La trayectoria académica y la labor investigadora de Ángel de la Fuente (Gijón, 1962) son notables. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania, donde recibió el premio a la mejor tesis doctoral en 1991, y MBA por la Universidad de Drexel, tras su vuelta a España se incorporó al Instituto de Análisis Económico del CSIC, en Bellaterra (Barcelona), donde es científico titular en excedencia y es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha flirteado con la política: presidió el congreso fundacional de Ciudadanos, partido que abandonó "por desacuerdos con la línea de Albert Rivera" años antes de coger el AVE para Madrid. Se montó en él en 2014. Decidió marcharse tras vivir 22 años en Catalunya "cansado de la deriva nacionalista", dice. Desde entonces dirige la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), un prestigioso think tank financiado por la banca y varias empresas del IBEX 35 que fue creado en 1985 gracias al impulso de Luis Ángel Rojo cuando era director del Servicio de Estudios del Banco de España.
Experto en los determinantes del crecimiento económico, economía regional y Hacienda autonómica, De la Fuente es uno de los mayores fiscalizadores de la gestión del Gobierno de España, muy particularmente de la reforma de las pensiones, y es, desde hace tiempo, azote de las voces que desde Catalunya reclaman un mejor trato financiero, fiscal e inversor por parte del Estado. Recibe a ON ECONOMIA desde su despacho de la madrileña calle Jorge Juan, a escasos metros del Parque del Retiro.
Hay consenso en que el sistema de financiación autonómica es manifiestamente mejorable, pero nadie le pone el cascabel al gato...
Déjeme empezar diciendo que, comparado con otros, como por ejemplo el alemán, nuestro sistema no es tan malo. Hace razonablemente bien lo que tiene que hacer, asegurando un grado importante de nivelación y de autonomía tributaria para los gobiernos autonómicos, pero eso no quiere decir que no sea mejorable. Yo le veo tres grandes problemas: el primero es de falta de transparencia, cuesta mucho entenderlo. Luego hay un problema de equidad, el reparto es muy discutible. Porque las diferencias entre unos y otros son demasiado grandes, especialmente si metemos a las comunidades forales en el mismo saco, y porque el sistema genera, de una forma arbitraria, cambios importantes en la ordenación de las comunidades en términos de financiación por habitante ajustado.
¿Por dónde empezamos a cambiarlo?
Idealmente, yo sería partidario de una nivelación total: a igual esfuerzo fiscal e igualdad de competencias, café para todos, esto es, la misma financiación por habitante ajustado.
Pero ahí es donde surge uno de los problemas: en el habitante ajustado. Unas comunidades entienden el ajuste de una manera y otras de otro y surgen factores como dispersión territorial, inmigración…
La variable de habitante ajustado, tal como se calcula, seguramente no es perfecta pero no está mal, ya que tiene en cuenta las variables que realmente pesan como determinantes de las necesidades de gasto de las administraciones autonómicas.
¿Cuáles son a su juicio dichas variables?
La más importante es la estructura por edades de la población. Los mayores son más caros porque consumen mucha más sanidad, aunque hay un segmento de edad en el que los jóvenes también son más caros porque tienen que ir al colegio o la Universidad. Esto hay que tenerlo en cuenta.
Luego están las comunidades menos pobladas, las que tienen más montañas...
También. Si tienes mucho territorio, una población muy dispersa, o siete islas, tus costes serán más altos. El sistema lo recoge y así debe ser, aunque siempre se pueden discutir los detalles. Pero ir mucho más allá, como se intenta hacer en Australia, sería complicado. Calcular exactamente lo que cuesta cada cosa es imposible e intentarlo puede ser contraproducente porque exigiría cálculos muy complicados que harían el sistema menos transparente. Mejor quedarnos con una fórmula razonablemente sencilla como la nuestra.
¿Nivelación total en base a esa fórmula, entonces?
