Josep Sánchez Llibre (Vilassar de Mar, 1949) vive su segundo mandato al frente de Foment del Treball con los objetivos claros. Luchar por una fiscalidad más favorable para las empresas, y en concreto, por la eliminación del Impuesto de Patrimonio no solo en Catalunya sino en España. Y, después de meses de trabajos y de presentar 11 propuestas a las administraciones, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, para la cual exige un acuerdo político en los próximos meses. De estos dos temas, así como del diálogo social, el salario mínimo, Grifols y Gotham y la amnistía hemos hablado con el expolítico y empresario en ON ECONOMIA:
En 2023 se redujo la temporalidad del mercado de trabajo pero al mismo tiempo, se dispararon los despidos en periodo de prueba. ¿Ha funcionado la reforma laboral?
No nos gustó la reforma laboral. Pero pesó más el diálogo social que la posición de Foment, que no es lo que está haciendo el Gobierno ahora mismo. Globalmente, ha tenido efectos positivos para la generación de puestos de trabajo, como hemos visto con la EPA, y a los empresarios nos da la flexiseguridad que se necesita en una economía liberal de mercado cuando tú inicias un proyecto industrial o empresarial. También es verdad que, si bien los contratos temporales han disminuido, se han incrementado mucho los fijos discontinuos y también, como publica ON ECONOMIA, se han incrementado los despidos en periodo de prueba. Pero a pesar de estas disfunciones, se ha demostrado que la reforma laboral ha funcionado, ha tenido connotaciones positivas porque los datos de empleo en estos últimos años son bastante positivos. Lo que tiene que entender la administración del Estado, cuando se plantea una reforma laboral, que es muy importante, dentro de la negociación colectiva, es que tiene que contar con la opinión de los empresarios, que son los que ponen el esfuerzo, la inversión y la decisión de contratación.
"Yolanda Díaz ha ignorado a los empresarios y ha hecho bandera de ello. No ha estado a la altura de las circunstancias"
¿Se sienten los empresarios ignorados por el Gobierno?
Este Gobierno tiene dos almas. Un alma socialdemócrata, que es la del PSOE, y un alma más extremista, más radical, de izquierdas, que es el alma de antes de Podemos y ahora de Sumar. En materia laboral, liderado por esta segunda alma, el Gobierno no ha buscado la complicidad que tendría que tener con los empresarios a la hora de decidir, por ejemplo, el incremento del salario mínimo. Se tiene que partir de la base de que cuando estamos hablando de salario mínimo, estamos hablando de 1.323 euros por 12 pagas, pero lo que le cuesta al empresario son 1.800 euros porque se tiene que contar el coste de la Seguridad Social, que va a cargo de los empresarios. Para decisiones de esta envergadura es fundamental contar con la complicidad de los empresarios. Y en este caso, la señora Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, nos ha ignorado y no solo nos ha ignorado, ha hecho bandera de obviar el planteamiento de los empresarios con un tema muy importante. Porque este 5% de subida, si los empresarios no lo pueden pagar, lo que pasará es que muchas familias y pequeños autónomos no aflorarán a la economía real e irán a la economía sumergida, cosa que no nos interesa ni a nosotros ni al Estado.
¿En la negociación del SMI, los empresarios, en este caso la CEOE, no podría haber participado más activamente?
