José María (Pepe) Álvarez nació en Asturias en 1956 pero con 19 años se fue a trabajar a Catalunya. Llegó a la secretaría general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en 2016 cuando sucedió a Cándido Méndez. También ha sido secretario general de UGT Catalunya de 1990 a 2016. En 2021 fue reelegido secretario general con el 86% de los votos.
Álvarez defiende el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.080 euros aunque es consciente de que no compensa “en ningún caso” la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores. Para el resto, urge a la CEOE a reanudar la negociación del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con intención de llegar a un acuerdo en la subida salarial y recuerda a la patronal que si no lo hace “no le va a salir gratis”. El dirigente de UGT también repasa la reforma de las pensiones o un empeño del sindicato: revisar el coste de despido.
¿El SMI ha subido a 1.080 euros cuando UGT quería 1.100? ¿Cómo valoran la subida cerrada con acuerdo de los sindicatos?
Nosotros pedíamos 1.100 euros y la patronal 1.040, lo que no compensaba en ningún caso la pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras y de los trabajadores. De todas formas, se trataba de una negociación para tratar de convencer al Ministerio de Trabajo de que lo justo era aumentar lo suficiente el SMI para que, los que menos dinero ganan, puedan llegar a fin de mes, pero quienes finalmente toman la decisión son ellos. Nosotros en todo momento hemos explicado que otros países europeos como Alemania había subido el salario mínimo un 15%, Bélgica un 13%, Países Bajos un 10% e incluso Grecia un 9,7%. No obstante, la subida está en la parte más alta del tramo sugerido por la Comisión de Expertos del Gobierno, que iba del 4,6% al 8,2%. Para UGT, era una necesidad imperiosa aumentar el salario mínimo, tanto para las personas trabajadoras en general, que veían mes a mes cómo se reducía su poder adquisitivo con el aumento de los precios, como para los colectivos más vulnerables de nuestro país, como los jóvenes o un millón y medio de mujeres, que verán reducidas las diferencias salariales respecto a los hombres en el mercado de trabajo. De esta forma, el incremento del SMI, que mejorará la vida de entre 2,3 y 2,5 millones de personas asalariadas (el 14,5% del total), era fundamental no solo en términos económicos, sino también de suficiencia y de garantía social.
Sobre el acuerdo salarial, conocido como AENC, con la CEOE: ¿han presentado a la patronal su nueva propuesta?
Primero, no estaría mal que la CEOE hiciese alguna propuesta de vez en cuando, porque llevamos desde abril del año pasado con una patronal que solo nos pide que hagamos propuestas. Y hemos presentado una detrás de otra, que no se puede decir que no hayamos flexibilizado. Porque no es lo mismo una cláusula de revisión salarial que actúe el 1 de enero con carácter retroactivo o que actúe al final del proceso de negociación. Hemos dado alternativas más que suficientes. Estamos ultimando con CCOO una nueva propuesta de ligar la cláusula de revisión salarial a los índices de productividad y de beneficios empresariales por sectores, por comunidades autónomas o por provincias.
¿Cuándo empezará a negociarse el AENC con la patronal?
Que estemos trabajando en la nueva propuesta no impide el que empecemos a hablar. Si la CEOE quiere que liguemos beneficios en los convenios sectoriales, ya tenemos los datos de la Agencia Tributaria que están muy actualizados. Por tanto, fórmula hay para que empecemos a hablar. Consistiría en ver si los niveles de beneficios son más o menos altos y si la productividad mejora y de negociar si la cláusula de revisión salarial sea más cien por cien. Hemos dado un paso delante de una magnitud muy importante y lo que quiero es que la CEOE dé un paso adelante y diga que se puede hablar.
¿Saben si la CEOE está dispuesta a sentarse a negociar sobre esta propuesta?
Esta fórmula todavía no se la hemos planteado directamente, pues la hemos estado hablando con CCOO recientemente. A partir de aquí, podemos empezar a negociar, pero yo quiero conocer su respuesta a la propuesta. Porque la negociación salarial con la CEOE se parece cada vez más al día de la marmota. Llevamos dos años de retraso y no puede eternizarse, pues está generando expectativas entre los negociadores de los convenios colectivos y no podemos mantener sine die una mesa abierta que, por otro lado, no la vemos muchas posibilidades de éxito. El AENC es un modelo de negociación español sin precedentes europeos y me parece extraordinariamente positivo para los trabajadores y para las empresas porque genera unos índices de conflictividad bajísimos y agiliza la negociación colectiva.