Idealmente sí, pero me temo que en la práctica podría no ser factible, entre otras cosas por la cuestión catalana: en Catalunya habría mucha resistencia al café para todos. Yo me conformaría con una nivelación parcial elevada y bien hecha, que limite las diferencias entre comunidades a un nivel razonable y respete la ordenación original en base a capacidad fiscal por habitante ajustado. Eso da un cierto margen para que las comunidades autíonomas (CCAA) ricas tengan un poco más que el resto, pero sin que haya diferencias cualitativas entre los servicios que pueden ofrecer unas y otras. Porque si nos vamos a lo que cada uno recauda, los hospitales y escuelas madrileños y catalanes serán necesariamente mucho mejores que los extremeños y eso no puede ser. Hay que limitar el abanico, pero respetar el orden original. Eso en cuanto al reparto. Y luego hay que ver que hacemos con las forales.
Las cuentas del cupo no se han publicado nunca, falta transparencia, y todos sospechamos que realmente no se hacen y que el cupo es el resultado de un puro acuerdo político. Las comunidades forales deberían participar en algún mecanismo general de redistribución
¿Es usted partidario de meterlas en el régimen común?
No. Tienen un régimen peculiar que hay que respetar, pero hay que ir acercando sus resultados gradualmente a los del régimen común. Para ir avanzando en esa dirección habría que hacer varias cosas. La primera es conseguir que haya transparencia, es decir, que se sepan los números y la segunda que esos números se hagan de la forma correcta. Según la Ley del Concierto, el cupo se calcula cogiendo los Presupuestos del Estado, viendo qué cosas se han transferido a las instituciones forales y qué cosas no. En principio, sus haciendas tendrían que contribuir en función de su renta al coste de las competencias no transferidas y a la solidaridad interterritorial. Esas cuentas no se han publicado nunca y todos sospechamos que realmente no se hacen y que el cupo es el resultado de un puro acuerdo político. Cuando se hagan, se verá seguramente que el cupo está infravalorado y eso habría que ir corrigiéndolo. Y luego está también el tema de los ajustes por el IVA y los Impuestos Especiales, que tampoco se calculan como exige la ley, en función de los consumos reales de cada territorio, y que también están sesgados a favor de las haciendas forales. Habrá que buscar formas de corregir de una manera gradual esos sesgos. Entre otras cosas, habrá que hacer que las comunidades forales participen en algún mecanismo general de redistribución. Si Madrid, Catalunya y Baleares transfieren muchos recursos a las comunidades de menor renta a través del Fondo de Garantía, lo mismo deberían hacer por alguna vía el País Vasco y Navarra, que tienen niveles similares de renta. Ahora se supone que algo así se hace a través del Fondo de Compensación Interterritorial, pero al final eso es muy poco dinero. Habría que buscar la forma de que aporten bastante más, aunque, insisto, de forma suave…
Por qué insiste tanto en que sea suave y gradual?
Porque políticamente es muy complicado
Otros economistas colegas suyos defienden un sistema con un escenario asimétrico, ya que no todas las comunidades quieren el mismo nivel de autonomía o descentralización
Una cosa es que haya asimetría en las competencias, que ya la hay, y otra que la haya en la financiación a iguales competencias. Si tienes más competencias, lógicamente tendrás que tener más dinero para financiarlas. Eso ya sucede ahora y no atenta contra el principio de igualdad, que a mi entender es irrenunciable. En el momento en que renunciemos a eso, ya no seremos un país, seremos otra cosa que no sabría cómo llamar.
Ya somos otra cosa, con País Vasco y Navarra fuera del sistema.
Pues sí, de hecho, somos una especie de confederación rara, al menos en materia fiscal, pero eso es un problema a corregir, no una parte deseable del modelo.
Me comentaba tres problemas del actual sistema de financiación: transparencia, equidad ¿y el tercero?
Un fuerte déficit de responsabilidad fiscal. Hay un principio importante del federalismo fiscal, el principio de equivalencia o de responsabilidad fiscal: si queremos que el decisor público tome decisiones en el interés general, el mismo que toma las decisiones de gasto tiene que tomar las de ingreso. O sea, que el que corta la cinta tiene que ser el que suba impuestos para pagar la carretera. Si quieres más, tienes que dar la cara. En España esto no ha sido el caso: las comunidades autónomas tienen la impresión, bien fundada en la experiencia, de que pueden gastar más de lo que tienen porque luego de alguna forma las acaban rescatando: viene papá Estado y te da más dinero, asume tu deuda o te la financia a coste casi cero a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). Hay que poner límite a esto y hay que forzar a las CCAA a dar la cara ante sus votantes si quieren gastar más. ¿Cuál es la complicación? Que al mismo tiempo queremos que haya mucha nivelación así que la solución no puede ser un simple que cada palo aguante su vela, porque entonces las ricas estarían mucho mejor que las pobres.
