Los sindicatos UGT, CC. OO. y USOC han constatado la amenaza de "un expolio programado" por los fondos propietarios del grupo siderúrgico Celsa que, a su entender, amagan el troceo de los activos industriales de la compañía para empezar a rentabilizar su inversión. Los representantes sindicales denuncian que el encargo de una auditoria o valoración de las filiales extranjeras a la consultora Citi es el primer paso para ponerlas en venta. Un extremo que los fondos desmienten, asegurando que "la decisión responde a la voluntad que tiene la compañía de profundizar en el conocimiento y alternativas que ofrecen sus divisiones internacionales". "Se trata de un ejercicio de exploración y en ningún caso se ha tomado ninguna decisión concreta", manifiestan fuentes cercanas a la empresa. Mientras, los sindicatos temen que la venta de las filiales de Polonia, Noruega y Reino Unido es el objetivo de la dirección y alertan que estos negocios aportan el 50% del resultado operativo de la compañía, cuyo valor fue de 867 millones de euros en 2022 -con un incremento del 29% con relación a 2021-, según los últimos datos disponibles que en su día difundió la antigua propiedad del grupo, la familia Rubiralta, que abandonó la compañía acatando una sentencia judicial.

La nueva dirección, liderada por el consejero delegado Jordi Cazorla, que ha mantenido reuniones con los representantes de UGT y CC. OO. después de asumir el cargo el pasado mes de enero, únicamente ha admitido que sigue auditando los activos del grupo en España y el extranjero, y que no dispone aún de un plan industrial. Pero para los sindicatos, detrás de sus intereses está "recuperar la inversión" y, con la venta de las filiales, "no solo la recuperarían, sino que la multiplicaran por dos o por tres", denuncian y advierten que "con un claro retroceso en la capacidad de generación de rentabilidad y sostenibilidad en Celsa". Ello conduciría "a la desaparición total del grupo", puesto que tras la venta, la industria que quedaría en España, en la que trabajan unas 4.000 personas, también sería objeto de desinversión al tener un tamaño más ajustado para encontrar comprador.

Según datos de los sindicatos, la dirección sabe que las filiales extranjeras cuentan con un importante potencial de crecimiento, especialmente Polonia y Noruega. En el primer caso, el negocio polonés es actualmente uno de los más rentables para la siderúrgica y aporta un tercio del resultado operativo, en un mercado que fuertes expectativas de crecimiento, tanto a nivel interno por tratarse de un país en desarrollo -con una alta demanda del sector de la construcción- y a nivel exterior por su cercanía a Ucrania, un país que deberá reconstruirse. Respecto a Noruega, cabe decir que se trata de un mercado cerrado en el que Celsa tiene una destacada cuota de mercado, de manera que "no solo vende todo lo que produce, sino que incluso necesita importar para satisfacer la demanda que tiene", aseguran fuentes sindicales a ON ECONOMIA. Esto se debe a las estrictas medidas de salvaguarda que los países nórdicos aplican sobre determinados productos de acero. 

UGT y CC. OO. manifiestan que "este tipo de operaciones van claramente en contra de los intereses de las personas trabajadoras, provocando un alto grado de incertidumbre en el futuro industrial y laboral de todas las plantas del grupo en España" y que solicitaran reuniones con el Ministerio de Industria para comunicar el incumplimiento de los compromisos suscritos para la entrada de los fondos en el capital de Celsa, donde claramente se comprometían a mantener la integridad del grupo y a dar entrada a un socio industrial español. Ambas organizaciones solicitamos que "el Ministerio y el Gobierno prohíban claramente las desinversiones programadas y contemplen la rápida entrada del socio industrial siderúrgico español, el cual participe en el diseño del plan industrial del grupo".