Las empresas de Tarragona Alcover Química y Cromogenia Units, así como la aseguradora de ambas, QBE, tendrán que pagar 1.140.000 euros a la familia de un trabajador de las dos empresas que se suicidó en su puesto de trabajo en mayo de 2020. Lo hizo, según la sentencia del juzgado de lo social 2 de Tarragona, a causa de "la ansiedad y la angustia vital" que sufría, según ha informado este lunes el Col·lectiu Ronda de abogados, y de acuerdo con la sentencia a la que ha tenido acceso ON ECONOMIA.

El juzgado de Tarragona considera probados graves "incumplimientos en materia preventiva" y "carencias significativas en sus obligaciones" de proteger la salud e integridad del trabajador, aunque la situación de estrés que sufría el trabajador "era conocida por todo el personal de la fábrica".

"Si hubiera existido evaluación de riesgos psicosociales probablemente se podría haber evitado el suicidio del sr. o al menos se habría detectado, ya que era conocido por muy trabajador de la fábrica el clima laboral que provocaba su gran estado de tensión y angustia, que es el desencadenante final y eficaz del suicidio", reza la sentencia.

"El suicidio se produce a veces motivado -como en el caso que nos ocupa- por situaciones de estrés o presiones de ámbito laboral o clima laboral que pueden derivar de factores relacionados con la prestación de servicios laborales", alerta la sentencia, basada en los informes periciales.

El informe aportado por la pericia señala que había indicios de que el trabajador ejercía como gestor y directivo de las dos empresas y también como apoderado, a la vez que era también hombre de paja o testaferro y que asumía "la culpa de acciones y omisiones que cubrieran a otras personas, los auténticos directivos y administradores de las sociedades sobre los que recaían las decisiones y las no decisiones trascendentes". Cobraba, por estas altas responsabilidades, 1.890 euros de la empresa Alcover y 2.279 de la empresa Cromogenia Units.

Existe, concluye la sentencia, "un nexo causal entre el contexto empresarial y laboral del muerto y el acto de quitarse la vida". A la primera sentencia del año 2022, el juzgado tarraconense dictaminó que existía un accidente laboral y ahora, una vez ratificada la primera por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), decide el pago de la indemnización.