Hay algunas que incluso bajan impuestos.
Pero eso es distinto y viene después. El sistema tiene que dar a las CCAA flexibilidad para subir o bajar impuestos en función de sus preferencias o necesidades, pero primero hay un reparto previo y en ese reparto el cálculo se hace para nivelar (total o parcialmente) a igualdad de esfuerzo fiscal (de escalas de gravamen). Lo que les toca a las CCAA en ese primer reparto debería cubrir en promedio sus necesidades y después cada una decide los detalles de su cesta de impuestos y servicios, que para eso están las autonomías. Si quieres algún extra tendrás que subir impuestos para pagarlo, y si prefieres apañarte con servicios algo peores y bajar impuestos también puede ser.
Parece razonable. ¿Por qué resulta entonces tan complicado un entendimiento?
La complicación surge cuando hablamos de cómo mejorar las prestaciones de todos, no podemos dejar que eso dependa de los recursos de cada uno. Por ejemplo, supongamos que cuando se negocie el próximo sistema, se concluye que las CCAA necesitan aumentar el gasto en sanidad y hay que poner encima de la mesa 10.000 millones más. Hasta ahora, en esas situaciones el Gobierno central ponía el dinero, cargaba con el coste político de subir los impuestos necesarios y eran las CCAA las que abrían los nuevos hospitales. Esto es lo que hay que intentar romper porque si no la tentación de gastar más, disparando siempre con pólvora del rey, no tiene límite. Pero la solución no puede ser que cada comunidad se busque la vida subiendo sus propios impuestos porque algunas tendrán mucho más margen que otras. Por tanto, hay que dar más herramientas a las CCAA para que puedan subir o bajar impuestos, pero algunas de estas herramientas deben ser colectivas para que se pueda mantener un nivel elevado de nivelación y no se descuadre el sistema. El Grupo de Expertos de 2017 propuso una herramienta en esta línea, el llamado IVA colegiado. Se trataba de crear dos tramos separados del IVA, uno estatal y otro autonómico. El tipo del segundo tramo lo fijarían las CCAA, de mutuo acuerdo o por mayoría, y sus rendimientos irían directos al Fondo de Garantía y se repartirían por tanto por población ajustada. De esta forma, sería posible que fueran las CCAA las que dieran la cara de forma conjunta para obtener los recursos que pudieran necesitar, aumentando así el grado de responsabilidad fiscal, y a la vez se aseguraría que estos se reparten de forma igualitaria, sin romper la nivelación.
Algunas practican dumping fiscal
Una cosa es la competencia y otra el dumping. La competencia es legítima y generalmente sana. Dumping es una competencia desleal, en la que tú tienes un margen que los demás no tienen. En el caso de Madrid o Andalucía, ese margen no existe. Si bajan impuestos tendrán que ajustar por algún lado porque recaudarán menos y tienen una financiación en torno a la media o por debajo de ella. Si alguien tiene un colchón extra son las forales.
Usted ha estado viviendo 22 años en Catalunya. ¿Cree que está mal financiada, más allá del sistema de financiación?
No, está en la media, y por lo tanto es complicado argumentar que está mal financiada. Otra cosa es que se pueda negociar una nivelación parcial que le dé un cierto margen por encima de la media.
El análisis de las balanzas fiscales dice lo que cabría esperar en un país normal: las regiones más ricas como Catalunya y Madrid aportan más de lo que reciben y viceversa, como Andalucía. Hay dos excepciones: Valencia, que tiene un saldo fiscal negativo, y las forales, que lo tienen positivo. Estamos subvencionando a los ricos
Más allá del sistema de financiación está el papel inversor del Estado, por ejemplo, en infraestructuras clave para la competitividad de un territorio, como el retraso en el Corredor del Mediterráneo. Hablemos de balanzas fiscales, que el Colegio de Economistas de Catalunya cifró recientemente en un déficit de 20.000 millones.
