Explica Ferran Bel (Tortosa, 1965) que cuando Pedro Sánchez disolvió las Cortes para convocar las últimas elecciones generales, el 29 de mayo del año pasado, al presidente de Pimec ya le estaba llamando para que se sumara al proyecto en uno de los frentes que Antoni Cañete ha decidido fortalecer: la presencia en la capital española. Desde octubre, es el representante permanente de Pimec en Madrid, encargado de interlocutar con las Cortes, partidos y también otros agentes sociales, aunque últimamente se le acumula el trabajo por la investigación contra la patronal catalana de pymes y la de autónomos Uatae. No podía ser otra la primera pregunta de la entrevista de ON ECONOMIA, la primera que hace a Ferran Bel desde su nombramiento.
La semana pasada conocimos que la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo han abierto una investigación contra Uatae y contra Pimec por presunta falsificación de documentos públicos para cobrar subvenciones estatales para autónomos. ¿Qué ha pasado aquí?
Con el máximo respeto para todas las autoridades judiciales y por Fiscalía, que es la que actúa, pero aquí, desde la óptica de Pimec, no hay nada que esconder. Esta es una subvención que pide Uatae, una organización de autónomos a nivel español, en la cual Pimec colabora, como había colaborado antes con ATA, pero esta es una subvención que ni pide Pimec, ni la cobra, ni la gestiona, ni la justifica. Si se ha falsificado o se ha modificado o se ha manipulado algún certificado, ya sea de la Generalitat o de la propia Pimec, las responsabilidades no son de Pimec, precisamente. En todo caso, Pimec sería el afectado. Han imputado al secretario general, pero cualquier persona que conozca a Josep Ginesta sabe que es una persona honesta, íntegra y que en ningún caso haría ninguna actuación susceptible de imputación. Ahora bien, si alguien no ha hecho el trabajo bien hecho, Pimec ya lo dijo, nos reservamos las acciones legales para aquellas personas que se demuestre o se acredite que han acabado manipulando estos documentos. Estamos absolutamente tranquilos y el secretario general no es que tenga la confianza del presidente, tiene la confianza de toda la organización y yo creo que, no digo en pocas semanas, porque los procesos judiciales siempre son muy largos, pero en pocos meses quedará absolutamente aclarado.
¿Si las responsabilidades no son de Pimec, entonces son de Uatae?
Ya lo determinará el juez, pero es evidente que quien presenta toda esta documentación, que no es la misma documentación que ha salido de Pimec, es quien es. Pimec, porque lo he visto, porque me lo han enseñado, envía unos documentos con unas características y estos documentos, cuando se incorporan a un expediente para pedir una subvención, no son los mismos.
¿Se replantean las relaciones con Uatae, a la cual están asociados en la parte de autónomos y también en Conpymes?
No me corresponde a mí decirlo, pero es evidente que la confianza ya no es la misma que podía haber. Con Uatae colaboramos por intereses en defensa de los trabajadores autónomos, pero hasta que no se aclare esto, evidentemente las relaciones no pueden ser las mismas que había. Con respecto a nuestra participación en Conpymes, no tiene nada que ver.
Pero son socios en Conpymes.
Sí, evidentemente, en Conpymes hay muchos socios, pero es verdad que si esto se acabara acreditando, que Uatae ha tenido responsabilidad, las cosas, evidentemente, se tendrán que replantear.
"Si se acredita que Uatae ha tenido responsabilidades, las relaciones en Conpymes se tendrán que replantear"
Otra noticia reciente, en este caso positiva, es la entrada de Pimec en algunas mesas de negociación a nivel estatal. No obstante, como explicó ON ECONOMIA, no se han podido sentar todavía en estas mesas porque el Ministerio de Trabajo ha reclamado a la CEOE que deje un sitio libre y eso no está pasando. ¿Qué harán?
