El Sindicato de Trabajadores (STR), que ostenta la representación mayoritaria entre los trabajadores del grupo Cepsa, ha expresado su “profunda preocupación” ante la posible “paralización o traslado de inversiones” de la empresa en Andalucía ante el gravamen a las grandes energéticas. Así lo ha indicado en un comunicado tras conocer las “actuales noticias” que se han generado en torno a los proyectos vinculados al proyecto del Valle del Hidrógeno Verde en las provincias de Huelva y Cádiz. El sindicato recuerda, además, que “este escenario ha sido advertido” por STR, que lamenta que “ahora se hace realidad en el grupo Cepsa”.
“La inversión en la industria petroquímica nacional es fundamental y vertebradora de la de muchas regiones del país, así como de miles de familias que ven con preocupación y asombro cómo la estabilidad de sus puestos de trabajo, directos e indirectos, que genera el sector pueda estar en peligro por decisiones políticas y/o fiscales que van en contra de la estabilidad de la industria, amenazando con trasladar inversiones y puestos de trabajo a otros países”, señala el comunicado. STR avisa que seguirá “muy de cerca la evolución de estos acontecimientos” y exige “un diálogo de los de arriba para que tengan en cuenta a los de abajo”, así como para que "atajen la realidad de la situación laboral y económica nacional, revirtiendo decisiones tomadas a la ligera". Esas decisiones, sostiene el sindicato, “afectarán a miles de familias en todo el territorio nacional”. Por ello, insiste en la necesidad de una reflexión para "evitar una senda destructiva de empleo estable y de calidad".
Paralización de proyectos
En concreto, este viernes Cepsa anunció que se sumaba a Repsol y que acordaba congelar una inversión por valor de 3.000 millones de euros ligada a la energía verde en España, hasta que el gobierno español aclaré qué va a pasar con el gravamen a las empresas energéticas que pretende convertir en un impuesto y hacerlo permanente. "Cepsa está valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente. Si esto se materializa, provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendríamos que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, teníamos planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico Positive Motion. Nuestra transformación en marcha es irreversible para lograr que más de la mitad de nuestro beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030”, señalaron fuentes de Cepsa.
Repsol ha encabezado una fuerte protesta contra el gravamen a las empresas energéticas que el Gobierno español implantó hace dos años con carácter temporal y que pretendía obtener algo más de 5.000 millones de las empresas energéticas -petroleras, eléctricas, gasistas-. Una protesta que se secunda no solo desde otras empresas energéticas, sino también de la banca. El Ejecutivo de Sánchez pretende convertir ambos gravámenes en impuestos y, por tanto, hacer permanente, con una fuerte presión por parte de Sumar, socio de Gobierno de coalición.