Algunos de los cálculos que se hacen en Catalunya son muy discutibles, son más instrumentos de agitación y propaganda que ejercicios rigurosos de medición. Nosotros hicimos cálculos alternativos, que fueron el germen de un sistema de cuentas públicas territorializadas que el Ministerio de Hacienda publicó durante unos años. Esta estadística desapareció en cuanto cambió el color del Gobierno de España, por cierto. De aquellos ejercicios saco varias conclusiones. La primera es la importancia de la transparencia. En un mundo ideal hacer balanzas fiscales no tendría mucho sentido. Pero en el mundo en el que vivimos sí, porque hay una sensibilidad muy grande sobre el reparto territorial de los costes y beneficios de la acción pública que hace que el tema se convierta enseguida en arma arrojadiza de carácter político. Para evitar la manipulación demagógica, es necesaria la mayor transparencia. Sería aconsejable, por tanto, volver a publicar esas cuentas y toda la información de base detallada que se publicaba con ellas y que ahora ha desaparecido. Segunda, cuando las cuentas se hacen bien, se ve que lo que tenemos es básicamente lo que uno esperaría ver en un país normal, aunque no del todo. Como cabría esperar, las regiones más ricas aportan, en general, más de lo que reciben y tienen por tanto un déficit fiscal, mientras que en la mayor parte de las regiones de menor renta sucede lo contrario. El caso de Catalunya, o los de Madrid y Andalucía, encajan perfectamente en esa normalidad: tienen saldos fiscales en línea con lo que cabría esperar en base a su renta per cápita. Sin embargo, hay excepciones a esa norma que sí deberían preocuparnos porque apuntan a posibles inequidades. Una es Valencia, que, siendo una región con una renta per cápita inferior a la media, tiene un saldo fiscal negativo, ahí pasa algo raro. En el otro extremo tenemos a las comunidades forales que, teniendo rentas entre las más altas de España, tienen, sobre todo el País Vasco, un saldo fiscal positivo, o sea, que estamos subvencionando a los ricos. Eso también es llamativo y apunta a problemas con el sistema de financiación foral.
¿Por qué las balanzas fiscales que se calculan en Catalunya son agitación y propaganda y las que calcula usted y Fedea no?
Primero por su origen, claramente político. Segundo, y sobre todo, porque su metodología no resiste el mínimo escrutinio crítico. En estos trabajos, el déficit fiscal se define como la diferencia entre lo que pagamos en impuestos al Estado y lo que éste nos devuelve, entendido en un sentido muy literal como lo que se gasta físicamente en Catalunya porque, se argumenta, eso es lo único que genera empleo y actividad económica (esto es el criterio de flujo monetario). Ese déficit, además, se interpreta como lo que pagamos de más, o incluso como lo que España nos roba. Pero esa lógica conduce a conclusiones muy raras. Si la trasladamos a nivel individual, no deja ningún espacio para la redistribución. Si los impuestos hay que devolvérselos a quien los paga, ¿por qué cobrarlos en primer lugar? Volviendo a las balanzas regionales ¿Qué pasa con un F-16 aparcado en la base aérea de Zaragoza que patrulla por todo el espacio aéreo español? ¿Deberían pagarlo sólo los aragoneses, o quizás los ciudadanos de Missouri, donde se produce el avión y se genera por tanto empleo y renta? Si lo que nos preocupa es la equidad de la distribución territorial de los costes y beneficios de la actuación pública, habrá que intentar medir correctamente quien soporta sus costes y disfruta sus beneficios. Pero esos costes y beneficios no siempre se restringen al sitio donde se localizan los bienes y servicios correspondientes o los servidores públicos que los producen. Yo diría que los beneficios que genera el Govern de la Generalitat no consisten principalmente en el empleo que genera el consumo directo de sus consellers en las ciudades en las que estos residen sino las derivadas de su labor de gestión pública, que afecta al conjunto de los catalanes, y no sólo a la ciudad de Barcelona (y un poquito a la de Lleida).
¿Cómo ve la economía española en estos momentos desde la atalaya de Fedea?
Estamos en una situación complicada, con una incertidumbre muy grande. La economía está aguantando mejor de lo que esperábamos hace unos meses, pero no sabemos muy bien qué parte se debe a razones coyunturales.
¿Cómo por ejemplo?
