El empresario Trinitario Casanova ha informado por escrito de su contencioso judicial contra el BBVA por la operación Chamartín, el megaproyecto urbanístico conocido actualmente como Madrid Nuevo Norte, a los reguladores de las bolsas de Estados Unidos y España: la SEC y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estas comunicaciones se producen en plena opa del BBVA sobre el Banco Sabadell aunque, en sus escritos a los reguladores, no menciona para nada esta operación bancaria. Su objetivo sigue siendo el BBVA, contra el que mantiene un largo litigio judicial por los derechos sobre terrenos del proyecto Madrid Nuevo Norte.

En la comunicación que envió a la CNMV el pasado 4 de marzo, a la que ha tenido acceso ON ECONOMIA, Casanova indica que en las últimas cuentas consolidadas que les remitió el BBVA, el 14 de febrero, constaba la “revisión al alza, en más de 1.000 millones de euros”, del valor de sus acciones en Crea Madrid Nuevo Norte SA (CMNN), la promotora del proyecto de la que controlan una participación mayoritaria del 75,54%.

Sin embargo, Casanova recuerda a la CNMV que en la documentación que les remitió el BBVA en febrero no se menciona el contencioso por los derechos sobre los terrenos: “no se ha incluido ninguna provisión o contingencia, ni se ha dejado nota ni mención alguna, en relación con el procedimiento judicial”. Añade que, en el marco de este procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) adoptó el año pasado una “medida cautelar” en relación a los terrenos: la inscripción en el Registro de la Propiedad del recurso contencioso-administrativo, por lo que los posibles compradores de las parcelas serán conscientes de esta situación. En la comunicación a la SEC estadounidense, repitió estos argumentos.

A finales del año pasado, la promotora Crea Madrid Nuevo Norte –participada por BBVA (75,54%), Merlin Properties (14,46%) y Grupo San José (10%)– compró los terrenos a Adif por 1.245 millones de euros, en una operación que incluyó un pago inicial de 210 millones y el compromiso de liquidar el resto en un periodo de 20 años. Aquí se proyectan 10.500 viviendas, oficinas y equipamientos. Casanova considera que esta operación aumentó el valor de las acciones de la promotora y recuerda sus pleitos por los terrenos.

Estos terrenos han sido objeto de litigios durante tres décadas. En el origen, sus propietarios fueron expropiados por la administración pública porque en estas fincas se proyectó un gran complejo ferroviario aunque, posteriormente, pasaron a tener un uso residencial. Los anteriores propietarios acudieron a los tribunales para reclamar la reversión –si los terrenos no han tenido el uso público por el que fueron expropiados, reclamaron su devolución o indemnización–, pero una reforma legislativa en 1999 dificultó sus intenciones. La asociación “No Abuso” reunió a un millar de afectados, pero después de años de lucha, en 2018, Trinitario Casanova compró sus derechos sobre estos terrenos.

Por este motivo, Casanova firma los escritos enviados a la SEC y a la CNMV como representante de Baraka Capital, como se llama su grupo empresarial, y de la Asociación No Abuso, a la que adquirió los derechos sobre futuras reclamaciones sobre los terrenos. Casanova es un empresario murciano del sector de la construcción que, en 2017, se hizo conocido por la compra del Edificio España de Madrid al grupo chino Wanda y su inmediata venta al grupo hotelero Riu.

Antecedentes judiciales

En 2021, el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid desestimó su demanda contra BBVA mediante una resolución en la que se indicaba que el tribunal Supremo, en 2012, ya había desestimado el recurso de los afectados agrupados en la asociación No Abuso. Sin embargo, aún mantiene su guerra judicial contra el banco de Carlos Torres.

Fuentes próximas a Casanova indican que, en la actualidad, existe la mencionada cautelar del TSJM, instancia donde se sigue su reclamación por más de 1.000 millones de euros. Añaden que además de la SEC y de la CNMV, también han informado a EY, auditores del BBVA, para que incluyan esta “contingencia” judicial en las cuentas de 2024. Prevén que no habrá una resolución firme sobre el caso hasta dentro de tres años aproximadamente.