El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido este viernes a las administraciones que se impliquen a fondo en el futuro de la siderúrgica catalana Celsa, que por decisión de la justicia ha quedado en manos de inversores internacionales. El sindicato defiende que es urgente que el gobierno español adopte una decisión sin demora, porque "este no es un proceso que se pueda eternizar", ha argumentado. En este sentido, ha instado al ejecutivo español a "encontrar socios industriales con capital español" para asegurar el futuro de la siderúrgica antes propiedad de la familia Rubiralta. El escenario deseable por parte de UGT sería que un socio industrial español "entrase de manera mayoritaria" en Celsa o "con perspectiva de tener mayoría" más adelante, aunque Álvarez ha comentado que lo importante, más allá de la composición accionarial a corto plazo, es que haya "un consejo independiente". El sindicato quiere impedir que la empresa "caiga en manos de quienes solo invierten para especular o tener rendimientos".
En el caso del Govern catalán, para el sindicato es imprescindible que la Generalitat "entre" en el proceso de negociación sobre la toma de control del grupo Celsa por parte de los fondos de inversión. Álvarez opinó que la situación actual es "un poco absurda", ya que "todo está en interinidad y los responsables del trabajo diario de la empresa lo hacen con algunas limitaciones propias de la sentencia" que dio la propiedad de la compañía a los fondos acreedores, si bien todavía no disponen del control efectivo de la siderúrgica.
Para profundizar en este control y asegurar, entre otros muchos aspectos, el plan industrial que ha de garantizar la continuidad de los 10.000 puestos de trabajo del grupo en el mundo, de los cuales 2.000 en España, Pepe Álvarez ha pedido también que los representantes de los trabajadores, entre ellos UGT, que es el primer sindicato en el grupo, estén en el consejo de administración. Álvarez se refirió a la situación de Celsa tras mantener una reunión en Barcelona con la sección sindical de UGT en este grupo siderúrgico. "No es una cuestión únicamente entre los fondos, la sentencia y el Gobierno. Los trabajadores tienen que estar, y si no están los sindicatos no estarán los trabajadores de Celsa", ha defendido.
A principios de septiembre, una sentencia del juzgado mercantil 2 de Barcelona dio vía libre a un grupo de fondos extranjeros para sustituir a la familia Rubiralta como propietarios de la siderúrgica, pero ahora el gobierno central debe decidir si autoriza o no la toma de control por parte de los fondos en esta empresa estratégica y qué condiciones en caso de dar el visto bueno.
Este mismo viernes, el Parlament ha aprobado durante el Debate de Política General una propuesta de resolución de los comuns que defiende "la aplicación del veto al cambio de propiedad o la necesidad de imponer condiciones" para garantizar la integridad del Grupo y de los empleos. El pleno ha apelado al carácter estratégico de la compañía y ha tachado de muestra de irracionalidad que la decisión "la pueda tomar un solo juez y no haya posibilidad de recurso".