El inicio suave del invierno que permitió reducir la demanda de gas fue muy importante para que se estabilizasen los precios. Coincidió además con una cierta ralentización china por la política de Covid cero. Todo eso ayudó mucho a moderar la inflación energética, lo que se nota en la evolución del IPC español de hace unos meses. Y, sin embargo, ahora la inflación lleva dos meses repuntando y la subyacente no ha parado de subir…Si hace unos meses nos hubieran dicho que íbamos a estar como estamos ahorra, lo habríamos firmado encantados. Teníamos todos miedo a una recesión que muy probablemente acabemos esquivando, en España por lo menos. Pero no estar en recesión no quiere decir que estés bien.
¿Por qué?
Todavía no hemos recuperado el nivel de actividad anterior a la pandemia y nuestras perspectivas a medio y largo plazo no están del todo claras, entre otros motivos por el elevado déficit y la abultada deuda pública que acumulamos. Tenemos la asignatura pendiente del Plan de Recuperación, que es una oportunidad extraordinaria para dar un empujón a nuestra economía, tanto en términos de productividad y competitividad como de sostenibilidad, pero hay que ver si somos capaces de hacerlo bien. Tenemos muchos deberes y no nos sobra el tiempo. Estamos descubriendo que ejecutar bien tantas inversiones en poco tiempo es más complicado de lo que pensábamos. Por otra parte, el Plan incluye también un ambicioso programa de reformas que, a mi entender, se están haciendo muy mal en muchos casos.
A nivel coyuntural, entonces, ¿lo que más preocupa a Fedea es la inflación?
Y en particular la subyacente.
¿Y qué propone para atajarla?
Nos hubiera venido muy bien llegar a un pacto de rentas amplio, con el máximo apoyo político y social. No es solamente un acuerdo de cuánto vamos a subir los salarios este año, sino que es un programa a varios años que establece qué vamos a hacer con los salarios y con los márgenes empresariales en función del impacto sobre cada sector de las subidas de costes energéticos. Y es un pacto en el que también tienen que estar los pensionistas. Algo así nos permitiría repartir de una forma equitativa la pérdida de riqueza que supone un shock externo como el que hemos vivido. España compra una serie de cosas fuera entre las que tiene mucho peso la energía, que de repente se ha vuelto mucho más cara. Por tanto, España en su conjunto es más pobre: después de pagar la energía nos queda menos renta. Ante esta situación, podemos hacer dos cosas: una es pelearnos por el reparto, intentar pasarle la pelota al vecino, y la segunda es ponernos de acuerdo en un reparto sensato que dé margen a los sectores más afectados por las subidas energéticas (agricultores, pescadores, transportistas) para que puedan absorber parte de esta subida de costes mientras que los que no tienen una subida tan grande contienen más sus precios. Los salarios de los trabajadores y las pensiones (con la excepción de las más bajas) tendrían que subir menos que la inflación al principio y, a cambio, las empresas tendrían que moderar sus márgenes.
-A propósito de las pensiones, qué opina de la nueva reforma del Ministro Escrivá?
Que no va en la dirección correcta porque no afronta los problemas del sistema, que son serios. La sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto como el nuestro depende básicamente de dos factores. Uno es demográfico: la razón entre la población en edad de trabajar y los pensionistas. Y aunque las proyecciones siempre son inciertas, todos los datos que tenemos apuntan a que la situación va a empeorar durante los próximos 30 años debido al crecimiento de la esperanza de vida, a una natalidad muy baja y a la “digestión” del baby boom. Por todo ello, cada vez tendremos menos gente trabajando y soportando el peso de unas cohortes de jubilados cada vez más grandes. ¿Cómo nos apañamos para absorber esto? Podemos hacer varias cosas, una es seguramente seguir elevando la edad de jubilación. Nosotros propondríamos ligarla a la esperanza de vida en salud, es decir la edad hasta la que estamos razonablemente bien de salud. Si la esperanza de vida en salud sigue subiendo, lo lógico es que vayamos trabajando también más tiempo. Cuando se fijó la edad de jubilación en 65 años, la esperanza de vida era menos de 65 años, o sea, que muchos no llegaban. Ahora, cuando nos jubilamos nos quedan 20 años de vida en promedio.
¿Cuál es el otro factor?
