El pleno del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha dado este lunes un paso más para facilitar el controvertido aterrizaje de la industria química en el municipio con una inversión de la compañía surcoreana Lotte Energy. El PSC, ERC, Vox y la plataforma de independientes Impulso Miami Mont-roig (IMM) han aprobado inicialmente los cambios urbanísticos y el pliego de condiciones para la venta de los terrenos del polígono Comellarets, donde está previsto que se desarrolle el complejo industrial. Junts ha sido el único grupo que ha votado en contra del proyecto.

La aprobación se ha hecho en un ambiente de tensión por la aparición de vecinos contrarios al proyecto, que han protestado tanto dentro como fuera del pleno. El principal movimiento en contra, Salvem Mont-roig del Camp, se ha aliado con la plataforma No Juguem, Aturem Hard Rock y también la nueva Revolta Pagesa. Los detractores del proyecto de la surcoreana temen por el impacto que esta empresa podría tener en el municipio, sobre todo con respecto a las afectaciones en los recursos hídricos. Aunque el anuncio de la inversión el año 2022 generó ciertas expectativas positivas, varias informaciones sobre el impacto que tendría la llegada de la industria han hecho crecer el movimiento contrario.

 

 

Junts, en contra, y ERC, a favor

La llegada de Lotte a Mont-roig del Camp cuenta con el aval tanto del Gobierno como del Govern. A nivel político, la oposición al proyecto la encabeza Junts, que justifica su posición por "la gestión profundamente errática" del proyecto, explica en declaraciones en On Economía el jefe del grupo municipal de Junts, Simó Gras, que considera que un proyecto "de este calibre" requeriría que los concejales tuvieran mucha más información de la que actualmente disponen sobre aspectos como es la generación de residuos. Para Junts, la gestión por parte del gobierno local ha pecado de poco transparente. Además, también critica "la celeridad", cuando todavía se podrían solicitar informes que clarificaran muchos de los interrogantes que se están planteando.

Mientras Junts duda sobre la llegada de Lotte, el grupo municipal de ERC, que lidera la también diputada en el Parlament Irene Aragonès, defiende la inversión surcoreana. Según los republicanos, el proyecto supondrá "la reindustrialización [del municipio] en clave verde" y la actividad se enmarca dentro de la "descarbonización de la industria automovilística". Aragonès también ve en el proyecto la posibilidad de "diversificar" la economía del municipio, basada eminentemente en el turismo y la construcción, y también la capacidad "de atracción de nuevas empresas". La representante republicana afirma además tener "la garantía" que las administraciones velarán para que la empresa cumpla "una normativa muy estricta" desde el punto de vista ambiental y ha considerado que en el movimiento en contra del proyecto "se ha instalado un relato populista que genera temor en la población". Aparte, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los agricultores porque el municipio puede acoger más de un sector, ha añadido.

Inicio de actividad en el 2025

En declaraciones en On Economía en diciembre del 2023 el director de la nueva filial española de Lotte, Lim Taeil, explicó que la compañía surcoreana hace todo el posible "para resolver las preocupaciones y demandas de los vecinos minimizando el impacto medioambiental y visual del proyecto". Todo, un mes después de que la plataforma contraria al proyecto, Plataforma Defensem Mont-roig, hubiera presentado un conjunto de alegaciones que finalmente fueron todas rechazadas. Lotte Energy Materials tenía previsto empezar a construir su primera fábrica de producción de elecfoil a principios del 2024. El objetivo de la compañía surcoreana es iniciar la producción de este material para las baterías, especialmente las de coches eléctricos, en octubre del 2025.

El acuerdo con Lotte se cerró por más de 4,5 millones de euros. El consistorio, según explicó el alcalde socialista Fran Morancho, recibirá 5 millones de euros por tasas e impuestos derivados de la construcción de la fábrica y una aportación anual de unos 1,5 millones en concepto de IBI e IAE .