Ignacio García Magarzo es director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), organización empresarial que agrupa a cadenas como Mercadona, Lidl, Dia, Aldi, Consum o Ahorramás, entre otras. Licenciado en Derecho, fue miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, en el que está en excedencia, y se incorporó a Asedas en 2003. Actualmente también es vicepresidente de la patronal Eurocommerce, de la CEOE y del consejo de dirección de la Aesan (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). Tras varios años marcados por la inflación alimentaria, Magarzo cree que nos encaminamos a una normalización de precios, mientras el sector de la distribución trata de adaptarse a la regulación medioambiental europea y española.
La cesta básica de la compra se ha encarecido un 47% en los últimos cuatro años, según datos de Kantar. ¿Qué papel han jugado los distribuidores en este escenario inflacionista? ¿Han aprovechado los supermercados para inflar los precios?
En primer lugar, lo que hay que tener es una perspectiva más amplia y mirar los últimos 20 años de la alimentación en España. Si vemos la evolución del IPC de la alimentación en este periodo, llama la atención la extraordinaria estabilidad que han tenido los precios de los alimentos. Este indicador se ha mantenido siempre entre un 1% y un 3% como mucho, a pesar de la crisis de subidas de precios como la de 2008, con un origen muy parecido, aunque menos grave, que la vivida en estos últimos dos años. Después vino la crisis de consumo y entre 2008 y 2014 hubo casi diez meses de precios de alimentación que descendían, con IPC negativos, y más tarde hubo una subida de precios cuando se incrementó el IVA en 2012. Si hacemos el balance total, el principal rasgo es la estabilidad de precios que ha beneficiado al consumidor. Eso lo que nos lleva a pensar es que lo que está ocurriendo desde mediados de 2021 es algo extraordinario, histórico.
Nos hemos enfrentado a una crisis de costes que empezó primero con los carburantes en 2021 —con la recuperación de la economía después del covid— , luego con las materias primas, la energía eléctrica y un acelerador enorme que fue la guerra de Ucrania. Lo que hizo que conociéramos índices de alimentación que nunca habíamos conocido, en torno al 15%. Por lo tanto, la distribución no se ha aprovechado de ello, sino que ha servido de dique de contención de esas subidas, porque en España la distribución es especialmente competitiva, más que en otros países de la Unión Europea. ¿Eso qué supone? Que los distribuidores tratan de subir los precios lo menos posible o subirlos el último para intentar no perder clientes.
Hay informes oficiales que lo ratifican, como el estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre si se había aplicado bien la bajada del IVA o el propio Ministerio de Economía cuando ha explicado a Europa como ha sido la evolución de precios y márgenes, así como los datos del nuevo Observatorio de Márgenes. Todos confirman que la distribución comercial de alimentos en España es de las más eficientes de Europa, que se ha visto superada por los acontecimientos en relación con los costes y no ha tenido más remedio que trasladar esas subidas, pero con contención. Afortunadamente, actualmente estamos asistiendo a la normalización de esos precios de alimentación.
"En España falta una visión de país en muchos de los grandes debates de la cadena agroalimentaria"
El Ministerio de Consumo ha anunciado una investigación para comprobar si se ha aplicado bien la rebaja del IVA y organizaciones de consumidores como Facua denuncian que, a pesar de la rebaja, hay alimentos básicos que han experimentado subidas abusivas. ¿Cómo lo valora?
Que exista inquietud e incluso que se haya transformado en una denuncia en concreto por parte de una organización de consumidores no tiene nada de particular, porque en estos momentos la situación es bien conocida. Existen informes de organismos de la Administración del Estado que han ratificado el comportamiento y, en todo caso, desde la perspectiva de la distribución es importante recalcar que las condiciones de competencia obligan a aplicar de forma eficiente esas subidas de costes para tratar de trasladarlos lo menos posible al consumidor. Esa es la situación que hemos vivido durante los últimos años y, ahora mismo, si analizamos esa evolución, se explica con toda rotundidad que el papel de la distribución comercial ha sido totalmente responsable.
Muchas familias pensarán que cómo es posible que en este ejercicio de contención alimentos como el aceite de oliva sigan con precios elevados en los lineales.
