Miquel Salazar comanda la Sindicatura de Comptes de Catalunya desde hace poco más de dos años. Nacido en Barcelona en 1956, este licenciado en Derecho y diplomado en Función Gerencial en Administraciones Pública conoce el sector público catalán de memoria. Hace más de 40 años que trabaja en él, desde sus inicios en el área presupuestaría de la Diputación de Barcelona. Dio el salto a la Generalitat en el 2004, primero como director de Política Financiera en el gobierno de Pasqual Maragall, y después como consejero delegado del Institut Català de Finançes (ICF). El 15 de marzo de 2022 tomó posesión del cargo de síndic major de la Sindicatura, el órgano fiscalizador externo de las cuentas y de la gestión económica del sector público en Catalunya, de acuerdo con el Estatut. Es decir, más de 2.000 entes públicos entre Generalitat y empresas participadas, instituciones locales (ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales) y universidades públicas. En el Institut trabajan un centenar de personas, el 75% de ellos auditores, y depende del Parlament. Al final de la 13a legislatura de la cámara catalana y a las puertas de unas nuevas elecciones, Salazar repasa cuál es la salud de un sector público catalán, que califica "tensionado", por las mayores exigencias de los ciudadanos y la "falta de inversiones y de personal".
La Sindicatura de Cuentas acaba de celebrar su 40.º aniversario. ¿Qué destacaría de estos 40 años?
El ejercicio de normalidad democrática, 40 años de ininterrumpidos de una institución que trabaja haciendo su trabajo al servicio del Parlament. Creo que este es el hecho relevante. Por desgracia, nuestra historia nos dice que no estamos muy acostumbrados a periodos de democracias largas.
¿Y desde el punto de vista de la actuación de la Sindicatura, como órgano fiscalizador de las cuentas de las instituciones públicas catalanas?
La actuación de la sindicatura tiene una cosa muy buena y es que es una tarea muy homologable. Nosotros hacemos lo que hacen en Nueva Zelanda. Hacemos de auditores públicos, y por eso el grueso de nuestros componentes es personal formado en auditoría. Pero nuestro trabajo ha evolucionado con el tiempo. Todos empezamos en el campo de la auditoría contable, un campo que no hemos dejado ni dejaremos nunca, pero poco a poco se ha ido incorporando la auditoría de compliance, todo lo que es el control de la legalidad, y aquí hay muchos elementos: contratación, subvenciones, patrimonio, nombramientos, personal, etcétera. Y últimamente se han incorporado dos segmentos más en todo el mundo. Uno es la auditoría operativa. No es suficiente con tener las cuentas bien, sería la condición necesaria. Lo que hace falta, además, es que aquello que hagas tenga un resultado, ver si la relación entre el esfuerzo y el resultado es óptimo o no. El otro segmento es la ciberseguridad. Es muy importante porque es una amenaza real, que ya está aquí: hay muchos entes públicos de Catalunya y del resto de España que han recibido ya atentados de ciberseguridad. Tenemos que comprobar que todas las administraciones tienen aplicadas las medidas suficientes para hacer frente. Necesitamos formar a nuestros auditores y necesitamos especialistas.
"La ciberseguridad es una amenaza real que no acabará nunca y donde el sector público debe mejorar. Necesitamos formar a nuestros auditores y necesitamos especialistas"
¿Y cómo está el sector público catalán en este sentido?
Muy mejorable. Se tienen que hacer más cosas, pero no las explicaremos para no dar ventaja al enemigo. Pero es mejorable y, por lo tanto, debemos preocuparnos. Pero el hecho mismo de que esté en la agenda de las administraciones, que el propio gobierno de la Generalitat tenga una agencia, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que funciona, que está dando servicio a hospitales, universidades, a los propios departamentos de la Generalitat… que la Sindicatura se haya apuntado y lo reivindique seriamente y con rigor, es una buena señal. Pero es un prepararse que no acabará nunca, es una política de prevención que se extenderá en el tiempo, no tendrá final. Y además pasará, como siempre con estas cosas, que cuando tú sepas prevenir determinados tipos de ataques, te vendrán otros con los que tú no contabas.
¿Cómo definiría la salud del sector público catalán, desde un punto de vista de las cuentas y de la contratación, de lo que ustedes fiscalizan?
Nosotros hablamos con los informes. En el último informe de las cuentas de la Generalitat de 2021 explicábamos que había una cierta preocupación, había un problema entre ingresos y gastos, imputable a muchas cosas, pero hay un problema entre ingresos y gastos.
Pero en el 2021 estábamos en pandemia, la situación ahora debe ser diferente.
