Tres meses después de que entrara en vigor la Ley 2/2023 de protección al denunciante de corrupción, a partir de este martes 13 de junio las empresas de más de 250 trabajadores (5.162 compañías en España) están obligadas a tener un canal interno de denuncias para que todos los trabajadores puedan detallar de manera anónima y confidencial casos de corrupción, abusos y otras ilegalidades. Se buscan soplones para denunciar ilegalidades. Si no lo tienen, podrían ser multadas con entre 600.000 y un millón de euros. A falta de un registro público que detalle cuántas de ellas ya cuentan con este canal (el ministerio de Justicia no ha respondido a la petición de ON ECONOMIA), el socio legal de Grant Thornton, gran empresa de servicios profesionales y consultora, Joan Saula, alerta que "aún hay muchas grandes empresas que no cuentan con este servicio".
La ley entró en vigor el pasado mes de marzo y busca mejorar la transparencia y el cumplimiento de la legalidad por parte de las empresas, protegiendo a todo aquel que quiera denunciar una irregularidad. Pero si las empresas no están cumpliendo su parte, tampoco el Gobierno ha activado todavía la Autoridad Independiente de Protección del Informante, alternativa que debe crear para que la utilicen aquellos trabajadores de empresas que no tengan su canal de denuncias. La ley fue aprobada el pasado mes de febrero, tres años después de que se adoptase la Directiva de la UE de Protección de los Denunciantes que daba a los países miembros hasta el 17 de diciembre de 2021 para aplicarla en una ley estatal. Llega, por tanto, con dos años y medio de retraso sobre la fecha límite y con todavía muchas incógnitas en el aire.
La primera: ¿se pondrá el ministerio de Justicia, órgano competente, a denunciar a las empresas que incumplen a partir de este martes? "Creemos que el proceso sancionador no será inmediato, que en principio habrá una campaña más disuasoria. Además, hay comunidades autónomas que todavía no tienen transferidas las competencias o activadas las gestiones de los canales", abunda Saula, mientras que desde la Oficina Antifrau de Catalunya, de las pocas que sí que tiene transferidas las competencias y tienen activo el canal para denunciar, defienden también que existirá una "campaña de sensibilización" antes de las multas. "Es un cambio profundo de cultura", justifican. En su caso, de hecho, se adelantaron y crearon la opción de denuncias anónimas en el año 2017. Según fuentes de Antifrau, tan solo hay 30 empresas catalanas registradas con canal activo de denuncias, si bien es posible que algunas empresas hayan activado el canal sin registrarse en el organismo.
Desde Grant Thornton, en 2019 realizaron una encuesta a empresas que concluyó que tan solo una de cada diez tenían un canal interno de denuncias. Hoy, estiman que son el doble, dos de cada diez, o sea que "aún hay muchísimas empresas, y también empresas grandes, que no lo tienen". Con todo, son las pequeñas, entre 50 y 250, las que pueden tener más problemas para activarlo, si bien tienen más margen de tiempo, hasta diciembre, para hacerlo.
Prisas por la ley
"En el último mes, nos han escrito muchas empresas, con prisas, interesadas tanto en el asesoramiento por compliance como para el canal de denuncias", explica Saula, que estima entre 15 y 20 las empresas que se han interesado por la asesoría en su empresa. Grant Thornton ofrece la posibilidad de gestionar el canal de denuncias por un precio de entre 150 y 300 euros mensuales, según el tamaño de la empresa, pero existe también la posibilidad de que la empresa contrate por su cuenta un software de denuncias internas, que puede costar unos 500 euros anuales.
Uno de los softwares a través de los que se puede activar el canal de denuncias internas de las empresas es la empresa catalana Co-Resol, que es la que utiliza Pimec. Aunque ofrecen el servicio desde 2019, sus clientes se han duplicado desde que en febrero se aprobó la ley y ahora están por encima de 100. "Para empresas pequeñas, funciona a veces como un seguro, porque pueden no tener incidencias o muy pocas. En empresas grandes, con más volumen, pueden suceder más irregularidades y estos canales le permiten conocer los casos antes de que peten o que crezcan y pueden gestionarlo mejor", explica Josep Fígols, director de la empresa, que tiene clientes como UOC, Casa Ametller o Ajuntament de Lleida.
La nueva ley pretende proteger a personas que denuncien ilegalidades para que su identidad sea preservada y para que las autoridades puedan actuar sin que exista riesgo para ellos. Te protege ante tres supuestos: la denuncia a través de canales internos, la denuncia a través de canales institucionales (que aún no se han creado a nivel estatal ni transferido a autoridades autonómicas) en el caso de que no haya canales internos y también la denuncia pública a través de redes sociales o medios de comunicación. "La ley está aún en construcción, se ha tardado a transponer la directiva, desde 2019 hasta 2023, y ahora está tardando de nuevo en crearse la autoridad estatal que debe garantizar las denuncias", abunda Fígols.
Desde Pimec, reconocen que hay "empresas que aún no están implementando" el canal de denuncias internas y que algunas de las pequeñas "esperarán a diciembre", cuando el canal ya será obligatorio para empresas de más de 250 trabajadores. "Es una herramienta que pone en valor la ética, el buen gobierno y que no sucedan cosas sin que se entere la compañía, así como ayuda a evitar el fraude a nivel competitivo. Es bueno para la ética y para la transparencia", desarrolla Itziar Ruedas, directora del departamento jurídico de Pimec.
En la misma línea, Saula, de Grant Thornton, defiende que se trata de una normativa que "fomenta que si conoces una irregularidad, se conozca" y "también generará más apego a las empresas, porque si sabes que la empresa no actúa ante ilegalidades, se genera una desafección".
Existen, en cambio, críticas a la forma en que se está ejecutando la ley. Para empezar, defiende Saula, "no ha habido una buena campaña de información" del gobierno y "muchas de las empresas no tienen ni idea de que están obligadas a crear el canal de denuncias", más allá de la falta de creación de la autoridad sancionadora a nivel estatal. Con todo, "existe un riesgo en no tener el canal" a pesar de que no se empiecen aún a llevar a cabo las denuncias, expone Saula. "Si sucede algo en una empresa y no existe un canal de denuncias, el responsable de esa falta es el administrador de la empresa", aclara.
Saula defiende el éxito de los canales de denuncias internos en países europeos que ya lo aplican desde hace años. Es el caso de Suiza, Alemania, Francia y Reino Unido. En 2021, un 60% de las empresas en estos países ya contaban con estos canales de denuncias internas y la mayoría estaban convencidas de su utilidad y eficacia, según un estudio del grupo EQS y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Graubünden, en Suiza. Alrededor de un tercio de las empresas pudieron descubrir más del 80% de pérdidas financieras gracias al canal de denuncias, apuntaba el mismo estudio, que desestimaba un riesgo elevado de denuncias falsas dentro de las compañías.