La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha convocado una movilización nacional en Madrid para el próximo 29 de enero con el objetivo de reclamar a las aseguradoras y administraciones una solución que permita a los profesionales del taxi acceder a pólizas "asequibles y justas". La organización lamenta en un comunicado que el incremento de los precios de las pólizas de los seguros representa "una amenaza real" y considera que las "prácticas abusivas" de las aseguradoras provocan que algunas pólizas lleguen a alcanzar los 7.000 euros al año.
La movilización estaba inicialmente programada para noviembre, pero el sector decidió aplazarla como señal de respecto ante la tragedia provocada por la DANA en Valencia y otras partes de España. La fecha definitiva será el miércoles 29 de enero, de 11.00 a 14.00 horas, en la capital.
Con esta marcha, que partirá desde el Ministerio de Transportes y finalizará en el Ministerio de Economía, a lo largo de la Castellana, el sector también solicitará una mayor implicación por parte de las administraciones públicas para garantizar la estabilidad de la actividad y la protección del profesional del taxi.
Antaxi lamenta que las diversas normativas imponen a los titulares de licencias contratar pólizas con más garantías hacia los usuarios que un vehículo normal, por lo que reclama que se ofrezcan productos más completos a través del Consorcio de Compensación de Seguros para aquellos profesionales que, en la actualidad, no encuentran otra posibilidad de asegurar sus vehículos auto taxi.
"El taxi rural está al límite de no poder prestar servicio por la imposibilidad de constatar un seguro y los taxis adaptados o eurotaxis para las personas con movilidad reducida también están en riesgo por el incremento de los precios y, en algunos casos, por la negativa de las aseguradas de asegurar estos vehículos", argumenta en presidente de Antaxi, Julio Sanz, a Europa Press.
La organización también apunta a las dificultades del sector para cumplir con las exigencias medioambientales europeas y de sus respectivos ayuntamientos, debido a la negativa de las aseguradoras a la hora de asegurar vehículos cero emisiones o Eco, así como la imposibilidad de contratar seguros a todo riesgo o más completos.