Unai Sordo (Baracaldo, Vizcaya, 1972) llegó a la secretaría general de CCOO en 2017 y renovó en 2021. Desde 2009 hasta 2017 fue el secretario general en Euskadi, además de secretario de Juventud (2000-2004) y secretario Territorial de Vizcaya (2004-2009). Antes fue militante de base en la industria de la madera y tiene el título de Graduado social. Sordo nos recibe el día en que aprobaron una propuesta conjunta con UGT que han presentado a CEOE para un segundo intento de negociar un acuerdo salarial. Pero en esta ocasión, hay plazo: si el primero de mayo no hay trazas de un posible acuerdo, se romperán las negociaciones. De la reforma de pensiones, reitera que llevan si sentarse en la mesa con el equipo de José Luis Escrivá desde diciembre, aunque el ministro reiteró este viernes que la reforma será tramitada por decreto ley y que dará tiempo en esta legislatura dado que la presentación del texto "es relativamente inminente".
Respecto a las declaraciones del ministro Escrivá, este sábado ON ECONOMIA preguntó a Sordo sobre la posibilidad de que el Gobierno pudiese aprobar la reforma de pensiones dando por cerradas ya las negociaciones: "No veo posible el cierre de la reforma de pensiones sin más negociaciones, porque sea cual sea el formato legislativo que se utilice (decreto ley) tiene que ser ratificado por una mayoría parlamentaria", contestó.
¿En la negociación con la CEOE para un acuerdo salarial, CCOO y UGT han pedido recuperar un 5% del poder adquisitivo perdido en 2022. ¿Cómo se articulará esta recuperación?
Se decidirá en cada convenio colectivo, pues hay muchas formas, aunque lo que se pedirá es la incorporación de ese 5% a las tablas salariales del año 2022 y la recuperación de los atrasos. Pero la experiencia nos dice que cuando ha pasado el año, esto suele ser difícil. Por eso, es sustancial para nosotros incorporar en los convenios subidas en torno a las que estamos planteando [5% para 2022, 4,5% para 2023 y 3,75% para 2024] y cláusulas de revisión salarial, que es el elemento más importante ya que permitirá cubrir los diferenciales entre la subida inicial y la inflación de cada año. Pero sería bueno pactar la orientación en el marco del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
En la propuesta trasladada a la CEOE se plantea la elaboración de un Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENC) que determine de forma objetiva los beneficios de los sectores sobre los que se va a negociar un convenio colectivo. ¿Este índice lo debería elaborar el Gobierno para que sea objetivo?
Este sistema sería fruto de una negociación, aunque la Administración pública tiene que facilitar estos datos, particularmente Hacienda y en parte la Seguridad Social. Y con esos datos se puede fijar un indicador público, objetivo, objetivable y fehaciente, para conocer cuál es la marcha de las empresas que cuelgan de cada convenio colectivo. Por tanto, la Administración debería facilitar la información, pero el Gobierno debería mantener una actitud neutra, pues queremos un dato objetivo.
¿Debería ser el Gobierno el que elabore el dato de cada convenio?
Se puede hacer de muchas maneras y estoy seguro de que habrá una pugna sobre cómo configurar el dato. Porque dependiendo de la información que se utilice, se obtendrán unos excedentes empresariales u otros. Pero lo que a nosotros nos llega por lo que hace público Hacienda es que los excedentes en 2022 son los más altos desde 2014 y eso es lo que hay que objetivar. Y sobre eso podemos ligar en cada convenio hasta qué punto la recuperación de los salarios ha de cubrir toda la inflación o, incluso más en los convenios donde la marcha de las empresas sea boyante. O también, allí donde haya que llegar a acuerdos un poco más relajados.
¿El Gobierno está dispuesto a elaborar ese dato objetivo?
Lo tenemos que contrastar, aunque lógicamente algún contacto hemos tenido y hemos visto voluntad y no les suena mal la música.
La CEOE ha pedido ligar las subidas salariales a la productividad. ¿Estarían dispuestos?
Es que la productividad depende de muchos factores y en España ha tenido muchas veces un comportamiento anticíclico por lo que no conviene ligarla excesivamente a los salarios. La productividad se incrementó en 2009 y 2010 cuando se perdía un millón y medio de puestos de trabajo, aunque la producción no llegó a caer tanto como el empleo, lo que permitió incrementar la productividad por hora trabajada. Según esa lógica, se deberían haber subido los salarios esos años, pero CEOE se negó alegando que al haber crisis se debía tender a una contención salarial. Ligar la productividad a salarios, tal como funciona la productividad en la economía española puede llegar a ser un sinsentido. Todo el mundo entiende que la viabilidad de las empresas, los salarios y los empleos depende de la productividad, pero es como el colesterol, la hay buena y mala. Es buena si se incorpora formación o digitalización al proceso productivo, y es mala si se logra reduciendo puestos de trabajo o incrementando las horas de trabajo no retribuidas.
