El Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona inicia este lunes el juicio para determinar quién debe quedarse con el control accionarial del grupo siderúrgico Celsa. A ambos lados de la sala se sentarán los representantes de la familia Rubiralta, fundadora y propietaria de la compañía, y los fondos acreedores de una deuda que asciende a 2.800 millones de euros. La clave para dirimir esta cuestión radica en la valoración que se atribuya a Celsa, basándose en los correspondientes informes presentados por ambas partes y que difieren considerablemente. Mientras que, para los Rubiralta, Celsa vale 6.000 millones de euros, para los fondos que encabezan Deustche Bank, SVP y Cross Ocean, el valor se reduce a 2.400 millones, una cifra inferior a la deuda existente y, por lo tanto, reclaman capitalizar 1.352 millones por el 100% de la compañía y dejar fuera a sus propietarios que, además, deberían hacer frente al pago de los 1.605 millones restantes.
Así las cosas, los Rubiralta llegan a los tribunales con un respaldo importante de los sindicatos UGT, CCOO y USOC, que siempre han defendido la viabilidad del grupo en Catalunya y España -tiene seis centros de producción- porque tiene un plan industrial de futuro que suscriben. Los sindicatos han mostrado reiteradamente su desacuerdo con la entrada de los fondos de inversión en el capital de la compañía y el año pasado protagonizaron varias manifestaciones para exigir un acuerdo entre las partes para asegurar la viabilidad de la empresa familiar.
Tanto o más importante, Celsa también cuenta con el apoyo del Govern catalán, alineado con los sindicatos y con el gobierno vasco, puesto que el grupo catalán tiene un peso destacado en el tejido industrial de Cantabria y Euskadi. En un comunicado difundido el pasado viernes, la Generalitat manifestó su implicación en defender Celsa "ante cualquier amenaza que quiera imponer criterios extractores del valor industrial y en detrimento de toda la cadena de valor, proveedores y de sus trabajadores". Una posición que se evidenció hace un par de meses con la visita del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la planta que el grupo tiene en Castellbisbal y en la que está llevando a cabo significativas inversiones tecnológicas.
El Govern destaca que Celsa es hoy una de las primeras compañías en aportación al PIB industrial de Catalunya y de España, un generador de empleo de calidad y líder en el desarrollo de tecnologías y sistemas de producción que aseguran la autonomía industrial en un sector fundamental como es la producción de acero. Además, "ha desarrollado un modelo de producción circular y bajas emisiones plenamente coincidentes con las demandas europeas de generar una industria sostenible y descarbonizada", lo que "le ha permitido demostrar su viabilidad, una vez sobrepasado el entorno negativo generado por la Covid-19, cerrando el año 2021 y 2022 con unos niveles de facturación récord en la historia de la compañía".
En su defensa, la administración catalana sacó a colación el rescate financiero para empresas estratégicas que la Sepi concedió a Celsa: 550 millones de euros, en una ayuda pública aprobada en junio de 2022, pero no concedida, puesto que está condicionada a que haya un acuerdo entre la propiedad y los fondos. De nuevo, el principal escollo. Para salir del atolladero, la refinanciación de la deuda es básica. Los Rubiralta, o la consiguen u optan a ceder parte del capital -sin perder la mayoría, podrían quedarse con un 51%-, o buscan un socio industrial -algo que también tienen sobre la mesa los fondos- o deciden desinvertir para ganar liquidez.
Los propietarios de Celsa, con el consejero delegado, Francesc Rubiralta, insisten en qué los informes financieros de los fondos han omitido que la compañía pasó por una situación compleja y extrema entre 2020 -cuando la crisis de la pandemia redujo el negocio al 50%- y 2022. Y menosprecian que en el pasado año el grupo registró récords de facturación y rentabilidad, muy superiores a los de 2021, y cuando los precios energéticos se han abaratado respecto al pasado año, reduciendo así los costes. En concreto, en 2022, facturó 6.084 millones de euros, un 15% más respecto a los 5.283 millones realizados en 2021, mientras que el ebitda de la compañía se situó en los 867 millones, subió en un 29,4% frente a los 670 millones obtenidos en el año anterior. En esta nueva ola de recuperación, la compañía está inmersa en un plan de inversiones que también pasa por su filial francesa. Construirá una planta de laminación junto a su acería de Bayona, en el sur de Francia, que permitirá reducir los costes de transporte y dinamizar su actividad. El proyecto costará 60 millones de euros.
La deuda de Celsa
No obstante, la deuda sigue sin saldarse. Con diversos instrumentos financieros, el montante se eleva a unos 2.800 millones. En manos de los fondos - en manos del grupo de fondos Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP, Cross Ocean, Sculptor, Goldentree, Attestor y Anchorage- unos 2.300 millones- con un crédito convertible de 1.500 millones que caduca en octubre de 2023 -la judicialización del proceso evitaría que se ejecute- y un préstamo jumbo -préstamo hipotecario- de 750 millones que la empresa ha impagado desde el estallido de la pandemia -por el momento la justicia le dio la razón- y que cuenta con otro vencimiento para este mismo mes. Además de líneas de crédito para circulante por otros 525 millones.
Celsa ha llegado a esta situación después de emprender un plan de expansión internacional. Entre 2003 y 2014, el grupo hizo adquisiciones en Reino Unido, Irlanda, Polonia, Francia, Finlandia y Noruega. En 2017, la crisis financiera la obligó a un plan de refinanciación con la banca española, pero las entidades ante la necesidad de provisionar sus activos financieros problemáticos a instancias del Banco Central Europeo (BCE) decidieron posteriormente deshacerse de los pasivos vinculados a Celsa. Vendieron a los fondos internacionales, a pesar de tener que aplicar un 80% de descuento. Una operación que ahora rentaría con mucha revalorización a los fondos tenedores de la deuda.