El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordena al Gobierno que ejecute el pago de poco más de 300 millones de euros a Acciona en concepto de indemnización por haber procedido a la anulación de la concesión de la gestión de Aguas Ter Llobregat (ATLL). Se da la circunstancia que, en 2019, Acciona vendió los derechos de la demanda al fondo norteamericano Fortress, por 170 millones de euros, por lo cual será este quien recibirá la compensación. La resolución emitida este jueves responde a los recursos de la adjudicataria Acciona en su litigio contra la Generalitat, que liquidó el contrato de manera unilateral y pagó una compensación de 53,8 millones de euros, en lugar de los casi 305 millones que le reclamaba Acciona por la recesión del contrato, más otros 733 millones por daños y perjuicios.
Con esta reclamación, Acciona quería recuperar los 1.000 millones en que se valoró la concesión para hacerse con Aigües Ter-Llobregat. De los 1.000 millones de euros totales, 400 millones se pagaron en el momento de la firma, y los 600 millones restantes se tenían que abonar durante los 50 años que englobaba la concesión. Además, la adjudicataria tuvo que asumir unas inversiones para la mejora de la red de suministro, que el mismo Gobierno había cifrado en 123 millones para ejecutarlos en los cinco primeros años de la concesión. La compañía ATLL gestiona el abastecimiento de agua potable en alta del sistema Ter-Llobregat además de 100 municipios y una población de los alrededores de 5 millones de habitantes. ATLL se encarga de la captación, potabilización y distribución del agua potable hasta los depósitos de cabecera municipales.
Según el alto tribunal, la adjudicataria tiene derecho a obtener 304 millones de euros por los conceptos de canon no amortizado (unos 263 millones), inversiones realizadas no amortizadas (32,2 millones) y costes de licitación y constitución (3,3 millones más). Desestima, no obstante, los más de 700 millones reclamantes por lucro cesante. De la misma manera, reconoce a la empresa el derecho a ser retribuida por la prestación de servicio que hizo entre enero y febrero de 2019 y, en tercer lugar, ordena que se le devuelva la garantía definitiva y resarcirla de los gastos de mantenimiento del aval desde que tuvo que producirse la devolución hasta su definitiva cancelación.
Un litigio judicial de más de ocho años
Con esta sentencia no se pone fin al conflicto judicial que ocasionó el proceso de privatización de la compañía pública Aguas del Ter-Llobregat ejecutada a finales de 2012, y considerada la más importante llevada a cabo por un Ejecutivo catalán, ya que se valoró en 1.000 millones de euros. La concesión se adjudicó a un consorcio liderado por Acciona y BTG Pascual. La decisión es recurrible en tribunales superiores, por lo cual la decisión final previsiblemente se prolongará en el tiempo.
La otra empresa que se presentó al concurso de privatización, Aguas de Barcelona, recurrió la decisión delante del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), un ente integrado en la Generalitat de Catalunya, para considerar que el proyecto de Acciona y sus socios no se ajustaba a la información que constaba en las plicas de la licitación. El OARCC estimó el recurso interpuesto y declaró que la oferta de Acciona era inadmisible.
Así, en el 2013 se inició un litigio judicial entre las tres partes -Agbar, Acciona y la misma Generalitat- y que se cerró en febrero del 2018, cuando el Tribunal Supremo ratificó que la adjudicación a Acciona se tenía que revertir. El Gobierno procedió a la rescisión de la concesión de facto el 31 de diciembre de 2018 -todo y que la dirección y el personal de Acciona siguió al frente de la compañía hasta febrero de 2019- y la compañía Aguas del Ter-Llobregat volvió en manos públicas, adscrita al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. La decisión del Gobierno se recogió en el decreto ley del 2018, se dispuso la asunción de la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua en poblaciones por medio de las instalaciones de la red de Ter-Llobregat de titularidad de la Generalitat con la creación de una nueva compañía: Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL).
De retorno a la propiedad pública, la compañía ATL ha asumido un plan de inversiones -durante el periodo 2019-2023- cifrado en 150 millones de euros mediante más de 160 actuaciones que tienen el objetivo de modernizar la red y las instalaciones de la compañía, incorporando las nuevas tecnologías para hacer una gestión más eficiente. Entre otras actuaciones constan las de modernizar las potabilizadoras del Llobregat (Abrera) y del Ter (Cardedeu) y ampliar la desalinizadora de la Tordera y la mejora de la conducción que abastece las comarcas del Penedès y el Garraf, desde la red Ter-Llobregat.