Sabadell, Bankinter, y Cajasur (Kutxabank) ya han recibido respuesta de la Audiencia Nacional: tendrán que pagar lo que les queda del impuesto este mes de septiembre (si solo pagaron una parte en febrero) y muy probablemente les tocará pagar el de 2023 en febrero del año que viene si no hay una resolución final sobre el mismo. Estas tres entidades presentaron un recurso (cada una por separado) impugnando la orden publicada por el Ministerio de Hacienda por la que se aprobaba el polémico impuesto a la banca, que grava el 4,8% de los ingresos y comisiones de las entidades. Pero a diferencia de las patronales e incluso de otras entidades, pidieron medidas cautelares.
En concreto, no tener que efectuar un nuevo pago de este impuesto (la primera parte se abonó en febrero y la segunda se paga este mes de septiembre) hasta que se estudie el fondo del asunto y se decida sobre la legalidad del tributo (la banca entiende que no lo es). Pero este mismo lunes y según adelanta El Economista, el juzgado central lo ha rechazado. Y además, también ha declinado elevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), otra petición de las entidades.
Entre las entidades parece que no ha habido sorpresa y tampoco se ha registrado una mala reacción en Bolsa, de hecho, tanto Bankinter (+0,76%) como Sabadell (+1,2%) han cerrado al alza. Y es que el rechazo a las cautelares, es decir, de que se suspenda el pago del impuesto de manera provisional, no significa que el recurso ya no sea válido, explican fuentes financieras, todavía se debe esperar a la resolución definitiva.
María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, fue la primera en anunciar que había recurrido este tributo. Lo hizo en la presentación de resultados correspondiente a 2022, en febrero, cuando reveló que ya habían abonado el 50% de lo que le corresponde (unos 50 millones) y que justo al día siguiente "lo habían recurrido". El CEO de Sabadell, César González-Bueno, también confirmó en la presentación de resultados de febrero que lo había recurrido, aunque en su caso ya han pagado la totalidad del impuesto que les corresponde este año, más de 150 millones de euros.
La negativa de la AN, a priori, no afecta a los recursos contencioso-administrativos presentados por la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) ante la Audiencia Nacional, que también han impugnado la orden ministerial. Pues las patronales bancarias, que se basaron en el informe del Banco Central Europeo (BCE) de finales de 2022 (donde se cuestionaba su utilidad) no pidieron medidas cautelares.
Tanto AEB -que representa a Santander y BBVA (entre otras)- como CECA, que representa a CaixaBank o Unicaja, dijeron que hacerlo supondría paralizar las liquidaciones, una situación a la que no querían llegar, ya que redundaría en la idea de que los bancos no quieren pagar el impuesto, algo que aseguran, no es cierto. Sin embargo, la decisión de la AN de no elevarlo a Europa, sí supone un primer varapalo para la asociación que preside Alejandra Kindelán, que se ha mostrado muy crítica con este impuesto.
Hay que recordar que Kindelán ha insistido en distintas ocasiones en que no hay un sector bancario en Europa que pague más impuestos que el español y en que no es una medida "que resuelva el problema de la inflación", sino todo lo contrario. A su juicio, "no ayuda a mejorar ni el crecimiento económico ni el empleo".
Con independencia del recurso a la orden ministerial presentado por las patronales, el resto de bancos también impugnaron (a título individual) la autoliquidación después de realizar el primer pago del impuesto en febrero. CaixaBank, la entidad más afectada por el tributo (pagará un total de 400 millones este año), al igual que Santander (que abonará otros 230 millones) y BBVA (que le tocará desembolsar otros 225 millones) lo anunciaron más adelante. Pero estas entidades aún no han recibido respuesta.