Es que esta señora no sabe, no entiende o no quiere entender ni quiere valorar lo que es realmente una empresa. Una empresa es un proyecto empresarial en que hay una serie de personas, empresarios o emprendedores, que se juegan su patrimonio para emprender un negocio empresarial, y tienen que contratar y saber cuánto pueden pagar a los trabajadores. Y que conste que en Catalunya el salario mínimo interprofesional solo lo perciben 300.000 personas. Pero los primeros que decimos que se tiene que incrementar el salario mínimo interprofesional somos los empresarios, que estamos dispuestos a llegar a un 3%, con la posibilidad, si hay desviaciones del IPC, de llegar a un 4%. Pero un incremento del 5% no se puede asumir porque representa 1.800 euros en el mes y el mercado no da para tanto. Nosotros queremos buscar soluciones, pero lo que se nos dice es: si ustedes no quieren un 4%, que estamos dispuestos a llegar a un 4% con estas dos implementaciones que le he dicho, les castigamos con un 5%. ¿Qué quiere decir, que nos castiga? No se nos tiene en cuenta, no se nos busca una complicidad. Y yo no me canso de reivindicar el papel social que hacemos los empresarios: sin empresas y sin empresarios no habría una garantía de la sociedad del bienestar social, no habría cohesión social, se incrementarían las dificultades. Por lo tanto, lo que pedimos al Gobierno es seriedad, rigor, que se nos tengan en cuenta, se dialogue con nosotros y no se nos amenace. Y en este caso yo creo que no solamente se nos ha amenazado, sino que no ha estado a la altura de las circunstancias.
Vivimos unas semanas convulsas para las empresas de Catalunya. Grífols, Glovo, Danone...
Hay sectores o subsectores que sus productos no son competitivos y se toman decisiones como las de cerrar cadenas de producción, como ha sido el caso de Danone. También es verdad que aquí la Generalitat está trabajando conjuntamente con la compañía para intentar buscar alternativas que faciliten que el desmantelamiento de esta fábrica se pueda compensar con otras fórmulas alternativas.
¿Glovo?
El caso de Glovo es totalmente diferente. Glovo es, probablemente, la compañía tecnológica más importante del sur de Europa, desde un punto de vista de lo que representa la distribución de productos de las nuevas tecnologías que está implementando. Se está intentando acomodar para seguir lo establecido por la regulación pero no es una situación que se pueda cambiar de hoy para mañana. Pero estoy convencido de que buscarán soluciones entre Glovo y la Administración del Estado. No veo una falta de competitividad, sino que es una falta de adaptación a la ley que se necesita más tiempo. Porque, repito, hoy Globo es probablemente uno de los unicornios más importantes de la economía española.
¿Grifols?
Grifols vive una crisis por el ataque de un tiburón bursátil, como es Gotham, con informaciones no contrastadas, y lo primero que quiero manifestar es que en Foment del Treball confiamos absolutamente en la gestión de Grifols, que ha hecho que sea la tercera compañía mundial de plasma, y también desde el punto de vista de responsabilidad social. Estamos convencidos de que todas las aportaciones que Grifols ha hecho a la Comisión Nacional del Mercado de Valores finalmente darán el fruto esperado. Y pedimos que se puedan depurar responsabilidades penales por el daño corporativo que ha provocado Gotham, porque estas afirmaciones no contrastadas y que probablemente sean falsas le han dado un beneficio considerable.
El lunes Foment creó un grupo de trabajo para impulsar una limitación de las posiciones cortas y las operaciones especulativas. ¿Cómo lo harán?
Intentaremos plantear soluciones para controlar y reducir estas operaciones en corto que minan la confianza de muchas compañías industriales como Grifols y de las que en el futuro quieran entrar en el mercado bursátil. Por eso hemos creado el grupo de trabajo, dentro de la comisión de financiación no bancaria, para buscar las soluciones y plantear al Congreso, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea modificaciones en el mercado bursátil y eliminar prácticas abusivas que van directamente contra el corazón de muchas compañías industriales.
"Si los empresarios no ueden pagar la subida del 5% del SMI, mucha gente irá a la economía sumergida"
¿En qué piensan? ¿En un tope?
En limitarlas. Hoy eso no está legislado. Queremos que se legisle y estoy convencido de que elaboraremos estas propuestas, las daremos a conocer en los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de Diputados, también de los grupos del Parlamento Europeo y en el Ministerio de Economía, y serán bien recibidas.
¿En qué plazo?
Estamos trabajando en ello. Ya nos hemos puesto también en contacto con el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, para mostrarle nuestra inquietud y que creemos que para dar confianza a los mercados, tenemos que tener mecanismos fiables para no sufrir estos ataques. También hemos estado en contacto con Grifols para ponernos a su disposición.