El otro factor importante para la salud de un sistema de reparto es la evolución de la productividad, que es lo que determina en última instancia los salarios y por tanto las cotizaciones. Los ingresos “per cápita” del sistema dependen básicamente de los salarios de hoy y sus gastos per cápita del promedio de los salarios de los últimos 40 años, que es lo que determina la pensión. La relación entre estas dos variables depende de la tasa de crecimiento de la productividad: cuando más rápido está creciendo la productividad, mayor es el salario de hoy en relación con la media de los salarios de los últimos 40 años.
En España tenemos un sistema de pensiones muy generoso en relación al salario que se percibe mientras se trabaja. En España cuando te jubilas, te queda una pensión en torno al 80% de tu último sueldo. En Alemania, por ejemplo, no llega al 40%
Y en productividad sí que suspendemos
Totalmente. Lo hicimos bien en los años 60 y 70, pero desde entonces no vamos bien. Esta sería la mejor solución del problema: si conseguimos que la productividad crezca muy rápido, el problema de las pensiones será mucho más llevadero. Pero esto no es fácil de hacer y no hay ninguna garantía de que de que vaya a ocurrir. Teniendo en cuenta que las perspectivas sobre estos dos factores fundamentales son bastante malas en los próximos 30 años, deberíamos tener una política de pensiones más prudente. Deberíamos alargar el tiempo que trabajamos y calcular las pensiones de una forma algo menos generosa. En España tenemos un sistema de pensiones muy generoso en relación al salario que se percibe mientras se trabaja. En España cuando te jubilas, lo normal es que te quede una pensión en torno al 80% de tu último sueldo, muy por encima de nuestros vecinos. En Alemania, por ejemplo, no llega al 40%. Esto ya está generando un déficit importante que tenderá a aumentar en el futuro si no hacemos nada. Como cada vez vamos a tener que pagar una pensión entre menos gente, necesitamos que la pensión media caiga en relación con el salario medio para evitar ahogar a los trabajadores. Pero eso no quiere decir que tenga que caer necesariamente en términos absolutos: si la productividad crece a un ritmo razonable, podremos tener pensiones más altas en términos absolutos, aunque caigan en relación con los salarios.
Una de las exigencias de la Comisión Europea era, en aras de garantizar la sostenibilidad del sistema, asegurar en el caso de aumentar el gasto en pensiones, se buscara también mecanismos para controlarlo o generar más ingresos. El nuevo sistema asegura más ingresos elevando las cotizaciones. ¿Por qué no le gusta?
El primer problema es que el aumento de ingresos está muy lejos de ser suficiente. El segundo es que buena parte de ellos proviene del “destope” de las cotizaciones, acompañado de la cuasi-congelación de la pensión máxima. Esto hace que una parte de las cotizaciones dejen de ser salario diferido y se conviertan en un impuesto puro y duro. Se trata además de un impuesto muy raro, porque sólo lo pagan los que están ahora trabajando y tienen rentas del trabajo por encima de unos 45.000 euros.
¿Y por qué no se puede pagar las pensiones con impuestos, como la gran mayoría de partidas de los Presupuestos y el resto del estado del bienestar?
Se puede plantear, ¿por qué no?, pero entonces tendremos que ir hacia una pensión básica igual para todo el mundo. Por el momento, tenemos un sistema contributivo que también tiene su lógica. El Gobierno nos obliga a ahorrar una parte de nuestros sueldos y luego nos paga una pensión proporcional a lo contribuido con ciertas correcciones. El problema es que, si no hacemos cambios de calado, de aquí al 2050 ese sistema contributivo va a tener un déficit muy grande y algo de dinero vamos a tener que inyectar vía impuestos. La cuestión es cómo se hace. En Fedea proponemos que el déficit de las pensiones se pague con un recargo sobre la cuota estatal del IRPF. Esto tiene varias ventajas sobre ese impuesto raro que discutíamos hace un momento que sólo grava ciertas rentas del trabajo. La primera es que la base del IRPF es mucho mayor (porque no solo pagan los que tienen rentas del trabajo altas, sino todos los trabajadores y los que tienen rentas de otros tipos), lo que permite recaudar mucho más con tipos moderados que, por tanto, no distorsionan tanto y tiene menos efectos adversos sobre la demanda de trabajo. La segunda es que esto asegura un reparto más justo entre toda la sociedad de ese sobrecoste. Y tercero, ayuda a hacer su coste visible para toda la sociedad, lo que podría ayudar a reducir la presión para seguir aumentando el gasto en pensiones.