¿Cómo cree va a recibir la CEOE la nuevo propuesta en busca de un acuerdo salarial?
No tiene fácil dar un portazo a la propuesta, porque creo que es lo suficientemente fina como para no poder rechazarla de plano A partir de aquí la negociación se va a dar y tiene una oportunidad para el acuerdo. Porque lo verdaderamente importante de la propuesta es vincular la cláusula de revisión salarial a la inflación, pero también a otro indicativo. Habrá, pues, una oportunidad de negociar, pero no puede demorarse sine die y si no está resuelto antes del primero de mayo hay que dar por cerrado el AENC, porque no tiene sentido dar a las mesas de negociación de los convenios colectivos una especie de efecto placebo, pensando que un acuerdo nacional les va a resolver su negociación. Si hay desacuerdo hay que ir a la batalla convenio a convenio.
El consumo de las familias se está deteriorando y el Gobierno tiene que actuar
¿Cómo será esa batalla?
Teniendo en cuenta cómo van las hipotecas para millones de familias, más la persistencia de una inflación alta, preveo que habrá un incremento de la conflictividad laboral, y los sindicatos trataremos de que así sea.
En mayo ya dijeron que iban a iniciar movilizaciones ¿Qué cambiará ahora?
Entonces ya preveíamos que se iba a producir una dualidad en el nivel de movilización y en los logros salariales. Y podría ocurrir otra vez que los sectores más organizados y sindicalizados obtengan subidas salariales mucho mejores que aquellos sectores más dessindicalizados, más precarizados y atomizados. Y es un gran problema para millones de trabajadores, pero también para el país. Por eso, tenemos que sindicalizar los sectores más precarizados, aunque primero debemos poner toda la carne en el asador para que un acuerdo general con la CEOE facilite la negociación de los sectores más débiles.
¿Qué papel debe jugar el Gobierno si la negociación salarial con la CEOE fracasa?
El Gobierno no puede ser una estatua de sal. La recuperación de los salarios es necesaria para la mejora de las condiciones de la clase trabajadora, pero también desde el punto de vista de la salud económica del país y de la demanda interna. El consumo de las familias se está deteriorando y el Gobierno tiene que actuar. Y tiene dos palancas: la fiscal, particularmente en el impuesto sobre Sociedades, y la redistributiva a través de la política de rentas que se puede intensificar. Instamos al Gobierno a qué actúe, en caso de que hubiese un nuevo bloqueo.
¿Qué demandan al Gobierno si hay bloqueo?
Qué tocase el impuesto de Sociedades de forma ambiciosa, el cobro de un impuesto sobre los beneficios contable de las empresas evitando todo el juego de deducciones que lleva a las grandes empresas a pagar impuestos ridículos.
El Gobierno ya lo ha subido al 15%.
Más que el tipo, la cuestión es qué base imponible se aplica. El problema es que esa medida que ha tomado el Gobierno tiene muy poco efecto porque no es sobre el beneficio contable de la empresa y, por tanto, deja jugar a todo el sistema de exoneraciones y deducciones que hace que las empresas hagan muchísima elusión fiscal. En especial las grandes que puede y saben hacerlo, y sobre todo los grupos de empresas. Por eso nuestra propuesta es ir a un modelo de un impuesto a capón; es decir, aplicar un 15% o un 20% sobre el conjunto del beneficio contable, sin permitir que jueguen a no pagar impuestos dentro de lo que permite la ley.
Sobre la reforma de pensiones, han pedido al ministro Escrivá que les facilite el coste de subir a 28 años el periodo de cálculo de las pensiones. ¿Tienen las cuentas?
No nos han facilitado ningún dato, aunque manejamos nuestras prospecciones. Pero es que ni siquiera hemos podido situarnos en esa negociación porque debemos desentrañar una fase previa, pues las medidas que están encima de la mesa -que está bloqueada hace meses- requieren de complicidades en tres ámbitos: el político, el social (sindicatos y patronales) y el de la Comisión Europea (CE). En la medida que se filtra que el Gobierno tiene un determinado margen o aval de la CE, si es distinto a lo que había en la mesa nos lo tendrá que explicar. Y a día de hoy no lo ha hecho. Por eso, nosotros decimos que si esto es así, que se abra el Pacto de Toledo para que se pronuncien los distintos grupos políticos y si tiene que mandatar alguna cosa nueva en el marco del diálogo social, pues que se haga. Y si no hay nada de Bruselas, lo que no sabemos muy bien es porque está paralizada la mesa.
El papel que les entregó el Ministerio sí hablaba de aumentar a 28 años…
Sí, está dicho y filtrado. Pero también está relativamente claro que no hay un consenso político sobre esa medida y nosotros ya hemos dicho que la medida no es imprescindible. Primero debemos comprobar el efecto que ha tenido la subida del periodo de cálculo a 25 años y, después, para cumplir con el hito contraído con Bruselas, ver cómo afrontamos la realidad de que las carreras de cotización no son lineales y ascendentes y van a tener picos. ¿Podemos abordar de otra manera estas discontinuidades? Estamos dispuestos a verlo, pero necesitamos saber si hay un consenso político para sacar adelante la medida.
