Carlos Cruzado (Madrid, 1958), técnico del Ministerio de Hacienda y presidente de Gestha, la asociación de técnicos de Hacienda, argumenta junto con José M. Mollinedo, el secretario general de Gestha, por qué “los ricos no pagan IRPF”, en un reciente libro. Abogado, su carrera ha transcurrido entre la Intervención General del Estado y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. En pleno arranque de la campaña de renta, explica que "los ricos no pagan IRPF" porque el sistema está diseñado así, con reglas que lo favorece, como el pago a través de sociedades, pero también, porque “el gran fraude” reside en estas grandes fortunas y en las grandes empresas. Aclara que la frase de que los ricos no pagan impuestos, que da título al libro, la acuñó Aznar en 1998 y recientemente la repitió el presidente Sánchez.
¿Por qué los ricos no pagan IRPF?
El sistema está diseñado así, al margen de la posible evasión, que la hay en un monto importante en relación con las grandes fortunas. Llegamos un poco tarde al sistema fiscal europeo de los estados de bienestar, cuando empezó a decaer la progresividad con las políticas de Thatcher y de Reagan. Empezó con la dualidad en el IRPF, que al principio era sintético y grababa todas las rentas por igual. Luego se fueron desgajando los rendimientos del capital, que se les denominó del ahorro para darles un tratamiento más favorable. Y, después, la utilización de sociedades para las muy grandes fortunas, que hace que los ricos, en realidad, no paguen, en el IRPF de acuerdo con su capacidad económica, pero tampoco pagan el resto de los impuestos, como los de la riqueza. La competencia fiscal entre comunidades autónomas ha conllevado la desaparición del impuesto de patrimonio en muchas de ellas y del impuesto de sucesiones en buena medida. Todo esto conforma ese puzle que hace que la frase de que los ricos no pagan impuestos, que da título al libro, la dijera José María Aznar en 1998 y hace unos años, el presidente Sánchez. Y es una frase real, según dicen las estadísticas de la Agencia Tributaria.
¿Hay mucha diferencia entre España y otros países del entorno europeo?
Son muy similares en cuanto a esa caída de la progresividad sustentado en el mantra de que la progresividad lastra el crecimiento económico y que lo mejor es que las grandes fortunas y empresas tengan un mejor tratamiento fiscal, pues supone más inversiones y, en definitiva, un beneficio para las clases más bajas. Eso se ha demostrado que no es así y organismos como el FMI y OCDE vienen planteando un cambio desde hace unos años. De hecho, el FMI, la OCDE, la UE, Reserva Federal o el BCE coinciden en que la desigualdad, cada vez mayor, merma el crecimiento económico. Una mayor desigualdad que están sufriendo países desarrollados como consecuencia de la caída de la progresividad fiscal, la transferencia de impuestos directos a impuestos indirectos y, dentro de los directos, una desigualdad entre los rendimientos de capital y los del trabajo. Una tónica que no solamente se ha seguido en España, sino en prácticamente todo el mundo.
Hablan de una reforma fiscal, ¿supone que paguen más los ricos?
Entre otras cosas. Se trata de darle sentido al sistema, de acomodarlo a las necesidades de financiación para mantener o mejorar el Estado de bienestar y, desde luego, hacerlo de una forma justa y suficiente. Los tres problemas que tenemos es la falta de equidad y la falta de suficiencia, algo que se ve en la comparativa con la presión fiscal de la UE, que de igualarnos, supondría aumentar la recaudación entre 40.000 y 50.000 millones de euros. Y, el tercer problema, es el alto nivel de economía de sumergida y fraude fiscal en España, muy lejos de países como Alemania, Francia, Países Bajos o los países nórdicos, a los que debemos tender.
El libro se cierra con la declaración en Davos de algunos megarricos que piden pagar más impuestos.
Es cierto que los ricos no son quienes tienen que fijar la fiscalidad que han de pagar, pero es positivo un movimiento en EE.UU. y parte de Europa, aunque desgraciadamente no en España, promovido por algunas grandes fortunas que ponen sobre la mesa lo que es una evidencia: que pagan menos que su secretaria. Esto es algo que hay que resolver y que desde el punto de vista del propio capitalismo no conviene a sus intereses, pues como ya está ocurriendo, van desapareciendo las clases medias o reduciendo su poder adquisitivo.
Pero ningún español. ¿Qué opinión le merece?
