Vodafone comienza el verano con los sindicatos en pie de guerra por el expediente de regulación de empleo (ERE). Una medida a través de la cual el fondo Zegona pretende despedir a 1.198 trabajadores, el 36,65% de los 3.268 empleados con los que cuenta la teleco británica en España, tras hacerse con el negocio por 5.000 millones de euros. El nuevo consejero delegado de la operadora, José Miguel García, ha tratado de mandar un mensaje de tranquilidad para garantizar "la paz social" en la plantilla, que rechaza frontalmente la estrategia que está siguiendo Vodafone. 

Tras los ajustes de Telefónica y Avatel, Vodafone es la siguiente en aplicar un despido colectivo, en su caso el quinto en a penas una década. Un ajuste que se da en un contexto marcado por la caída de ingresos en un sector cada vez más competitivo y con poco margen de crecimiento.

El nuevo CEO de la operadora ha asegurado recientemente durante el DigitalES Summit 2024 que confían alcanzar "acuerdos satisfactorios" con los sindicatos, con el objetivo de conseguir la "paz social". García también destacó durante su intervención que la estrategia de la compañía no pasa por "ser agresivos", pero sí competitivos.

"Son ideas parecidas a las que la plantilla de Vodafone oyó de su boca y de la de Eaomon O’Hare (presidente de Zegona) en una presentación a todos los empleados/as del grupo Vodafone España el pasado 16 de mayo, cuando alabaron la profesionalidad de la plantilla y restaron importancia al impacto de la masa salarial en la situación financiera de Vodafone España", señalan desde UGT.

Un ERE "incomprensible" con condiciones muy inferiores a las de 2021

"Incomprensiblemente, 27 días después presentaron un ERE contra el 36,7% de la plantilla en el que se ha materializado una primera oferta, 24 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades", añade el sindicato. Se trata de una oferta inicial que supone la mitad que las condiciones con las que se cerró el despido colectivo de 2021.

En aquel año, la teleco británica dio salida a 442 empleados con una indemnización de 50 días de salario por año trabajado, un tope de 33 mensualidades, así como un bonus de 6.000 euros para aquellos trabajadores que cobrasen entonces menos de 30.000 euros brutos.

"Una oferta inadecuada, que demuestra una alarmante falta de empatía hacia los trabajadores que han contribuido al éxito de Vodafone a lo largo de los años y que es toda una declaración de intenciones", denuncia el sindicato. Asimismo, recuerda la "incongruencia" del discurso con los trabajadores y de cara al público con las acciones que está llevando a cabo la compañía.

"Presentar un ERE 'agresivo', mientras continúan promocionando una imagen de crecimiento y prosperidad empresarial, pone en evidencia la falta de compromiso de la dirección de la empresa con la estabilidad laboral y el bienestar de su plantilla", apunta. Por todo ello, tanto UGT, como CCOO y STC han rechazado la propuesta y han activado movilizaciones para protestar contra un ERE que consideran injustificado.

Julio de movilizaciones en mitad de la negociación

De este modo, preparan un mes de julio intenso contra el fondo de inversión que controla Vodafone tras haber recibido los permisos regulatorios y del Gobierno de España, al que los sindicatos señalan por su inacción y pasividad. Las organizaciones han convocado huelgas parciales en todas las provincias del Estado donde opera el grupo para los días 2, 3, 4, 10, 16 y 17 de julio, así como huelgas de jornada completa para el 9 y el 11 de julio.

La mesa de negociación del ERE se conformó el pasado 18 de junio, por lo que empresa y sindicatos se sentarán a dialogar hasta máximo el 17 de julio. Por ahora, las partes están muy alejadas y no parece que vaya a haber un acuerdo pronto, teniendo en cuenta que desde las organizaciones sindicales piden a Vodafone que retire el expediente de regulación de empleo y lo sustituya por bajas voluntarias.

En este sentido, UGT exige a Vodafone que "revise su enfoque y muestre un verdadero compromiso con el bienestar", realizando una transición más "suave" y menos "conflictiva" a los cambios necesarios que la compañía tiene que afrontar. Así, explica que si la operadora quiere garantizar la paz social "es imperativo que respete el modelo de acuerdos alcanzados en el pasado.

Los acuerdos que señala el sindicato, además, tenían "tres pilares fundamentales": salidas voluntarias como opción prioritaria, prejubilaciones y paquetes indemnizatorios que hagan "atractivas" las otras dos medidas anteriores. Así, por ejemplo, en el ERE que tuvo lugar en 2021, se produjeron prejubilaciones para los afectados de 54 y 55 años, con un 85% del salario fijo más un 50% del salario variable.

José Miguel García lleva apenas un mes en el cargo y tendrá que afrontar su primera prueba de fuego. Tal y como reconoció recientemente, el proceso actual por el que pasa la plantilla es "delicado", pero también una prioridad para la tercera teleco en España. Un ajuste que tendrá unas pocas semanas intensas por delante si se quiere llegar a un acuerdo con los sindicatos.