Si no está pasando, el Ministerio sabrá lo que tiene que hacer. Hay una resolución de la dirección general de Trabajo en este sentido y estas cosas tienen unos procesos, yo creo que es cuestión de semanas. Nosotros no vamos ni contra CEOE ni contra Cepyme, nosotros defendemos y reclamamos el derecho de estar ahí. Porque si la dirección general de Trabajo ha acabado resolviendo que tenemos que estar es porque, de acuerdo con la legislación, tenemos derecho, porque Pimec es la única organización representativa a nivel de una comunidad autónoma, al 50%, que no cuelga de ninguna organización estatal representativa. Eso es lo que nos da derecho a acceder a esta mesa y a otros lugares de representación, donde queremos estar para defender a las pequeñas y medianas empresas catalanas, porque este es nuestro mandato, nuestro objetivo y nuestro compromiso.
¿Eso quiere decir que si lo consiguiera Conpymes, Pimec ya no podría estar en ellas?
Estaría a través de Conpymes. El caso de Cepyme, que es porque CEOE le cede un sitio, no se daría porque son casos diferentes. Cepyme cuelga directamente de la CEOE, pero Pimec es autónoma, con presupuesto propio e independencia, que se puede federar a nivel estatal, por lo tanto es evidente que si en algún momento cuelga de alguna entidad más representativa a nivel estatal, tendrá que estar a través de esta entidad. Es la misma situación que tiene Foment con CEOE.
Pimec tiene ahora derecho a sentarse en instituciones, como el Consejo Económico Social (CES), que son consultivas pero no participan del diálogo social ni negocian convenios. ¿Ese es el objetivo final?
El objetivo final es, todos los sitios en los cuales nos corresponda tener representatividad, porque somos más representativos en Catalunya, ocuparlos. Otra cosa es sentarse de tú a tú en el ámbito de la negociación o del diálogo social a nivel estatal, como hacen en estos momentos la CEOE con CCOO y UGT. Para eso, al igual que en Catalunya lo hacemos porque somos los más representativos, a nivel estatal es evidente que requiere que haya una entidad que represente a la pequeña y mediana empresa del conjunto del Estado. Lo que no se ha podido alcanzar en 40 años no se alcanzará ahora en seis meses, es un proceso largo. En Catalunya hay una situación muy parecida a la que hay en muchos países de Europa: una patronal de la gran empresa, Foment, y una de la pequeña y mediana empresa. Este modelo se reproduce en Italia, Francia, muchos países de Europa y a nivel de la UE, donde hay una patronal de las grandes empresas, Business Europe, y una patronal de las pequeñas y medianas empresas, SMI United, de la que precisamente nuestro presidente, Antoni Cañete, es vicepresidente. Esta situación no se reproduce en el Estado español. Históricamente, CEOE ha sido la entidad representativa a nivel empresarial, pero aunque el 80% de los intereses de las grandes empresas y las pymes pueden ser los mismos, no siempre coinciden.
Por eso promovieron la creación de Conpymes, pero su entrada en el diálogo social está en los juzgados. ¿Para cuándo esperan una solución?
Si hacemos memoria, hasta que Pimec fue representativa en Catalunya pasaron muchísimos años y muchísimos procesos judiciales y muchas sentencias favorables. Nosotros esperamos que una vez hemos visto el ejemplo de lo que ha pasado en Catalunya, que a nivel español sea mucho más fácil y, por lo tanto, que no tengan que pasar tantos años ni tantas sentencias judiciales favorables. Pero en todo caso, a nadie se le escapa que tampoco es un proceso fácil. Es obvio, y lo entiendo, que CEOE quiera defender sus intereses en cuanto a decir que ya representan a todas las empresas. Pero como muy bien explica nuestro presidente, si en una misma entidad está la tienda del barrio y los grandes almacenes, cuando se tienen que tomar las decisiones, seguramente tenderán más hacia los intereses de los grandes almacenes que los de la tienda del barrio. Por lo tanto, eso se tiene que ir normalizando. Yo creo, sinceramente, que cuando hablas con el Gobierno y con la mayoría de las formaciones políticas, porque todos tienen eurodiputados y saben lo que está pasando en Europa, saben cuál es la situación. Y eso, tardará más o menos, pero acabará llegando. Nuestra función es que tarde el menos posible.