No, porque no creo que los ingresos se hayan incrementado tanto como para que hayan podido resolver el déficit. En todo caso, hay un déficit que hasta ahora se está tolerando por parte de la Unión Europea, pero el año que viene es el último. Hay un desajuste, no nos tenemos que engañar. La administración, tanto la Generalitat como los ayuntamientos, está muy tensionada. Por varias razones. Una porque los años de crisis, entre 2011 y 2012, fueron años muy malos. No se ha repuesto personal, se ha jubilado gente sin hacer una transición con respecto a los jóvenes, es decir, ha habido sitios que había una persona que se ha jubilado y no ha repuesto este puesto y, por lo tanto, es una administración tensionada. En el diario salen los médicos, pero hay más: ingenieros, docentes, profesores universitarios... Es una administración a la cual se le exige mucho, como a todas. Por ejemplo, las reglas de contratación cada vez se han complicado más, son más exigentes, requieren más capacidades, más tecnología, más conocimiento... Pero sobre todo, lo que tenemos que pensar es que tenemos una administración que tiene que hacer frente a muchas cosas, y debe estar muy preparada. Las funciones de la Sindicatura en el marco de la fiscalización del sector público no se pueden limitar a la revisión económica financiera y a la legalidad, sino que se debe dar un paso más y evaluar la eficiencia de los servicios, tal como recoge la ley de la Sindicatura. Y en este sentido observamos en nuestros trabajos que hay mucho margen de mejora. Muchas veces tienes la sensación que saben más los otros, los de fuera, que los de dentro. No para que no sepan los de dentro, sino porque son pocos.
"La administración tiene que hacer frente a muchas cosas y tiene que estar muy preparada. Y muchas veces tienes la sensación de que saben más los de fuera que los de dentro"
Ponga un caso.
Cuando tú negocias una concesión, hay un concesionario que quiere sacar el mejor rendimiento posible, y es legítimo, pero tú tienes que defender tus intereses, que son los intereses del sector público y, por lo tanto, tienes que estar muy preparado. ¿La gente que tenemos está preparada? Sí. Pero muchas veces hay que estar preparado en muchos campos, en muchas materias. Y a veces ves situaciones donde tienes la sensación de que ha sido más listo el concesionario que el concedente. Alguien podrá pensar, 'este lo que quiere es más funcionarios' pero no hablo de eso. La sociedad está exigiendo más. Nos inventamos la cita previa, pero ahora ya no funciona porque la gente no quiere cita previa. Por lo tanto, quiere decir que tenemos que volver a poner gente.
Fiscalizan la administración de la Generalitat, los ayuntamientos, diputaciones, universidades... ¿Dónde hay más irregularidades y de qué tipo (financieras, en la contratación, ayudas, corrupción...)?
Hablamos de irregularidades, o deficiencias.. De deficiencias contables, cada vez hay menos. En el campo de la contratación, algunas, en el campo de las subvenciones, también. Después, en el sector local hay un problema, es un sector muy fragmentado, como se sabe, y donde, aunque hay instituciones que se dedican a mantener la existencia de estos entes, como las diputaciones o los consejos comarcales, sí que hay ayuntamientos que tienen problemas serios para cumplir el marco normativo. En cuanto a corrupción, en la Sindicatura tenemos un sistema que es muy sencillo y muy claro. Nuestra ley dice que si tú, como resultado de tu fiscalización, ves una situación que es susceptible de provocar un ilícito — digámoslo así en términos mucho más genéricos—, tienes que comunicarlo a la autoridad competente. ¿Qué quiere decir eso? Que si vemos un problema de IVA, enviamos el informe con el acuerdo del pleno a la AEAT [Agencia Estatal de Administración Tributaria], que es la responsable de recaudar el IVA. Si vemos una situación en la que podemos entender que se comete uno de los delitos que el Código Civil especifica que se puede englobar en corrupción, pues lo enviamos al fiscal.
"Hay ayuntamientos que tienen problemas serios para cumplir el marco normativo"
Muchos ciudadanos pueden tener la percepción que los políticos aprovechan su estancia en la política para meter mano en la caja. ¿Qué les dice?
Que miren a los políticos que hacen al revés. La política es como toda la vida. Yo llevo en la administración desde el año 83 y he conocido gente de todo tipo. Seguro que hay casos, y a veces tenemos el suflé del momento, porque también hacemos suflé, pero es un tema cultural, también hay corrupción en las empresas. ¿Sabe cuántos alcaldes hay en Catalunya que están trabajando y que cuando terminan se van por la noche a hacer de alcaldes? Tenemos que equilibrarlo, lo fácil es decir todos meten mano en la caja, pero eso es muy simple. Miremos cuánta gente del sector público trabajó durante la pandemia aunque se podían poner enfermos: bomberos, mossos, urbana, sanitarios, concejales, consellers, directores generales, administrativos, economistas… Me sabe mal que se generalice. Cuando hay casos, que los hay, hace falta denunciarlos y llevarlo hasta el final y hacerlo bien. Pero no demonicemos a todo el mund. Primero porque es injusto, y segundo porque no es verdad.
Ustedes actúan de oficio y por encargo del Parlamento... ¿En qué se basan para actuar de oficio?
