer con recursos propios y, de momento, en solitario. "La voluntad para la expansión de Cabe incluye dar entrada a un socio financiero, porque es un proyecto muy escalable y tiene potencialidad, al tratarse de un modelo de negocio basando en los espacios urbanos, en las grandes ciudades, de una dimensión media de entre 400 y 1.000 metros cuadrados, con lo que estamos creando valor", asegura Vila. La inversión en Cabe suma 15 millones de euros, de los 60 millones previstos para el periodo 2023-2025, en 21 ubicaciones de centros urbanos de Barcelona y Madrid básicamente, además de Zaragoza y Palma de Mallorca. "Creemos que por los cambios culturales generacionales y las nuevas dinámicas de las grandes ciudades será una actividad que nos aportará mucho porque el flexliving irá en aumento", defiende Vila.
Por su parte, en la socimi destinada al sector sociosanitarios con residencias para personas mayores Wellder, los socios capitalistas Renta y APG, han hecho una aportación de 125 millones de euros y ya han invertido 50 a lo largo de 2023, su primer año operativo. Esta inversión se ha destinado a la compra de seis centros residenciales, con un total de 924 plazas de alojamiento para las personas mayores que tienen un estado de salud dependiendo y necesitan servicios de atención permanentes. Para la compañía Wellder, donde Renta controla un 3% del capital, el volumen de inversiones se calcula en unos 250 millones de euros, "en función de las oportunidades que surjan"; de momento ya se han hecho seis adquisiciones. En estos centros se hacen actuaciones "de mejora de servicios y adecuación de las instalaciones con criterios de sostenibilidad".
En el caso de Vivenio, la participación del 3% que controlaba Renta se ha diluido con la amortización del bono corporativo, pero "seguimos en el día a día de la gestión, con todos los procesos incorporados internamente a los servicios administrativos del grupo -que operan por ejemplo los recibos de alquiler de unas 6.000 viviendas- Ya desde su creación en 2017, esta empresa acumula unas inversiones cercanas a los 1.400 millones de euros entre Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Palma de Mallorca". Son ciudades en las cuales Renta sigue apostando "porque son mercados de alquiler con recorrido", indica el consejero delegado. Vila insiste en que "el acceso a la vivienda es un problema que todo el mundo tiene identificado" y advierte que "la única manera de resolverlo es incrementando la oferta, pero no tomando decisiones políticas que lo único que hacen es poner parches; hace falta una política de la vivienda estable y la voluntad política de implementarla". En su opinión, "poniendo limitaciones al precio de los alquileres, o a la construcción con medidas como el 30% para VPO... no se resuelve el problema". Vila niega que el acceso al suelo sea un impedimento: "No es cierto que haya falta de suelo para edificar", sentencia.