Hablemos de impuestos: ¿las empresas catalanas sufren un infierno fiscal?
La economía y las empresas catalanas no tienen la fiscalidad que necesitan. Catalunya, desgraciadamente, no tiene una fiscalidad competitiva con respecto a Madrid o el País Valencià. Estas dos comunidades, con los impuestos cedidos, como patrimonio, sucesiones y donaciones, tienen una bonificación fiscal del 95%, y a nosotros lo que nos gustaría es que el Govern de la Generalitat planteara la misma fiscalidad y también bonificara patrimonio, sucesiones y donaciones.
Con Patrimonio han iniciado una ofensiva.
Nosotros entendemos desde Foment del Treball que el impuesto del patrimonio es un impuesto confiscatorio, que el contribuyente lo paga dos veces: por renta y por sus ahorros. Aquí hay una responsabilidad del Gobierno, que tiene que hacer lo que han hecho todos los países de la OCDE, que es suprimirlo. Por lo tanto, aquí sí que hemos iniciado una batalla, que no pararemos hasta que consigamos que se elimine.
"Si el TC no dice que el Impuesto de Patrimonio es inconstitucional, iremos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Estoy convencidísimo de que ganaremos"
¿Cómo va la batalla?
En primer lugar, hemos instado al Partido Popular, a través de nuestros estudios, para que pudiera presentar al Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de este impuesto, y eso está por decidir. Al mismo tiempo también hemos presentado en la Audiencia Nacional un recurso para que vaya al Tribunal Supremo y entonces vaya al Tribunal Constitucional para que también se declare el impuesto como institucional. Por lo tanto, tenemos dos vías en una batalla sin cuartel. Pero además, estamos preparando una iniciativa a través de la Comisión Fiscal de Foment del Treball, que incorpora los 40 despachos fiscalistas más importantes, no solo catalanes sino también españoles, por si el TC no dijera que es inconstitucional, iríamos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para que lo declarara inconstitucional. Estoy convencidísimo de que esto finalmente lo ganaremos.
¿Como ve la continuidad de los impuestos extraordinarios a bancos y energéticas?
Ha pasado la crisis del covid, la economía ha vuelto a los niveles de actividad de los años previos a la pandemia, pero seguimos planteando impuestos extraordinarios. Eso no es un modelo a seguir, es un modelo ineficiente, es un modelo que no está alineado con la competitividad fiscal y con el resto de países de la Unión Europea. Los empresarios catalanes, y las personas físicas también, tenemos una fiscalidad sobrevenida, superior a la madrileña, a la vasca y a la valenciana, para poner tres ejemplos, y eso hace que muchas empresas y muchos ciudadanos se deslocalicen continuamente hacia estas comunidades. Al mismo tiempo reclamamos unas administraciones eficientes con todo lo que representa el ahorro del gasto corriente y para que las administraciones públicas no sean burocráticas.
¿También es un infierno burocrático?
A mí hablar de infierno no me gusta. Pero por culpa de la burocracia de las administraciones públicas, se han marchado 400 compañías de Lleida a otros lugares de Catalunya, quizás a Tarragona o Barcelona, o a la Franja de Ponent, por la ineficiencia y la ineficacia de las administraciones, porque consideraban que por las trabas burocráticas, no podían ser competitivas. Y este ya no es un problema del Gobierno ni de la Generalitat, es un problema de las diferentes administraciones locales.
Mientras Pedro Sánchez anuncia grandes inversiones en Barajas, en Catalunya se ha constituido la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat para la ampliación del Aeropuerto de El Prat. ¿Tiene confianza en que acabe con acuerdo?