La vicepresidenta Yolanda Díaz, aunque puso en un papel, en el acuerdo de legislatura de Sumar con el PSOE, la entrada de las pymes al diálogo social, ahora dice a los agentes sociales que no está entre sus prioridades. ¿Ha hablado con ella?
Sí, estamos hablando, si le dijera que no, primero, le estaría engañando, y segundo, no estaríamos haciendo el trabajo que nos corresponde. Estamos interlocutando con el Gobierno y también con los grupos parlamentarios, los catalanes y los del conjunto del Estado, para explicarles esta realidad. Pero llevamos 40 años, no es un tema que tengamos que resolver en los próximos seis meses. Si lo resolvemos durante esta legislatura sería un gran éxito y, además, saldríamos ganando todos: Catalunya porque tiene un peso muy importante de pequeña y mediana empresa, pero saldría ganando el conjunto del Estado español porque normalizaría esta situación de representatividad en el mundo empresarial que está en el mundo sindical desde hace mucho tiempo.
¿Cómo le convenció, Antoni Cañete, para ficharle?
Me convenció porque es una persona muy insistente, muy persistente, y porque él sabía que yo también tenía una relación, una estima y un compromiso con Pimec desde hace muchos años. Yo ya había decidido dedicarme a mi despacho profesional, que tenía aparcado, y tuve muchas propuestas, porque cuando acumulas una experiencia de más de 12 años en las Cortes y tienes puentes abiertos con todas las formaciones políticas, que es mi activo, pues tienes opciones. Pero decliné todas las ofertas. También tengo que decir que si el señor Pedro Sánchez estaba disolviendo las Cortes un lunes, el lunes mismo o el martes, el presidente Cañete ya me estaba llamando para decirme "Ferran, tenemos que hacer cosas, me tienes que ayudar", y yo le decía que sí, que le ayudaría, pero que no me podía comprometer. Al final he podido compatibilizarlo con mi despacho profesional y estoy mucho agradecido por la confianza depositada por parte de toda la organización.
¿Qué le pidió?
Que pueda interlocutar con el Gobierno, los grupos parlamentarios y los otros agentes sociales y económicos que tienen presencia en Madrid.
"Quizás no lo reconocerán públicamente, pero al PP también le interesa que se normalice la situación en Catalunya"
¿Se trata, pues, de que se legisle pensando más en las pymes y en las empresas catalanas?
Eso es fundamental. Aproximadamente un 90% de la actividad regulatoria que afecta a las pequeñas y medianas empresas catalanas se está aprobando en Madrid. Es verdad que una parte viene derivada de normativa europea que se tiene que trasponer, pero también se está trasponiendo en Madrid y por lo tanto es fundamental que se legisle teniendo en cuenta que no es lo mismo una gran empresa que una pyme. Que cuando se establecen nuevas obligaciones, que seguramente son avances sociales y son necesarios, no se puede hacer de forma idéntica para una gran empresa de 5.000 trabajadores que una pequeña o mediana empresa en 3 o 25 trabajadores. También es fundamental que hagamos un esfuerzo por legislar para que las pequeñas y medianas empresas no tengan las dificultades que tienen para crecer, para ser competitivas, para abrirse y tener más capacidad de mercado.
Usted, que lleva unos cuantos años en Madrid, ¿tiene la sensación de que las empresas catalanas han perdido peso e influencia en Madrid?