En una situación como en la que estamos es muy importante distinguir la cadena de valor y la formación de precios en unos productos y en otros. En general, todos se han visto afectados por la subida de costes de la energía, del transporte o de las materias primas. En el caso del aceite de oliva se da una circunstancia cíclica que es fácil de explicar. Nuestro país es el primer productor mundial, pero a la vez es un grandísimo exportador. Nunca se han conocido tres años de cosechas tan cortas como las que vivimos en los tres años anteriores. La formación de precios en el aceite de oliva es algo peculiar porque se forman al inicio de las campañas respecto a las perspectivas de esas cosechas. Entonces, lo que nos dicen tanto los expertos del Ministerio de Economía como desde el propio sector es que la bajada de producción tan importante que ha habido hace que la previsión de precios se haya mantenido durante estos tres años en unos niveles históricos. Precisamente, los precios en origen son tan altos porque los márgenes en el resto de los eslabones de la cadena se estrechan, por lo que no se puede achacar a los márgenes de la distribución estas subidas del aceite de oliva, depende mucho de las previsiones de cosechas. Si se confirma que la de este año es favorable, se trasladará seguro a los precios del consumidor.
Volviendo a la rebaja del IVA, la medida lleva casi un año y medio de aplicación y está por ver si se prorrogará a partir del 30 de junio. ¿Cuál es la valoración de Asedas sobre el impacto que ha tenido en los precios? ¿Tiene que continuar y ampliarse a otros alimentos?
El IVA es un impuesto que tiene una tarifa fija sobre los precios y, por tanto, cuanto mayores sean los precios del producto, mayor es el IVA soportado y mayores son los ingresos del Estado por ese producto. La rebaja es una medida correcta que nosotros apoyamos en su momento, pero que se quedó algo escasa y debía extenderse a otros productos. De todas formas, insisto en la idea de que el IVA es un impuesto inflacionista y cuanto más altos son los precios más es el IVA que se aplica y, por tanto, más se recauda. Que parte de esa recaudación extraordinaria que recibe el Estado se devuelva a la sociedad en forma de rebaja, nos parece exactamente lo que había que hacer en el momento que hemos vivido. No obstante, aún es pronto para relajarla y volver a los tipos anteriores, porque la situación de precios de alimentos no se ha normalizado del todo. En el momento en el que haya que tomar la decisión, esperamos que se actúe con la misma prudencia y el mismo interés en no gravar a los consumidores.
"Muchas veces vienen soluciones de Europa que valen para Ámsterdam, pero no para Tarragona"
¿Qué opina de las protestas del campo y del papel de los distribuidores en esta crisis, especialmente con lo referido a la ley de la cadena? Las organizaciones agrarias denuncian que no se está aplicando correctamente y hay pocas sanciones.
Lo que hemos vivido en los últimos meses en España y en toda Europa es una forma de poner de manifiesto los problemas del sector productor, sobre todo por la burocracia y la carga regulatoria europea y nacional en materia medioambiental. No es un malestar por los precios o la rentabilidad de las explotaciones, sino por otras cuestiones. Nosotros compartimos una parte muy importante de esa visión, lo que se cuestiona es si el Pacto Verde Europeo ha tenido unos objetivos realistas y unos plazos razonables para que la cadena agroalimentaria de toda Europa soporte su necesidad de competir frente a otros países fuera de la Unión Europea. Hay normas medioambientales que probablemente se han proyectado sobre el sector de una forma poco meditada y con un calendario poco realista.
Sobre los precios en origen, siempre están en cuestión, pero durante los últimos dos años han sido extraordinariamente altos en comparación con los periodos anteriores. Todos los estudios de márgenes explican que el sector productor no se ha visto perjudicado en este aspecto, precisamente porque existe una regulación que permite garantizar los precios de producción en el caso de que se aplica correctamente. Hoy en día tenemos instrumentos que permiten que cuando haya una crisis de costes, el sector productor, tradicionalmente considerado el eslabón más débil de la cadena, no tiene que soportarlo con su rentabilidad y con la sostenibilidad. Eso ya está implantado y lo tenemos asumido.
