Las empresas españolas viven en la ilegalidad en materia de igualdad. Más concretamente, 21.935 compañías, el 69% de las 32.314 empresas que están obligadas a tenerlo (todas las que tienen más de 50 trabajadores), ni lo han aprobado ni lo están negociando, como ya publicó este domingo ON ECONOMIA. Hay sólo 7.889 que lo tienen en vigor y 2.500 mesas de negociación abiertas. Pero entre todas las que incumplen, tan solo fueron detectadas 1.058 infracciones (el 4,82% de las que no cumplen la ley) por parte de la Inspección del Trabajo, a las que se aplicaron sanciones que suman 2,58 millones de euros, según cifras del ministerio de Trabajo. O sea, que al 95,18% de las empresas que estaban obligadas a tener un plan de igualdad o al menos empezar a negociarlo desde marzo de 2022, les ha salido gratis vivir en la ilegalidad.
Además de las sanciones, el ministerio realizó 3.822 requerimientos. "Es totalmente insuficiente", defiende con contundencia Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT y responsable de igualdad, que cree que si hubiera voluntad de las empresas "tendríamos a 20.000 a la espera, y no se da el caso". Con todo y con eso, los 2,58 millones de euros en multas por incumplir planes de igualdad de los inspectores de Igualdad son 8,6 veces más que las impuestas en 2021, que fueron de 324.800 euros por 163 sanciones.
Son, en efecto, las empresas quienes deben tener la iniciativa de arrancar el plan de igualdad, que se resuelve con una negociación colectiva con los sindicatos o comités de empresa. Desde el año 2007, con el Gobierno de Zapatero, las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras están obligadas a aplicarlo, pero en 2019 se introdujeron novedades a raíz del plan de igualdad que obligan a renovarlo para adaptarlo a la nueva normativa y, además, amplía el espectro a todas las empresas de más de 50 trabajadores, que son 32.314 en toda España. Dio hasta el 7 de marzo de 2020, un día antes del 8 de marzo, a las empresas de más de 150 personas para tenerlo terminado; hasta el 7 de marzo de 2022 a las empresas de más de 100 personas y hasta el 7 de marzo de 2022 a las empresas de entre 50 y 100 personas. Pero estos plazos, finalmente, se quedaron en el mero simbolismo, porque a 7 de marzo de 2023 todavía habrá 24.415 empresas, un 76% de las que están obligadas, sin plan de igualdad.
El incumplimiento, de cualquier forma, venía arrastrándose (y peor) de la anterior ley: en 2019, solo el 6% de las empresas que estaban obligadas lo cumplían, según fuentes sindicales, aunque habían tenido doce años para hacerlo desde la primera obligatoriedad.
El plan de Igualdad nace para subsanar la discriminación de género en las empresas y obliga a tomar medidas cuantificables y evaluables para identificar y mejorar las situaciones de desigualdad. Así, por ejemplo, la nueva ley obliga a una auditoria retributiva que permita conocer a la empresa la brecha salarial y a establecer un calendario y un comité de seguimiento para cumplir mejoras.
Los inspectores, sobrecargados de trabajo
El bajo ratio de sanciones que aplica la inspección de Trabajo coincide con un periodo de alta conflictividad laboral y sobrecarga de trabajo en este departamento que depende del ministerio liderado por Yolanda Díaz y que se ha saldado con diversas huelgas en lo que va de año. Los sindicatos piden desde hace meses que se refuerce la plantilla y se cumpla un plan estratégico firmado en noviembre de 2021 que no se ha cumplido y que reforzaría el papel y la estructura de este órgano. "La ministra del diálogo social no dialoga y no podemos asumir la carga de trabajo a la que se nos somete", afirma a ON ECONOMIA Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS).
Los inspectores han llegado a amenazar de huelga indefinida y, para Ercoreca, la situación es clave para que no se hayan podido llevar a cabo más actuaciones de igualdad. "La ampliación del abanico a empresas de 50 o más supone una gran carga de trabajo y no ha venido de la mano de personal para llevar a cabo más inspecciones", explica Ercoreca, que enumera nuevas tareas como poder abordar el teletrabajo, combatir a los falsos autónomos o las tareas que tuvieron que asumir durante el covid para comprobar las desinfecciones "sin un refuerzo operativo".
Con 1.000 inspectores en toda España, la inspección de Trabajo consiguió regularizar la situación de 30.000 empleadas del hogar en 2021, último año del que hay informe estadístico anual y en el que realizó 223.982 visitas e impuso 57.652 sanciones. La reforma laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y los múltiples cambios abordados por la ministra de Trabajo para mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras en España, paradójicamente, supone un aumento del estrés y de la carga laboral de los inspectores que deben hacer que todo eso se cumpla. Y, en esa coyuntura, la ilegalidad y la impunidad es lo que impera en materia de planes de igualdad.