Aquí parece, por lo que he leído de la primera reunión, que han puesto la marcha lenta. Y si han puesto la marcha lenta, nosotros pediremos responsabilidades a la Generalitat y al Estado central si una inversión que tendría que estar aprobada y en marcha se retrasa un año más. Desde Foment les hemos entregado 11 posibilidades para la ampliación del aeropuerto, por eso pedimos que no se demore. Nosotros en noviembre estuvimos en la Comisión Europea, hablamos con el gabinete del comisario de Transportes y nos notificaron que si la Generalitat y el Estado no llevan a cabo la ampliación del aeropuerto, perderemos esta gran oportunidad. Yo tengo el compromiso del presidente de la Generalitat, cuando le explicamos que nosotros trabajaríamos en una propuesta desinteresadamente, de que él analizaría las propuestas y que finalmente la ampliación del aeropuerto sería una realidad. Yo confío en el presidente de la Generalitat. No nos valdrán excusas. Han pasado las elecciones municipales y ahora en Catalunya queda un año de legislatura. Nos gustaría que tomaran la decisión antes del verano, pero no valdrá que la planteen de aquí a 12 meses porque sería tomarnos el pelo y los empresarios no estamos para que nos tomen el pelo. Se nos tiene que respetar. Nosotros, la sociedad civil barcelonesa, queremos la ampliación del aeropuerto, es fundamental para la competitividad del país y no queremos perder esta oportunidad.
"El Governo engañó al PSC con la ampliación de El Prat para que le aprobara los presupuestos"
Se están negociando los presupuestos de la Generalitat, quizás sería el momento que se ponga sobre la mesa.
Al Partido Socialista lo engañaron. El Govern de la Generalitat engañó al Partido Socialista. Porque las tres propuestas que motivaron que el PSC aprobara los presupuestos, que eran la B40, la ampliación del aeropuerto y el Hard Rock, brillan por su ausencia. Ahora, nosotros queremos que el Govern de la Generalitat se pronuncie a favor de la ampliación del aeropuerto. Y si no se quiere pronunciar a favor de la ampliación, que lo diga públicamente. Pero, repito, que no se nos engañe, que no se nos tome el pelo, porque ya estamos cansados de reivindicarlo año tras año, ya llevamos tres años reivindicando la ampliación del aeropuerto, y tenemos información de la Comisión Europea que corremos el riesgo de perderlo para los próximos 20 años, y no estamos dispuestos a eso.
¿La amnistía afecta negativamente a la inversión en Catalunya, como algunas organizaciones, como El Círculo de Empresarios, o el presidente de la CEOE, han dicho públicamente?
Nosotros solo hablamos de política económica, no hablamos de la política que se tiene que discutir en el Congreso. Entendemos que una cosa es la política económica y otra es la amnistía. Nosotros pensamos que lo más importante es la economía productiva y la política económica. No queremos mezclar los dos conceptos y sí que queremos hablar de fiscalidad competitiva, queremos hablar de infraestructuras, que eso es lo que nos interesa para que vengan las inversiones a Catalunya. Y si finalmente, pues, a través de la amnistía, una vez esté en vigor, publicada en el BOE, aplicada correctamente por los tribunales, contribuye a resolver el conflicto político que hay entre Catalunya, entre el Govern de la Generalitat, y el Estado central, seguramente eso será un elemento más que favorezca las inversiones, la estabilidad jurídica y la credibilidad de la economía catalana en los mercados internacionales. Sin embargo, repito, a nosotros lo que nos interesa son políticas económicas.
"La amnistía puede ser un elemento que favorezca las inversiones y la economía catalana"
Pues hablemos de política económica: ¿es el momento, ahora que el Gobierno necesita a los dos principales partidos de Catalunya, que se ponga sobre la mesa una mejora de la financiación?
El sistema de financiación se aprobó hace 14 años y es evidente que Catalunya necesita un nuevo sistema de financiación que sea más eficiente y que pueda comportar más recursos para Catalunya. A eso añadimos que también nos puede dar más soberanía fiscal sobre determinados impuestos. Nosotros lo que reclamamos desde Foment del Treball es que las inversiones previstas en los diferentes presupuestos del Estado se ejecuten. Lamentablemente, en la ejecución de los presupuestos en infraestructuras de los últimos 13 años llevamos una diferencia de 40.000 millones de euros y eso es lo que no puede pasar.