A partir de ahí, hay que reflexionar si, ante un problema de estructuración de la producción, la solución son más leyes. No es cierto que no se esté aplicando la regulación y no es cierto que la distribución comercial no la aplique. Sinceramente, creo que no hay que mezclar una cosa con otra, lo que hay que hacer es conocer cuáles son los problemas y afrontar juntos una visión de país. A lo mejor lo que nos está faltando frente a otros países de la UE, es que toda la cadena agroalimentaria en España, liderada también por el Gobierno, tenga una visión frente a esos retos que vienene de Europa.
Entonces, ¿España no tiene una visión de país frente a los retos agroalimentarios?
Creo que otros países probablemente tengan una visión mucho más coherente entre las necesidades de los distintos eslabones y de sus sectores, la actuación de las empresas, la actuación de los gobiernos, de los eurodiputados que ahora se van a elegir... Detectamos que en España falta una visión de país en muchos de los grandes debates de la cadena agroalimentaria.
¿Qué reclama Asedas a los eurodiputados que salgan elegidos en las próximas elecciones?
Lo primero que reclamamos es atención e interés. Ahora mismo no existen eurodiputados en las listas que tengan un conocimiento suficiente y que tengan como misión defender los intereses del sector de la distribución y el conjunto de la cadena agroalimentaria, o al menos no los suficientes. Creo que todos los grupos, junto con el Gobierno y los sectores económicos, debemos ser conscientes de que en Europa nos jugamos mucho. Una parte importantísima, casi el 70% de la regulación, proviene de allí y, ante los grandes debates de la regulación medioambiental, tenemos que tener una visión de país. Muchas veces vienen soluciones de Europa que valen para Ámsterdam, pero no para Tarragona. Si no tenemos esa visión, nos las imponen otros países que trabajan de una forma más coordinada entre los sectores económicos y políticos.
Siguiendo con el tema de la regulación europea, ¿qué opina de las normativas sobre plásticos y envases de España y Europa?
El nuevo marco europeo supone una gran revolución porque implica obligaciones de cumplir objetivos en el horizonte 2030 que van a suponer grandes cambios en la gestión de envases. Nosotros como sector no sólo los asumimos, sino que estamos dispuestos a liderarlos, siempre y cuando se establezcan los objetivos claros, el calendario sea realista y no se interfiera en los mejores medios para alcanzar esos objetivos. Son los sectores los que mejor saben como se pueden organizar en temas como la logística, el diseño de productos o los materiales para alcanzar los objetivos que marca Europa, sin necesidad de que se imponga la forma de hacerlo, porque nuestro país es muy diverso, tenemos modelos de producción y de consumo distintos.
Frente a la regulación europea, en España en el año 2022 se anticiparon determinados objetivos y se impusieron cambios que, vistos ahora con perspectiva, son claramente precipitados. Sobre todo en cuestiones como la prohibición del uso de envases para fruta y hortalizas en determinados formatos o la imposición de referencias de envases reutilizables en los establecimientos en 2025, cuando en 2030 tenemos que tener bien establecido un sistema de devolución y retorno. Lo que indica el sentido común es que esa regulación española que se anticipó se revise ahora para adaptarse al reglamento comunitario.
"Lo más sensato es que sean los distribuidores los que elijan su surtido, lo demás es querer intervenir de una forma artificial en el mercado"
En cuanto al reglamento europeo sobre la morosidad para reducir el pago a proveedores a 30 días, ¿cómo afecta a los supermercados?
Nos ha parecido muy mala iniciativa de la Unión Europea que una cuestión que estaba regulada por una directiva desde el año 2000, que se modificó en 2010 y en nuestro país era pacífica en la alimentación y el gran consumo, no existe ahora mismo un problema de tensión entre proveedores y distribuidores en relación con los plazos de pago. La Unión Europea quiso tramitar esta iniciativa por reglamento, lo que no permite adaptarlo a la regulación de los estados miembros. Establecer un plazo de 30 días para todos los productos sin distinción es algo incoherente con la estabilidad de las relaciones comerciales en sectores como el nuestro, donde normalmente se establecen contratos anuales y luego se van generando pedidos que generan a su vez plazos de pago a partir de la entrega.