No. Sinceramente, creo que quizás se ha perdido influencia política, porque entre todos juntos no se ha hecho suficientemente bien. Es difícil pensar una coyuntura como la que ha habido la anterior legislatura o la que hay ahora, que depende de partidos catalanes, y que eso no tenga la translación que tenía en otros momentos, a nivel legislativo, y que beneficiaba el sector productivo catalán. Como había pasado en legislaturas anteriores donde quizás la aritmética no era tan favorable. Pero a nivel empresarial hay empresas y pymes en Catalunya que son absolutamente referentes, que están trabajando en el mercado estatal, europeo e internacional. Por lo tanto, yo no me atrevería a decir que las empresas como entes singulares han perdido peso. Las pymes, a través de Pimec, seguramente no habían estado nunca tan presentes ni habían influido tanto en el ámbito legislativo como está pasando durante los últimos años y como estoy seguro de que pasará durante los próximos años. Es que en Catalunya, sin renunciar absolutamente a nada, tenemos que saber hacer autocrítica. Pero en todo caso, yo creo que hay más interés en Madrid de decir que Barcelona y las empresas catalanas han perdido el ritmo, que realmente lo que está pasando. Las empresas catalanas siguen exportando y haciendo negocios en todo el mundo. Y todavía lo harían más si esta legislación fuera un poquito más favorable.
Quizás viene todo un poco del referéndum y la huida de empresas de Catalunya. ¿Forma parte de sus prioridades intentar impulsar el retorno de las empresas que se marcharon por el 1 de octubre?
Yo tengo una opinión muy personal y muy fundamentada, si me permite la expresión, con respecto a esta situación. Hay algunas empresas que se marcharon por diferentes motivos, no todas se marcharon por la coyuntura política o una coyuntura de mercado derivada del referéndum de 2017. Hay algunas que lo aprovecharon y dentro de su planteamiento estratégico ya habían decidido marcharse. Por lo tanto, si no hay un cambio, estas no volverán. Después hay aquellas que se marcharon por razones que a mí me gusta decir de mercado, y de eso quizás el ejemplo más claro serían las entidades financieras, que objetivamente podías entender que había un problema, porque en el resto del Estado sus clientes veían con muchísima preocupación lo que estaba pasando, y por lo tanto interpretaban que lo mejor que podían hacer era retirar posiciones de aquellas entidades. La única forma de salvarlo fue precisamente un cambio de domicilio social. Para estas y otras, para que todo se vuelva a normalizar, lo mejor que se puede hacer es apartar las decisiones políticas de este retorno. Mientras haya una decisión, aunque sea bien intencionada, explícita de vincular decisiones políticas, penalizando o beneficiando el retorno de estas empresas a Catalunya, el efecto del mercado en el resto del Estado será muy parecido a lo que pasó en 2017. Por lo tanto, no sería muy inteligente. Lo que tiene que hacer el gobierno catalán y también el del Estado, que también tiene una responsabilidad al respecto, es trabajar, trabajar de forma discreta, dar la confianza que se tiene que dar, alejarse de mucho ruido mediático y es posible que estas empresas, con cierta normalidad, vayan volviendo.
Ahora se está negociando la ley de amnistía. ¿Se habla mucho de ella en el mundo empresarial en Madrid?
Sí. En Madrid se habla en el mundo empresarial, se habla por la calle, y seguramente que hay muchos partidos que tienen mucho interés en que se hable de ello. Y nosotros aquí ni entramos ni salimos. La posición de Pimec, que yo creo que es conocida al respecto, es que cualquier herramienta que pueda ser aprobada por el Congreso que ayude a regularizar la situación que hay en Catalunya, es buena. Lo que necesita Catalunya en estos momentos es recuperar la situación de normalidad, y si la ley de amnistía es una buena herramienta, que desde mi perspectiva, a nivel personal, y Pimec también tiene un planteamiento similar, es una buena herramienta, nadie tendría que querer combatir esta herramienta por posiciones más partidistas. A todo el mundo le interesa, al PP también le interesa.
¿Al PP?
Sí, quizás no lo reconocerán públicamente, pero también les interesa que se normalice la situación en Catalunya. Es muy difícil explicar a las empresas, cuando vienen a hacer negocios, por qué hay exiliados, por qué hay personas a la prisión, que las cuestiones políticas no las saben resolver dentro del ámbito de la política.