Cierto, no hay ningún español. De hecho, cada vez que se pone sobre la mesa el debate de grabar la riqueza, oímos las voces de grandes fortunas españolas, de banqueros, de presidentes de grandes compañías, de la patronal señalando que supondría un problema para la economía, que haría caer la inversión o que, incluso, saldrán de España inversores. Es a lo que estamos acostumbrados.
Ahora que estamos en plena campaña de la renta. ¿Es adecuado lanzar el mensaje de que los ricos no pagan IRPF?
Esta es una de las consecuencias. No solamente está la cuestión de que no se recauda según la capacidad económica de estas personas, sino de que están dando un mensaje a la ciudadanía muy malo: la corrupción, la ilusión fiscal, la evasión… Todo esto no hace que el ciudadano esté cómodo a la hora de pedir su factura con IVA o sin IVA. En definitiva, es el mal ejemplo que están dando las elites políticas y empresariales.
Cualquier persona con una nómina, aunque quisiera, difícilmente podría defraudar
¿Se puede decir que no defraudan los que quieren, sino los que pueden?
Se puede decir. Cualquier persona con una nómina, aunque quisiera, difícilmente podría defraudar. Las retenciones y ese sistema de control hacen que no sea factible. Quien tiene actividades económicas, o los que manejan esa planificación para evitar declarar sus ingresos y hacerlo a través de sociedades de Sicav, permite que las grandes fortunas y empresas tengan más posibilidad de eludir.
¿España es un país corrupto?
Lo que sí es cierto es que la ciudadanía está convencida de que hay un nivel de corrupción más alto que en otros países y esto también influye en la baja conciencia fiscal de los ciudadanos en España. Las leyes de transparencia tienen unos años en España, mientras que países anglosajones llevan décadas y la ciudadanía participa en el debate presupuestario y se interesa por conocer la finalidad de los impuestos. En otros países se conoce dónde gastan los diputados hasta el último duro y aquí, las declaraciones de bienes de intereses son genéricas, no hay consecuencias por su incumplimiento, y vemos que hay diputados que no incluyen algunas cuestiones.
El 35% de los españoles justifica el fraude.
Esto está cambiando. Parece que cada vez más, los ciudadanos justifican menos el fraude. Pero, lo que se ve, es que el 80% de los ciudadanos, además votantes de todos los partidos, piensan que el sistema fiscal no es justo, que no paga más quien más tiene. Es algo que debería hacer recapacitar a los partidos políticos, que muchas veces no están en sintonía con esta opinión de sus propios votantes. Y el 60% cree que la administración no hace lo suficiente para evitar el fraude y una gran mayoría defiende que el sistema debería basarse en la imposición directa [IRPF, impuesto de patrimonio, impuesto sobre sociedades, impuesto de sucesiones].
¿Cree que el mensaje fiscal de los políticos se ha radicalizado?
Hay que destacar lo que ocurrió en el Reino Unido, cuando la efímera primera ministra planteó una bajada de impuestos generalizada, sobre todo a grandes empresas y fortunas. La criticaron por el incremento de desigualdades que supondría y tuvo que dimitir.
Aún así, el mensaje es o subir, o bajar impuestos, con un tinte ideológico.
Es cierto que todavía se sigue jugando con los impuestos. Y digo jugando porque, en realidad, desde que se estableció nuestro sistema fiscal, se ha ido parcheando por esos ofrecimientos electorales. Que no solamente han hecho los partidos conservadores, también los socialdemócratas. De hecho, a nivel europeo, ese mantra de la maldad, entre comillas, de la progresividad, empezó con los partidos conservadores y se contagió a los socialdemócratas. Recordamos, y lo decimos en el libro, la frase de Zapatero de que bajar impuestos era de izquierdas. Seguramente ahora no lo diría. Todo ese juego electoral sobre la fiscalidad, supone un problema que habría que resolver con un gran acuerdo que, en este momento, es inviable. Un pacto de estado sobre la dimensión del estado que queremos. Porque los partidos que hablan de bajar impuestos no nos dicen que si se recauda menos, habrá que reducir el gasto social en educación y en sanidad.
El tratamiento fiscal del capital en el IRPF está por debajo del tratamiento de los salarios. ¿Por qué lo mantiene tanto el PP como el PSOE?