¿Saben cómo están las negociaciones en el plano político? Especialmente entre los socios del Gobierno
Sí, nos llega de forma permanente porque tenemos puestas antenas en todas los sitios. Pero no somos partidarios de ir aireándolas, porque bastante opaca y complicada es la negociación. Bueno, aunque ahora no hay negociación, no hemos tenido un convocatoria formal desde diciembre…
¿Ni informal?
Bueno, conversaciones sí, pero prácticamente ni informales. Yo deduzco que el Gobierno está buscando abrir nuevos márgenes de negociación a caballo de la CE y el perímetro político. No se nos escapa que hay otros líos políticos, pues unas cosas acaban afectando a otras y me imagino que hasta que no se resuelvan las pendientes, empezando por la ley del solo sí es sí, no se darán pasos en lo siguiente.
Pero en mayo o junio España tendrá que pedir el cuarto cobro de los fondos de Recuperación y entre los hitos exigidos está la reforma de pensiones.
También se decía en diciembre que si no estaba, no se liberaba el tercer pago. A veces se exagera mucho la nota. Sé que la CE tiene sus exigencias, pero no estoy tan seguro de que una medida que como se dice desde el propio Gobierno tiene un efecto neutro sobre las cuentas de la Seguridad Social pueda ser tan relevante como para bloquear los fondos de la cuarta economía del euro. Esto es algo más complicado que el castigo de la CE y está relacionado con lo que de verdad está pidiendo la CE: una relación entre las medidas de gasto que ha adoptado España (verano de 2021), con las medidas paramétricas de ingresos que va a necesitar el sistema de la Seguridad Social a mediados de este siglo. Lo que implica aumentar dos puntos y pico del PIB al gasto en pensiones de aquí a 2048.
¿Cómo aumentar los ingresos hasta esos niveles?
Ese es el nudo gordiano que tiene que resolver, no solo la Seguridad Social, sino España como Estado. Y por eso creo que lo que hay sobre la mesa, en general, es muy positivo, porque estamos hablando de un gran acuerdo de Seguridad Social, aunque hay un elemento que distorsiona y que no está nada claro cómo se va a resolver. Pero, el 85% de lo que estamos hablando son medidas netamente positivas. Habrá que discutir de la profundidad de las mismas, porque no es lo mismo destopar las bases máxima de cotización un 30% o un 40%, o totalmente. No es lo mismo, pero la medida es positiva se haga como se haga.
Lo que a mí me ha sorprendido del salario de Garamendi es que tanta gente se haya sorprendido
Para la CEOE no es una buena medida.
Ya, pero yo me estoy refiriendo desde la clave de la estructura de ingresos de la Seguridad Social.
Sobre las indemnizaciones por despido. ¿El Ministerio de Trabajo va a abrir esta negociación?
Está en el terreno de las especulaciones, de los mensajes cruzados. Y es lo suficientemente importante para que si de verdad hay un intento de abordarlo, que creo que España lo va a tener que abordar, se ponga con luces y taquígrafos. Debería haber una indemnización mínima para desincentivar el despido de las personas con pocos meses de antigüedad, pues ahora el coste es tan nimio que se hacen despidos improcedentes por cuatro perras. Mejorar una indemnización mínima y cambiar el sentido de quién decide si un despedido improcedente se va a la calle o vuelve a la empresas serían dos elementos muy disuasorios en el uso del despido en España. Que nosotros querríamos abordar, pero no está encima de la mesa en estos momentos.
¿NI estará en esta legislatura?
Es factible en términos abstractos, pero ¿en términos políticos? A mí no me gusta venderle motos a la gente. Veo muy complicado que en la fase final de la legislatura se vaya a abordar un tema que va a generar una bronca importante con la CEOE y que políticamente tengo dudas de qué mayoría sería capaz de concitar.
¿Qué opina del revuelo a costa del salario del presidente de la CEOE?
No tengo buena información de lo que ha ocurrido. Sobre la cantidad sí, porque ha salido, y eso no me ha sorprendido. He hecho referencia a los salarios que tienen los directivos del Ibex 35 en España, pero parece que algunos han descubierto la pólvora con el salario de Garamendi. En España las personas que están en los consejos de Administración tienen unas retribuciones medias de 600.000 euros. Los primeros directivos del Ibex 35 cobran 90 veces la media de sus plantillas, porque en España hay unas diferencias salariales absolutamente exorbitantes, casi diría que obscenas. Que en este contexto salte lo de Garamendi…. Lo que a mí me ha sorprendido es que tanta gente se haya sorprendido. Y sobre la figura de autónomo, no tengo información y no me gusta especular.