Sumar ha pedido al Gobierno que impida a BlackRock hacerse con una participación importante de Naturgy. La gestora de activos estadounidense, la más grande del mundo, compró recientemente GIP (Global Infrastructure Partners), dueña de algo más del 20% de Naturgy, de manera que BlackRock pasará a convertirse también en uno de los mayores accionistas de la empresa que preside Francisco Reynés.
El portavoz de economía de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha pedido al Ejecutivo que impida esta operación, porque cree que el "creciente poder" del gigante inversor en el accionariado de las grandes empresas del país amenaza su autonomía. "El Gobierno debe impedir la toma de control del 20% de Naturgy por BlackRock", ha aseverado Martín en un mensaje publicado en la red social X (antigua Twitter).
No obstante, puede que BlackRock tenga que solicitar autorización gubernamental para completar la operación, puesto que GIP ostenta más del 10% de Naturgy, límite que recoge la ley antiopas. En este sentido, a quien se analiza y determina control es al inversor último, por lo que, si bien GIP ya está presente en la energética, un cambio de dueño vuelve a suponer el permiso del Gobierno de España.
"Su creciente poder amenaza nuestra autonomía"
Cabe destacar que también es primer accionista de empresas españolas cotizadas como Fluidra o BBVA. Asimismo, cuenta con participaciones en otras empresas del IBEX 35 y de sectores estratégicos como Iberdrola, donde controla el 5,25% del capital, el 5,306% en Repsol, el 5,08% en Banco Santander o el 5,048% en la constructora ACS, tal y como figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A este respecto, el diputado por Madrid de la formación que lidera Yolanda Díaz la ha explicado que el fondo de inversión tiene "dimensiones colosales y participaciones significativas" en 19 empresas importantes del país. "Su creciente poder amenaza nuestra autonomía", ha concluido.
El pasado viernes BlackRock anunció la compra de GIP por 11.413 millones de euros. La operación consistiría en un pago en efectivo de 3.000 millones de dólares (2.739 millones de euros) y de, aproximadamente, 12 millones de acciones de BlackRock, con un valor al cierre del mercado del pasado jueves de unos 9.500 millones de dólares (8.674 millones de euros).
A la petición de Sumar, también se ha sumado la denuncia de Podemos a la operación del fondo de inversión sobre una empresa estratégica de España. La que fuera ministra de Igualdad, Irene Montero, ha publicado en X que la energía "es un derecho, no un negocio" y ha defendido la creación de una empresa pública energética.
"Si los buitres quieren tomar el control y ponen en riesgo la democracia, España debe profundizar la intervención en este sector estratégico y crear una energética pública", ha asegurado Montero en la red social. "A los buitres se les mira cara a cara", ha concluido el mensaje.