Efectivamente, la dualidad [diferencia en el tratamiento fiscal de los rendimientos del trabajo y de las inversiones] es responsabilidad de distintos gobiernos, conservadores y socialdemócratas. Incluso ahora hay informes, como el libro blanco de hace un par de años, donde tampoco se pone en tela de juicio, aunque se habla de compensar esta diferencia. Porque el argumento que se da, es que los mercados ya están acostumbrados y les costaría hacerse a la idea del fin de esta dualidad. Así, se sigue manteniendo, aunque los últimos gobiernos han ampliado varios tramos en la tramitación de los rendimientos del capital. Pero quizá no es suficiente. Hay que tender a que el capital tribute como los rendimientos del trabajo y sacar los rendimientos especulativos de la consideración de rendimientos del ahorro. El PP lo hizo, pero duró muy pocos meses.
Quizá, no se debería tratar fiscalmente igual una inversión de 5.000 euros que una de 5 millones.
En la estadística del impuesto de patrimonio queda claro que en las grandes fortunas tienen más peso los rendimientos del capital que los del trabajo. Incluso, se detecta que el porcentaje del rendimiento obtenido en inmuebles por las grandes fortunas es más bajo que el derivado de los activos financieros. Por tanto, su patrimonio está en activos financieros que tributan por debajo de los rendimientos del trabajo.
¿Está obsoleto el impuesto de patrimonio?
Es verdad que en la UE, como tal impuesto de patrimonio, solo existe en España, luego en Suiza y en Noruega. Pero, también es verdad, que hay países como Francia e Italia, y algunos más, que van grabando determinados bienes patrimoniales. La desaparición de los impuestos de patrimonio está ligado a esa tendencia neoliberal que defiende la ineficiencia de los impuestos y el daño que ocasionan a la economía. Una teoría que dice que si los impuestos son necesarios, cuantos menos mejor, y, en todo caso, que sean indirectos. Por eso, el de patrimonio, que es un impuesto directo, ha ido decayendo en el mundo.
¿Patrimonio sirve para compensar lo que los ricos no pagan por IRPF?
Uno de los objetivos del impuesto de patrimonio es evitar esa fuga del impuesto sobre la renta de las grandes fortunas, que da título al libro. Este impuesto se plantea para que estas personas paguen lo que no están pagando en renta. Lo dice Zucman [economista francés] cuando plantea un 2% a nivel mundial de impuesto sobre la riqueza para los muy ricos, ya que no pagan en renta lo que deberían.
En el capítulo sobre las amnistías fiscales, señalan a la Agencia Tributaria de favoritismo con las grandes fortunas. ¿En qué se basa?
Hablamos de dos amnistías fiscales, la de 2010 [Gobierno de Rodríguez Zapatero] y la de 2012 [Mariano Rajoy], aunque ha habido más. Esas amnistías son consecuencia de la lista Falciani, cuando se supo que cientos de grandes ricos españoles tenían su fortuna en el HSBC, en Suiza, y que no estaba declarada en España. La Agencia Tributaría, en vez de abrir inspecciones, que es lo que hubiera procedido, abre un procedimiento que posibilitaba a estas fortunas regularizar su situación fiscal. Así evitaron que se les acusase de delito fiscal y caer en sanciones importantes. Lo criticamos, además de otros colectivos de la Agencia Tributaria, pero es lo que ocurrió. Fue público que la familia Botín tenía una cantidad importante que regularizó y así evitó el delito fiscal.
El delito fiscal, tal y como está regulado, da un trato muy benevolente a los grandes defraudadores
El delito fiscal, a diferencia de otros delitos del Código Penal, ¿tiene una mera función recaudatoria?
Efectivamente, tal y como está regulado da un trato muy benevolente a los grandes defraudadores. Se establecen muchas posibilidades de regularizar, de aplicar atenuantes de reparación del daño, siempre que se pague la deuda, aunque se esté ya fuera del período voluntario. El Código Penal permite que, una vez imputado o llamado a declarar como investigado por delito fiscal, el contribuyente pueda reconocer el delito, pagar, aceptar la multa y se le rebaja dos grados la pena. Así, la pena de prisión, que es de 1 a 5 años, queda por debajo de los 2 años, que es el límite para ingresar a prisión.
¿Se debería cambiar el Código Penal?
Sin ninguna duda. Los ciudadanos no acaban de entender los escándalos de personas del mundo de la cultura, de la política, de la economía que se sientan en el banquillo por delitos fiscales millonarios y, sin embargo, acaban prácticamente siempre, con un acuerdo y el pago de una multa, incluso inferior a la que tendrían en vía administrativa. Y con eso quedan saldadas sus cuentas.
El libro habla de irresponsabilidad fiscal en las autonomías. ¿A qué se refiere?