¿Qué pasará si la CEOE no se sienta a negociar con afán de encontrar un acuerdo salarial?
Si la CEOE no ve importante el AENC, pues qué le vamos a hacer. Iremos a una negociación de los convenios clásica y nosotros tendremos que armar más al sindicato en los ámbitos en los que se negocia e ir a otra estrategia de movilizaciones. Porque desde mayo ya iniciamos movilizaciones, aunque entonces teníamos dos ojos, uno puesto en la movilización y el otro en la mesa de negociación salarial con la CEOE por el AENC. Quitaremos el ojo de la mesa de negociación y nos dedicaremos a tejer sindicato.
¿Van a endurecer las movilizaciones?
Sobre todo vamos a coordinarlas, tanto en los ámbitos territoriales como desde una perspectiva intersectorial. Lo que hasta ahora han sido muchísimas movilizaciones, que ahora sean menos pero más potentes, con más gente. Tenemos que hacer confluir los grandes sectores donde tenemos más fuerza sindical con aquellos donde tenemos menos presencia que es donde no hemos levantado cabeza en la negociación colectiva.
¿Se podrían convocar, pues, huelgas sectoriales a nivel nacional o una huelga general en una provincia?
Seguro. Esto es lo que nos vamos a encontrar. La CEOE tiene que saber que no le va a salir gratis la posición que tiene en la negociación salarial y es un análisis cien por cien coincidente con CCOO. Y lo iremos poniendo blanco sobre negro en las próximas semanas.
En la reforma de les pensiones. ¿Escrivá les ha comunicado cuál es el nuevo plazo que ha dado Bruselas?
No tenemos ninguna comunicación, pero creo que no hay una fecha cerrada. En esta reforma, la pelota está en el terreno político y luego volverá a nuestro campo. Nosotros le hemos dicho al ministro que queremos ir a la negociación sabiendo cuál es el margen que tiene el Gobierno, porque no queremos encontrarnos con una coyuntura política similar a la de la reforma laboral sin mayoría en el Parlamento. Deberíamos negociar con un cierto camino despejado en el ámbito político para poder concretarlo en el ámbito del diálogo social. Estos son los inconvenientes de negociar con un Gobierno con una mayoría parlamentaria compleja y en el caso de las pensiones, más compleja.
Hay una complejidad añadida, pues el ministro dice que hay un compromiso con Bruselas de subir el periodo de cálculo de las pensiones.
El documento que el Gobierno envió a Bruselas, al menos el que nosotros conocemos, da margen para negociar, pues no es un documento cerrado. Porque si ya ha acordado con Bruselas ¿para qué nos vamos a sentar a negociar? Que nos diga lo que va a hacer y nosotros le diremos si estamos de acuerdo o no. En la concertación, cuando te sientas en una mesa lo importante es conocer cuáles son los márgenes para negociar. Porque Bruselas obligue, no vamos a firmar; pues Bruselas obliga al Gobierno no a nosotros.
"Para nada es una exigencia de Bruselas subir el periodo de cálculo de la pensión a 30 años"
En teoría hay que subir el periodo de cálculo a 30 años según el compromiso con Bruselas.
Para nada es una exigencia de Bruselas. El documento enviado a la Comisión dice que se hablará del aumento del periodo de cálculo pero no se dice ni cuándo, ni cuánto y si no se puede sustituir por otros equilibrios. Como no dice cuánto, yo podría pensar que ya hemos cumplido con las subidas que quedan pendientes para completar los 25 años pactados en 2011. Por tanto, el margen de negociación es discutible. Además, la UE no puede hacer inviable la concertación y tiene que haber un margen para discutir y con ese ánimo hemos ido a las negociaciones. Hay que recordar que el Ministerio ha ido moviéndose, lo que quiere decir que no está tan cerrado. Ahora ya no son 30 años, son 28 gracias a la posibilidad de elegir 24 mensualidades que se quedan fuera del cómputo.
UGT ha planteado bajar de 15 a 12 años los exigidos para acceder a una pensión contributiva. ¿Cómo ha sido acogido?
