El sindicato UGT FICA se ha reunido este miércoles con el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Francisco Blanco, para tratar el futuro de Celsa y demandar que la institución pública asegure el mantenimiento del empleo, la actividad y las inversiones previstas en la compañía. La representación laboral apuesta por la entrada de un socio industrial del sector siderúrgico español como garante del mantenimiento de Celsa en los ámbitos español y europeo sin incurrir en la venta de sus centros de trabajo -distribuidos entre Cataluña, País Vasco, Cantabria y Asturias-, según señala en un comunicado que recoge la Agencia EFE.

Asimismo, han remarcado en el encuentro que el Gobierno debe encargarse de vigilar que la compañía que se encargue de la acerera cumple con el mantenimiento de la producción y los derechos de los trabajadores. UGT FICA considera necesario que Celsa desarrolle un plan industrial que incluya los diferentes programas de descarbonización para sus factorías y las inversiones estatales de 375 millones de euros ya comprometidas, que deberían "aumentar", bajo palabras del sindicato.

Celsa está actualmente en manos de un grupo de fondos extranjero después de que el juzgado mercantil número 2 de Barcelona diera vía libre a los acreedores para convertir su deuda en el 100% del capital de la empresa, al ser mayor la primera que el valor de la compañía. Así, las tres sociedades patrimoniales con las que la familia Rubiralta controlaba el grupo siderúrgico -Ania Recursos Inversores, Afintex Desarrollos Globales y Gestión Empresarial Bages- pudieron presentar el pasado 15 de octubre el concurso de acreedores con un pasivo de 540 millones de euros.

Dicha sentencia supuso arrebatar el control de Celsa a la familia Rubiralta, aunque el Gobierno debe pronunciarse aún sobre si autoriza o no esa operación y en qué condiciones, a la par que busca a un socio español que entre en el accionariado, petición coincidente con UGT FICA.