Aunque la corresponsabilidad fiscal no está expresamente contemplada en la Constitución, se deduce de ella. Así, las comunidades autónomas también se hacen responsables de grabar a sus ciudadanos de acuerdo con los ingresos necesarios para cubrir los gastos que van a tener. Pero vemos, que lo que anuncian son bajadas de impuestos, no quieren asumir la responsabilidad de grabar en mayor medida a sus ciudadanos, pero por otro lado, ponen la mano al Estado, para que sea el que suba esos impuestos y pague a las comunidades autónomas. Esto es lo que consideramos que, en vez de corresponsabilidad fiscal, se puede denominar irresponsabilidad fiscal.
Algunas bajan, incluso, la tributación de los impuestos cedidos.
Este Gobierno ha intentado mitigar esto con el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Pero, en realidad, lo necesario es negociar el cambio de modelo de financiación autonómica, de los impuestos cedidos que son impuestos sobre la riqueza. En el caso del impuesto de sucesiones, habría que establecer unos mínimos para evitar su descapitalización.
Mucha gente no entiende el impuesto de sucesiones, que haya que pagar por lo que dejan sus padres.
Choca, porque ha habido campañas que han desinformado. Se han utilizado argumentos que no se corresponden con la realidad: no es una doble imposición porque estamos hablando de personas distintas, ni es cierto que se están incrementando las renuncias, como se dijo en algún momento. Madrid está en la media de renuncias, por ejemplo, y en Murcia ha incrementado bastante el número de renuncias, a pesar de haber hecho desaparecer el impuesto en la línea de los parientes más cercanos. La mayoría de los expertos consideran que es un impuesto necesario y la OCDE recomendó hace un par de años incrementar su recaudación.
Sobre la financiación autonómica, ¿qué opina de las balanzas fiscales?
Es un tema complicado, con muchas posibilidades de análisis con esa publicación del Ministerio de Hacienda de hace unas semanas y que no convence prácticamente a nadie. Desde luego, a Catalunya no le convence. Necesitamos esa foto fija de lo que está ocurriendo en la financiación y luego intentar un acuerdo sobre las bases en las que se tiene que sustentar.
La economía sumergida, ¿es economía de supervivencia?
Cuando se habla de economía sumergida, gran parte de la ciudadanía piensa en los autónomos y en las facturas con IVA o sin IVA. Y esto no es del todo cierto. Hay una parte de economía sumergida ahí, que hay que combatir, pero la economía sumergida también está en empresas que ocultan parte de sus ingresos o que incluyen facturas falsas. El grueso del fraude fiscal está en las tramas de IVA o la defraudación en las gasolinas que no están en la mente del ciudadano. Por eso pedimos que la Agencia Tributaria desplace su lupa de las pequeñas empresas y autónomos a las grandes fortunas y empresas donde radica la gran parte del fraude.
Las empresas muy grandes no pagan de acuerdo con sus beneficios
Fiscalmente, ¿también hay empresas ricas y pobres?
Sí, claro. Es un problema a nivel mundial, que las mayores empresas transnacionales acaban derivando sus beneficios a territorios de muy baja fiscalidad o paraísos fiscales. Hace años que se viene intentando luchar contra esto y se ha llegado al impuesto mínimo del 15% a las muy grandes empresas. Y en esta misma línea, algunos observatorios, como el de la fiscalidad europea, comandado por Zucman, piden una tasa sobre la riqueza (2%) para los milmillonarios. Pero es evidente que esas muy grandes empresas no pagan de acuerdo con sus beneficios y es, en parte, de lo que se nutren estos muy ricos que no pagan en la justa medida ni el IRPF, ni tampoco el impuesto sobre sociedades, el de patrimonio, o el de sucesiones.
Para cerrar. Hay un capítulo sobre el rey emérito y la inviolabilidad fiscal. ¿Qué se concluye?
Antes he comentado la actitud de la Agencia Tributaria tras la amnistía Falciani, pero también hemos criticado a la Agencia por su actitud en este caso, pues desde que aparecieron los primeros indicios en los medios de la posibilidad de irregularidades fiscales por parte del rey emérito, no se abrió una inspección. De hecho, pasaron unos años; estuvo en la Fiscalía del Tribunal Supremo esa investigación y finalmente el Emérito pudo regularizar y evitar que fuese imputado por posibles delitos fiscales por aquellos casos que no estaban prescritos y que no estaban amparados por la inviolabilidad del rey. Algo que sucedió porque la Agencia Tributaria no había abierto esa inspección durante todos esos años.