La nueva ley 2/2023 del 20 de febrero protección a alertadores, en vigor desde el mes de marzo, obliga a las empresas e instituciones públicas a crear un canal interno de denuncias anónimas, normalmente un software que registra las reclamaciones sobre diferentes actividades ilícitas que un trabajador comprueba y que puede no sentirse cómodo o protegido para denunciarlo públicamente. Cuando hablamos de alertadores, término en inglés conocido como whisteblower, la imagen más recurrente es la de Edward Snowden, que denunció en 2013 el espionaje masivo de los Estados Unidos a sus ciudadanos a través de publicaciones en prensa. Pero un alertador no es solo un gran filtrador de grandes escándalos y ON ECONOMIA, con la ayuda del socio legal de Grant Thornton, Joan Saula, ha tenido acceso al tipo de denuncias, que van del acoso sexual a la estafa, que se registran en el canal interno de la consultora, que tiene un software disponible para las empresas cliente. 

La nueva ley aún está por desplegar del todo porque el Gobierno está a expensas de crear la Autoridad Independiente de Protección de Informantes, que se ocupará de garantizar la seguridad de los alertadores y el cumplimiento de la ley por parte de las empresas, a pesar de que la ley lleva siete meses en vigor. Sin esa autoridad, las empresas no son sancionadas. En las comunidades que tienen oficinas anticorrupción (Valencia, Andalucía, Catalunya, Navarra y Baleares), la agencia autonómica tiene transferidas las competencias y ya se encarga de aplicar esta ley, si bien la oficina de Baleares está amenazada por el nuevo gobierno autonómico, que ya ha anunciado su eliminación. 

Aunque la ley cobra un importante peso económico y de transparencia en los casos de denuncias de corrupción y desvío de fondos, varias fuentes del sector apuntan a que el canal es incluso más utilizado en casos de conflictos personales, malas conductas o acoso en el trabajo y muchas de las denuncias acaban en despidos o expedientes sancionadores. 

Entre los 10 casos aportados por la firma Grant Thornton, ocho de las denuncias derivaron en despidos y dos de ellas en expediente disciplinario, muestra de que el canal interno puede ser una vía contra la impunidad. Las denuncias están explicadas de forma genérica para no exponer la identidad de los denunciantes, a quienes la ley justamente protege también en anonimato. Grant Thornton gestiona 30 canales internos de denuncias y ha recibido ya 25 denuncias, o sea que existe un alto ratio de denuncias por empresa. 

Prostitución y delitos contra el medio ambiente

En el sector servicios, Grant Thornton recogió al menos dos casos de acoso sexual, una sobre un empleado y la otra sobre un grupo, y en ambos casos las denuncias derivaron en despidos. También en el sector servicios, un caso que llegó al delito por abusos sexuales también desencadenó en el despido del acosador. Una vez resuelto el conflicto o abuso laboral interno, el denunciante también siente mayor protección a la hora de llevar a cabo el curso legal si lo estima necesario. 

De nuevo en el sector servicios, un trabajador o trabajadora fue despedido de su puesto por cometer un delito de prostitución, extremo grave puesto que en España tan solo se considera delito el hecho de obligar a alguien a tener sexo a cambio de dinero. 

En el sector marítimo, el canal interno permitió una alerta sobre un trabajador que operaba bajo efectos del alcohol y/o a las drogas, vulnerando la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. También fue despedido. 

Otro delito que fue destapado gracias al canal interno de denuncias fue el de estafa "por ofrecer productos sin que cumplieran con las cualidades técnicas publicitadas", apuntan desde Grant Thornton. Despedido. 

También se dio una situación delictiva de revelación de datos de carácter personal y otro contra la salud pública "por usar productos no debidamente homologados". Despido para ambos. 

Tan solo dos de las 10 situaciones recogidas por ON ECONOMIA derivaron en expediente disciplinario y no en despido: se trata de una situación de trato degradante respecto a subordinados y otra de delito medioambiental por el tratamiento ineficiente de residuos industriales. 

Vía contra la impunidad

Todos estos casos demuestran que, si estás viviendo una situación anómala en tu trabajo, si presencias o eres víctima de casos de acoso, mobbing, corrupción o incluso abusos, utilizar el canal interno de denuncias puede ser una vía contra la impunidad y para resolver la situación internamente. 

Desde Grant Thornton, en 2019 realizaron una encuesta a empresas que concluyó que tan solo una de cada diez tenían un canal interno de denuncias. Hoy, estiman que son el doble, dos de cada diez, o sea que "aún hay muchísimas empresas, y también empresas grandes, que no lo tienen". Con todo, son las pequeñas, entre 50 y 250, las que pueden tener más problemas para activarlo, si bien tienen más margen de tiempo, hasta diciembre, para hacerlo. Desde el mes de junio, las empresas de más de 250 trabajadores están obligados a tenerlo.  

"En los últimos meses, nos han escrito muchas empresas, con prisas, interesadas tanto en el asesoramiento por compliance como para el canal de denuncias", explica Saula. Grant Thornton ofrece la posibilidad de gestionar el canal de denuncias por un precio de entre 150 y 300 euros mensuales, según el tamaño de la empresa, pero existe también la posibilidad de que la empresa contrate por su cuenta un software de denuncias internas, que puede costar unos 500 euros anuales. 

Desde el despacho de abogados CECA MAGÁN, Rocío Gil, socia y abogada penalista, defiende que "la ley es sobre todo para que no se tomen represalias contra los informantes". "Intenta darle un tono positivo al hecho de denunciar, que una vez denuncies todo quede mejor recogido y protegido" defensa Gil. "Además, te ofrece la posibilidad de estar informado en todo momento sobre el avance de la investigación, porque antes generaba mucha incertidumbre y angustia el hecho de no saber si avanzaba o no", añade.