Hacemos un plan anual donde programamos una serie de actuaciones, que básicamente son informes de fiscalización. Decimos a qué lugar iremos y qué haremos, a partir de un mapa de riesgos. Este plan anual lo enviamos al Parlament y nos lo aprueba. Aparte, hay algunas cosas que hacemos porque la ley lo dice. Por ejemplo, la cuenta general de la Generalitat y la cuenta general de las corporaciones locales. Hay un tercer caso de actuación que son las resoluciones del Parlament. El Parlament, a través de la comisión de la Sindicatura, nos pide un informe concreto, como por ejemplo, uno que ahora está de moda: gastos en el periodo de emergencia de la covid. Hemos hecho muchos informes sobre la covid, unos 8 o 9, sobre gastos, sobre subvenciones, tanto al Govern como a los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y diputaciones. El último fue sobre ayudas al tejido productivo.
"Durante la covid se compraron muchas cosas en un momento muy difícil y no hemos visto un grueso de irregularidades que fuera muy notable"
¿Y cuál es, después de toda esta retahíla de informes sobre la Covid, su conclusión sobre cómo se ha gestionado la Covid en Catalunya, tanto a nivel de Govern como a nivel local?
Yo diré lo que dicen los informes. Durante la covid se compraron muchas cosas en un momento muy difícil y en nuestros informes, lo que hemos podido constatar, es que no hemos visto un grueso de irregularidades que fuera muy notable. Alguna sí con respecto a la recuperación de las subvenciones. Tú das una subvención, pero si no se cumplen las condiciones por las cuales la diste tienes que hacer un proceso de resarcimiento, tienes que recuperar la subvención. Lo que vemos es que algunos de estos procesos van muy lentos. Si hubiéramos visto cualquier otra cosa, le aseguro que se hubiera dicho.
Empezamos la campaña electoral y la Sindicatura no fiscaliza las cuentas de los partidos catalanes, lo hace el Tribunal de Cuentas. ¿No cree que lo tendría que hacer?
Es una competencia que hemos perdido y yo soy de los que pienso que tendríamos que hacerlo. Pero no es el más indicado por mi parte entrar en un tema de competencias en periodo electoral. Sí que fiscalizamos el gasto electoral, que es importante.
La Sindicatura fiscaliza todas las instituciones públicas catalanas menos el Parlament. ¿No cree que también se tendría que fiscalizar?
No.
¿Y quién lo fiscaliza?
No creo que me corresponda a mí opinar al respecto. La fiscalización del Parlament es una decisión de la cámara. Históricamente los parlamentos no han querido ser fiscalizados para no perder peso ante el ejecutivo. Y si no mire el gran parlamento de Gran Bretaña, que no está fiscalizado. El Parlament de Catalunya tiene un sistema de fiscalización, tienen una persona, con un equipo, que es la interventora del Parlament, una plaza que es independiente y autónoma, que tiene su capacidad de actuar, y que en Catalunya llamamos Oïdora.
El plan estratégico 22-28 de la Sindicatura habla de problemas internos a los que se enfrenta la institución. Hablan de herramientas poco actualizadas, de personal envejecido, desmotivado, de falta de personal, de rigidez de la estructura, de dar un nuevo aire en la comunicación. ¿Qué es lo que más le preocupa de todo eso?
El relevo. Estamos contratando a más gente. Tenemos mucha gente en edad de jubilarse, o que ya se han jubilado, y hay un gap entre esta gente... porque durante los 10 años que no entró gente a la administración pública, nos saltamos una generación. La gente de 65 hace un relevo a gente de 40. Por lo tanto, nosotros tenemos el mismo problema que puede tener el Hospital Clínic, aunque el Clínic es mucho mayor, eh. Pero sí que hay un problema de relevo que resolveremos. Estamos tensionados porque lo está toda la administración, porque han confluido una serie de cosas, una crisis económica muy fuerte de la cual no sé si acabamos de salir del todo bien. Mire: empleados del sector público de Catalunya: 300.000. Sindicatura de Comptes, 105 y queremos llegar a los 120 ordenadamente. Tenemos que ser muy buenos para fiscalizar todo eso, ¿no? La Generalitat es muy grande, otra cosa es que tengamos déficit fiscal, pero es muy grande. Con muchos sectores diferentes y con lógicas y gobernanzas diferentes. Hemos estado diez años sin hacer pruebas, sin acceso de gente de la calle. Y se ha ido jubilando gente. Así no aguanta una estructura y se ha aguantado. También les tenemos que reconocer su tarea.
Otra de las amenazas de este plan es la externalización del control financiero en el sector público. ¿No quieren auditores externos?
Hay un debate. Nosotros somos 100 personas y, por lo tanto, no podemos auditar todo lo que querríamos. Si nosotros tuviéramos la resolución de contratar auditoras externas, pues, auditaríamos mucho más. La Intervención lo hace, tiene empresas auditoras que contrata anualmente para auditar las empresas públicas.
Podrían hacerlo también.
No está prohibido, pero no nos sentimos cómodos, no le vemos mucho sentido. Todas las empresas públicas están auditadas por la Intervención. Por lo tanto, nuestro trabajo tiene que ser otro, tiene que ser un trabajo más de ir buscando temas concretos.