Este jueves, se cumple un año con las empresas de más de 250 trabajadores obligadas por ley a tener un canal de denuncias interno para que se pueda alertar de manera anónima de corrupción y otros abusos en las empresas. Es posible que, si trabajas en una empresa de este tamaño, no esté cumpliendo la ley porque, un año después, no existe todavía la autoridad independiente que debe velar por su cumplimiento y sancionar a quienes incumplan. Su creación es inminente, ya que el pasado 9 de mayo se sacó a consulta pública el decreto que anuncia su creación y prevé una plantilla de 42 personas y un coste inicial de creación de 4,6 millones de euros. A corto plazo, la entidad pretende financiarse con las multas que ponga.
La Ley 2/2023, del 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, entró en vigor el pasado 13 de marzo con el fin último de dotar de mayor protección a los conocidos mundialmente como whisteblowers (soplones), que se han traducido como alertadores y que son quienes denuncian irregularidades dentro de una empresa. Obligaba a la creación de canales internos que permitan el anonimato de las denuncias en las empresas y establecía un cumplimiento gradual. Pero esa gradualidad ha quedado del todo inservible al no existir la autoridad que se preveía que pusiera las multas y controlara el cumplimiento de esta ley.
Cuando entró en vigor, se daba 3 meses a las empresas de más de 250 personas para habilitar este canal interno. El 1 de diciembre, las pimes de entre 5 y 250 empezaban a estar obligadas. Sin embargo, no se ha podido controlar el cumplimiento de esta ley y no hay estadísticas sobre su cumplimpiento porque la Autoridad reguladora no ha existido. Es otro caso más de una ley creada sin estructura para su cumplimiento. "El ritmo de implementación es muy lento y creemos que la mayoría de pequeñas empresas no tienen el canal ni conocen su obligado cumplimiento", explica Diana Gurau, responsable de GRC de Grupo Logalty, empresa que desarrolla el software que permite a las empresas registrar las denuncias.
A las comunidades autónomas con Oficina Antifraude, como son el caso de Catalunya, Andalucía, Navarra y Comunidad Valenciana (Baleares hasta hace poco, porque la cerró el nuevo gobierno de las Islas), la ley sí que las dotó con autoridad para sancionar y regular el cumplimiento del canal de denuncias interno. Por ello, Catalunya ha llevado a cabo un registro que sirve como muestra del bajo nivel de cumplimiento: el pasado mes de marzo, tan solo 1.514 de las 8.000 empresas obligadas (un 19%) tenían activo el canal interno de denuncias.
Ocho de cada 10, así pues, se exponían a multas, pero la Oficina Antifrau prefirió optar por los avisos. "No queremos que las empresas catalanas afronten sanciones que en el resto de España no afrontan", relatan fuentes de dicho órgano público, que reconocen que no saben si Antifrau mantendrá la autoridad una vez se cree la oficina estatal.
Dicha entidad, además de velar por el cumplimiento de la ley, recibe las denuncias que no son atendidas de manera interna. O sea, el denunciante que no ve su alerta respondida de manera interna, tendrá un canal de la administración pública para denunciar. Además, dicha autoridad será también la responsable para gestionar las denuncias internas de la administración pública.
"Los clientes que ya tienen este canal están muy satisfechos", detalla Gurau, que cree que una vez se active la autoridad, esta ley "va a ser un antes y un después en muchísimos sentidos". Gurau alerta además de que las empresas deberán correr para cumplir la ley porque "las empresas que no tengan el canal podrán ser multadas de manera retroactiva", o sea, por todos los meses que, desde que está en vigor la ley, no han contado con dicho canal. "Con estos canales, se crearán entornos laborales mucho mejores, en la línea de todas las mejoras a nivel de compliance y gobernanza que se están regulando", completa.
Junto al decreto ley sobre la creación del Estatuto de la Autoridad Indpendiente de Protección al Informante, firmado conjuntamente por los ministerios de Presidencia y Justicia, Hacienda y Transformación Digital, se publicó una memoria de análisis del impacto normativo con las previsiones de gasto y estructura para este nuevo órgano.
Arrancará sin presupuesto propio, pero con un coste inicial de 4,6 millones de euros, procedentes de dos programas ya aprobados previamente, de los cuales 2,6 millones serán para los sueldos de los 42 profesionales que formarán parte, más allá del presidente de la entidad, repartidos en cuatro departamentos: gabinete técnico, departamento de protección al informante, departamento de seguimiento y régimen sancionador y gerencia. A medida que se vayan imponiendo sanciones, la Autoridad espera poder financiarse "fundamentalmente" con el importe de las mismas, según recoge la memoria.
Todo esto queda recogido en una información pública de decreto ley que quedaba abierta a alegaciones hasta el 21 de mayo, por lo que la medida que finalmente se apruebe en el Consejo de Ministros puede incluir algunas modificaciones. Lo que no queda claro es dónde estará ubicada la Autoridad ni aun se sabe quién la presidirá.