Se lo hemos hecho llegar al Gobierno pero no ha habido más negociaciones. Además, ahora están más pendientes de solventar las diferencias entre los dos socios de Gobierno. No tiene sentido discutir nuestra propuesta si no tiene una vía parlamentaria y de Consejo de Ministros para aprobarla con consenso. Si el nudo político se deshace, lo que no implica que se cierre un acuerdo sino que fijen los criterios, se abre inmediatamente la perspectiva de un acuerdo social.
¿Temen que un repunte de la inflación complique los convenios colectivos?
El comportamiento del IPC de los últimos meses tiene que ver con las medidas del Gobierno y la central, la excepción ibérica, se va a mantener. No parece probable que volvamos a inflaciones pasadas. Pero no está controlada y más allá de grandes declaraciones, el Gobierno debe entrar en el ‘monopolismo’ de la distribución. Y se agudiza cada vez que hay oportunidad de que unos pocos hagan mucho dinero. Y eso no se solventa poniendo el dedo sobre uno, ni sobre dos, ni sobre tres [en referencia a Mercadona y Juan Roig que sufrió un ataque por Unidas Podemos]. A mí que se queden los dividendos en España no me genera un profundo odio, sino al contrario; porque aquí parece que cuando los dividendos se quedan en España es un problema y si se van a Alemania o a Francia -países con cadenas de distribuidoras importantes en España- parece que no tiene importancia. Y tiene mucha importancia.
¿El Gobierno dice que la inflación no se debe al aumento de los márgenes empresariales?
Yo no he oído a Economía dar las explicaciones. Pero que la inflación subyacente (sin energía ni alimentos frescos) esté en los niveles actuales (7,5%) es la prueba evidente de que los márgenes están creciendo porque sobre el resto de los productos no hay esta espiral inflacionista si las energías y los costes en origen están cortados.
“Fuimos conscientes de que con la reforma laboral se iban a disparar los despidos”
UGT ha denunciado ante Bruselas las indemnizaciones por despido improcedente. ¿Trabajo les ha convocado a negociarlo?
Quiero advertir que desde que España ha ratificado las directivas del Comité Europeo de Derechos Sociales nosotros tenemos pleno derecho a exigir el cumplimiento de tales directivas. En abril presentamos la demanda porque fuimos conscientes de que con la reforma laboral se iban a disparar los despidos, porque como no iba a haber temporalidad, se podía tirar del despido como instrumento de ajuste. Entendimos que era el momento de plantear este desfase entre la legislación española y la europea. Porque la nuestra solo tiene en cuenta para la indemnización el tiempo de permanencia en la empresa, mientras que la común en la UE se tienen en cuenta las condiciones que afectan a las personas a la hora del despido. Después apareció la ministra situando el tema, que a mí me pareció bien aunque podía haberlo hecho antes de que denunciásemos, pero nunca es tarde. Pero no se ha producido ningún tipo de interlocución sobre este tema, aunque nos conformamos con la resolución.
¿Se podría haber ido avanzado?
Antes de que se produjese la resolución del Comité, sería bueno que ganásemos tiempo. Pero no nos engañemos, pues los tribunales pueden aplicar la resolución aunque no haya desarrollo legislativo. Y parece evidente que la resolución va a ser favorable. Nuestra demanda no es inocente, pues aunque estamos muy contentos con la reforma laboral, quedan cosas por resolver. Somos pues conscientes de que abrimos la puerta a otro melón que es el precio del despido, aunque dudo que se pueda hacer antes de que acabe esta legislatura.
¿Qué supondría para los trabajadores una resolución favorable a la demanda de UGT?
Es un cambio sustancial. Ante un despido improcedente la indemnización no se fijará solo por el criterio del tiempo que haya durado el contrato, con 33 días por año trabajado. Lo que significa que un trabajador que lleve un año, que ahora despedirlo es poca cosa, ya no será peccata minuta, porque ese trabajador podrá pedir resarcimiento por las condiciones en las que esté trabajando y en las que se va. Estamos hablando de un incremento importante. Y en el caso de despidos colectivos para trabajadores con más de 55 años se tendrán en cuenta sus expectativas de encontrar empleo o su formación, el valor no tiene por qué ser los 33 días.