El Sindicato de Trabajadores (STR), mayoritario en algunas de las grandes multinacionales establecidas en la petroquímica de Tarragona, mantiene la batalla para impedir que el Gobierno convierta en permanente el impuesto a las energéticas. En su lucha, el sindicato tiene previsto reunirse con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario español y catalán. El STR hace un llamamiento a los representantes políticos a defender el empleo y la estabilidad económica del país. Eso después de que la semana pasada pidieras, por carta, la complicidad del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una misiva en la cual le pedían que intervenga delante del Gobierno para que reconsidere la voluntad de hacer permanente el impuesto a las energéticas.
Este martes ha sido el turno del diputado de Junts en el Congreso, Josep Mari Cruset Domènech, con quien han mantenido una reunión. "Confiamos en que Junts utilice su influencia en el Congreso para evitar que este impuesto, concebido inicialmente como una medida temporal, se convierta en una carga permanente que castigue la competitividad y contradiga las directrices europeas", ha asegurado Jordi Margalef, Secretario de Comunicación del STR. La organización de los trabajadores de grandes empresas como Cepsa o Repsol, ha indicado al representante de Junts que "detrás de cada cifra hay personas con familias y proyectos de vida que no podemos permitirnos sacrificar en nombre de una política fiscal errónea y a corto plazo".
Puestos de trabajo y menos ingresos fiscales
En la misma han abordado, según un comunicado del sindicato, la amenaza grave que supone para el empleo en el sector petroquímico la propuesta de un impuestazo permanente en las empresas energéticas. Esta medida, según alerta el STR, podría provocar la desinversión de Repsol, poniendo en riesgo proyectos estratégicos como el de Tarragona, valorados en 1.100 millones de euros (un electrolizador de gran capacidad y una ecoplanta para producir biocombustibles).
Eso supondría un impacto que va más allá de las cifras, ya que las consecuencias de esta decisión trascenderían el ámbito empresarial, afectando directamente miles de trabajadores, desde operarios hasta personal técnico y administrativo, poniendo en peligro la estabilidad económica de comunidades enteras que dependen de este sector. La pérdida de ingresos fiscales para las administraciones locales y autonómicas comprometería la prestación de servicios públicos esenciales.