Vodafone ampliará a partir del miércoles sus tarifas sociales para colectivos vulnerables en España. La operadora británica anuncia la renovación de estas tarifas, tras acometer subidas de precios en otros servicios que presta a sus clientes en línea con la estrategia llevada a cabo por otras firmas como Orange y Movistar. De este modo, Vodafone incrementa sus tarifas sociales como parte de una estrategia cada vez más frecuente entre las telecos, que ya llevan aplicando este tipo de medidas en los últimos años.
La compañía británica ha anunciado las nuevas condiciones para sus tarifas sociales en un momento de subidas de precios en el mercado para repercutir el incremento de precios derivados de la inflación. De este modo, la operadora ofrecerá más datos y ampliará su oferta también a determinados pensionistas. A partir del miércoles, aquellos pensionistas que perciban unos ingresos y rentas menores de 9.727,54 euros al año podrán acceder a sus tarifas para colectivos vulnerables. Se incluyen así a esta lista en la que también figuran los menores de 30 años en búsqueda activa de empleo y las familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Su oferta en este segmento se compone de dos opciones, una de solo móvil y otra convergente. En este sentido, cuenta con 'Vodafone Conectados móvil', que incluye 30 GB y llamadas nacionales ilimitadas por 10 euros al mes o 'Vodafone Conectados convergente', que incluye 30 GB, llamadas nacionales ilimitadas en el móvil y un router 4G para navegar de forma ilimitada por 25 euros al mes. Eso sí, para poder renovar los beneficios incluidos en ambas tarifas será necesario presentar los certificados solicitados por la compañía cada 12 meses.
Si bien la Vodafone ha anunciado que amplía su oferta, la realidad es que la teleco ya comenzó a aplicar este tipo de tarifas sociales en abril de 2021. El objetivo, según la compañía, fue el de para facilitar la conectividad móvil y doméstica de los colectivos sociales más afectados por la pandemia. Una estrategia que también han tomado otras grandes compañías del sector en España a raíz de los efectos del Covid-19.
Una medida cada vez más frecuente entre las operadoras
Orange fue la primera en implementar su tarifa social en septiembre de 2020. Con el objetivo de reducir la brecha digital entre los colectivos más vulnerables, la compañía francesa implementó esta oferta para aquellos clientes que reciban la Renta Mínima de Inserción o el Ingreso Mínimo Vital. Para poder beneficiarse, los usuarios deben presentar un justificante que acredite que son beneficiarios del ingreso mínimo vital o de la Renta Mínima de Inserción, así como un certificado de empadronamiento del beneficiario.
La tarifa tiene un coste de 14,95 euros al mes, y actualmente da acceso durante 12 meses (renovables) a 500 MB de fibra simétrica con router incluido sin alquiler, línea fija con llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales, línea móvil con llamadas ilimitadas y un bono de 3 GB de datos. Además, esta tarifa no tiene ningún tipo de compromiso de permanencia.
También MásMóvil, ahora en proceso de fusión con Orange, se sumó a las tarifas especiales para población con problemas económicos. En 2021, sacó en colaboración con la Asociación Innicia la oferta 'MÁSsolidaria' para luchar contra la brecha digital y social que consistía en un paquete de fibra de 100 MB/ADSL más fijo por 15 euros, al que se le pueden añadir diferentes opciones.
Así, el cliente puede incluir en la tarifa una línea móvil con llamadas ilimitadas a fijo y móviles nacionales y 1 GB por 3 euros más al mes, una línea móvil con llamadas ilimitadas a fijo y móviles nacionales y 8 GB por 8,9 euros más al mes o una línea móvil con llamadas ilimitadas a fijo y móviles nacionales y 20 GB por 13,9 euros más al mes. Para optar a dicha tarifa, el cliente debe solicitarlo a una de las asociaciones sociales con las que trabaja Innicia, que son las que certifican que una persona tiene derecho a ese descuento.
Otra de las marcas que cuenta con facilidades para determinados grupos de población es Movistar (Telefónica). Aunque no se trata de una tarifa impulsada a raíz de la pandemia, la compañía cuenta desde hace tiempo con un 'Abono Social' para jubilados y pensionistas. La oferta consiste en una reducción del 70% de la cuota de alta de la línea telefónica fija individual y del 95% de la cuota mensual. Si bien es cierto que para acceder a este descuento el cliente no puede tener contratado otro producto que ya incluya la cuota de línea individual.
Del mismo modo, aquellos usuarios que quieran beneficiarse de la oferta deberán ser jubilados o pensionista, o percibir una pensión privada reconocida por resolución judicial. Asimismo, la suma de ingresos y rentas de la unidad familiar no puede superar los 10.080 euros (es decir, el equivalente al 120% del IPREM) y el domicilio de instalación del teléfono debe coincidir con el domicilio de empadronamiento del titular, que no podrá tener otra línea con esta clasificación.
Bono social del Gobierno
Más allá de las tarifas para jubilados y otros colectivos mencionados que establecen las principales operadoras del país, desde el Gobierno también han impulsado una medida en este aspecto. Se trata del UNICO-Bono Social de conectividad digital, que puso en marcha en 2020 a través de un programa de ayudas. La intención es que se concedan por lo menos 125.000 bonos a colectivos vulnerables para que puedan adquirir un paquete de conexión de banda ancha más asequible antes el 31 de diciembre de 2023.
La partida destinada a esta medida es de 30 millones de euros y el objetivo es subvencionar la contratación o la mejora de la conexión a Internet con velocidad mínima de 30 MB de bajada. El programa tiene en cuenta a personas o familias identificadas como vulnerables económicamente y está limitado a un solo bono por unidad familiar y persona, que será de máximo 240 euros al año a repartir en 12 mensualidades.
Para acceder a ello, las personas físicas o unidades familiares vulnerables tienen que haber sido calificadas como vulnerables por la Comunidad Autónoma donde residan, siendo cada una la que establece los requisitos para ser considerado como tal. La solicitud se realiza de forma presencial o a través de un formulario online y podrá elegir, dependiendo del territorio, a las compañías Lowi, Euskaltel, O2 o MásMóvil.