Unespa, la patronal de los seguros, rechaza la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que está creando el Gobierno y su presidenta saliente, Pilar González de Frutos, que se despedirá el próximo mes de mayo ha aprovechado la última presentación de resultados anuales del sector para criticarla. “Tiene elementos regulatorios que no nos gustan”, ha puntualizado. A su juicio, las aseguradoras necesitan antes un supervisor independiente.
Las críticas de la patronal de los seguros siguen a la de las aseguradoras y la banca, que también han rechazado con rotundidad esta nueva figura. La Autoridad verá la luz en solo unos días, pues está en tramitación parlamentaria y los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas hasta el 6 de febrero. El Gobierno aprobó el proyecto de ley que le da forma en noviembre, en el marco de las ayudas para hipotecados vulnerables.
Desde entonces las críticas se han intensificado. El objetivo del Gobierno es que la nueva Autoridad concentre todas las reclamaciones que habitualmente pasan por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General del Seguro y Fondos de Pensiones (DGSFP) en una sola figura para agilizar su gestión. Pero también para intentar que las propias compañías frenen la avalancha.
Sin embargo, la presidenta de Unespa ha advertido que las aseguradoras han respondido siempre a estas reclamaciones con “eficiencia” y la inmensa mayoría se responden en menos de 20 días. Al tiempo ha defendido que el sector seguros es poco litigioso, pues las estimaciones más pesimistas declaran que el número de reclamaciones generadas por el seguro son de unas 100.000 al año, cuando el número de siniestros que declara la dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es superior a los 150 millones, por lo que solo suponen un 0,06% del total.
“El sistema de gestión de reclamaciones del seguro funciona bien y una prueba de ello es que apenas un 10% de las reclamaciones totales estimadas termina en el servicio de la DGSFP y el 2,5% se resuelve a favor del cliente”, destacaba. De Frutos reconoce que el sector debe mejorar cosas, por ejemplo, el plazo medio en que la DGSFP contesta a las reclamaciones de quienes se las plantean. Pero precisamente por esto, creen que la medida más inteligente sería reforzar al supervisor.
La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, también ha mostrado públicamente el rechazo de la banca hacia esta nueva figura. “Somos el único país que está creando una autoridad para ello”, aseguraba. La banca española opta por el modelo “twin peaks”, donde los grandes supervisores, como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, resuelven las incidencias.
En el sector seguros, al no tener supervisor, creen que al menos deberían tenerlo. Así, durante la presentación de los resultados anuales de las aseguradoras, la presidenta de Unespa ha explicado los aspectos regulatorios de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que no gustan al sector. Principalmente, el sometimiento al entorno contencioso administrativo de los conflictos que puedan surgir. Pero también rechazan que las aseguradoras tengan que adoptar de manera obligatoria la decisión de esta Autoridad, lo que genera “una asimetría poco justificable”. Y además, la imposición de una tasa que asciende a 250 euros por caso y que, en muchas ocasiones, resulta superior al importe medio de la reclamación.
La presidenta de Unespa “no pierde la esperanza” de que 2023 sea, finalmente, el año en que las aseguradoras tengan un supervisor independiente. Pues a su juicio, en muchas ocasiones todo el problema que puede detectarse en el sector es consecuencia de que la Autoridad de Supervisión no está suficientemente dotada y no cuenta con los recursos adecuados.
Economía asegura que la DGSF está desbordada
El argumento de Pilar González de Frutos contrasta con el de Economía, ministerio al que pertenece la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y donde acaban todas las reclamaciones contra las aseguradoras que no han respondido las compañías.
Economía asegura que estas quejas están disparadas y como no contaban con personal suficiente para atenderlas, para facilitar y acortar la tramitación, lanzó una licitación pública hace unos meses para contratar una empresa que se encargara de darle apoyo durante al menos un año.
El ministerio que lidera Nadia Calviño explicaba en la memoria justificativa que las reclamaciones que plantean los ciudadanos se dispararon en más de un 17% en el año 2021 respecto 2020. De hecho, destacaban que número de expedientes iniciados que estaban pendientes de resolver eran más de 10.000. “El servicio de reclamaciones no dispone de la plantilla suficiente para atender adecuadamente el volumen de reclamaciones, por lo que se requiere de medios adicionales para garantizar una atención adecuada a los ciudadanos dentro de los plazos legales”, revelaba.