Afortunadamente, el Parlamenteo Europeo ha rechazado esa iniciativa de la comisión y recientemente hemos conocido una nueva iniciativa de la presidencia belga para transformarlo en una directiva en vez de reglamento. Esta establece un plazo de referencia, pero con excepciones que permitan adaptarlo a la regulación de cada país. En este debate en el que hemos comparecido, y hemos tenido la ocasión de trasladarlo a la comisión, la regulación española se ha puesto siempre como modelo. Todo es mejorable, pero lo que no se puede es romper con ese equilibrio que se había logrado con los proveedores.
Otro de los temas que ha generado controversia es el del auge de la marca blanca, que ha provocado tensiones con grandes empresas como Pascual o Pepsi, cuyos productos han sido retirados de cadenas como Mercadona y Carrefour. Desde el sector de los fabricantes han acusado a los supermercados de discriminación y competencia desleal. ¿Qué hay de cierto?
En primer lugar no puedo hacer referencia a empresas concretas ni a marcas. En Asedas agrupamos empresas que tienen muy distintos modelos de elaboración de su surtido y de presencia de marcas de fabricante o de distribuidor. A nivel general, nos parece que esta es una polémica un tanto falsa, porque no se trata de un enfrentamiento entre fabricantes y distribuidores sino de distintos fabricantes con distintos modelos de aproximación al consumidor o fidelización. La mayoría de los granedes fabricantes españoles elaboran marcas para ambas partes, por tanto, cada uno es libre de buscar la mejor manera de presentar sus productos al consumidor. Por otro lado, entre las marcas del distribuidor que promueven las empresas de distribución como un instrumento para fidelizar a sus clientes también hay modelos distintos. No se puede hablar de "la marca blanca" o "la marca del distribuidor", hay casi tantas diferencias entre unas y otras como entre las propias marcas de fabricante.
Dicho esto, nos surge una reflexión: si la polémica se quiere crear en torno a determinadas marcas de fabricante que deberían tener un estatus diferente dentro de la distribución, la duda es, ¿cuáles son esas marcas y cuántas? porque en España hay 26.000 industrias alimentarias. ¿Bajo qué argumento unas deben que tener un tratamiento frente a otras? Lo más sensato es que sean los distribuidores las que elijan su surtido, lo demás es querer intervenir de una forma artificial en el mercado. Desde luego, si la solución que se pretende es regulatoria, no entendemos cómo puede haber unos fabricantes que deban tener una situación de privilegio respecto de otros.
Hablaba antes de que es un sector con mucha competencia y últimamente estamos viendo una guerra de promociones entre supermercados. ¿Cree que es una tendencia temporal a raíz de la situación económica de los últimos años o que será algo permanente en el sector?
En España hay más empresas de distribución que en otros mercados europeos, más diversidad de formatos, más reparto de la cuota de mercado, un peso importante de cadenas regionales que no existen en otros países... El consumidor disfruta de ello, pero tiene que estar tranquilo y seguro de las ventajas que supone nuestro mercado. Partiendo de esa realidad, yo niego la expresión guerra de precios, porque trata de trasladar una cierta idea de que los distribuidores, de forma poco responsable, compiten entre ellos para arrancarse cuota de mercado y eso perjudica a otros eslabones de la cadena. No es cierto, lo que hay es una fortísima competencia, en unos casos mediante promociones y en otros mediante una lucha por la eficiencia diaria para que el consumidor perciba eso como una realidad. Hemos visto un comportamiento muy responsable de la distribución, con el énfasis puesto en no perder clientes y en que los consumidores sigan confiando en cada una de las cadenas. Cuando los costes están más altos y el cliente es más sensible al precio, es cuando el distribuidor se tiene que ajustar lo máximo posible. Hay que confiar en el funcionamiento del mercado y en la capacidad de elección de los consumidores.
Teniendo en cuenta los factores macroeconómicos y geopolíticos, ¿cómo cree que van a evolucionar los precios en 2024?
Estos tres últimos años nos han sorprendido a todos por la violencia de la subida de los costes, por factores de aceleración como la guerra de Ucrania que no esperábamos y, desgraciadamente, seguimos teniendo circunstancias geopolíticas que hacen que exista una gran incertidumbre. Viendo los datos, podríamos decir que estamos asistiendo a una normalización de precios en España. Me remito a lo que dije al principio: cuanto más se parezca la situación que vivamos a los últimos 20 años, más estaremos en ese momento de normalización.