El acuerdo de gobierno para la coalición entre PSOE y Sumar que fija una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas -dos horas y media menos cada semana o media hora menos cada día que las actuales 8 horas al día para las 40 semanales- ha despertado ya las reacciones esperadas: rechazo frontal de la patronal y aplauso de los sindicatos. Si los trabajadores lo ven como una cuestión de "derechos" y apuntan ya a la jornada de 35 horas o a la semana laboral de 4 días como próximo objetivo, los empresarios avisan de que afectará a sectores como el comercio o la agricultura y aseguran que va contra la empresa. Los economistas también discrepan sobre cuestiones parecidas en función de su perspectiva, pero coinciden en algunos puntos como, por ejemplo, que la medida tendrá un coste para las empresas y en que será mayor para los sectores más presencialistas.
Si en sectores "con más alto valor añadido", como la farmacéutica, la industria biomédica o la aeronáutica la pérdida de jornada "tendrá un impacto menor", según apunta Pau Vila, director del think tank liberal Instituto Ostrom, en sectores "con menos valor añadido" como la industria de montaje, la agricultura o el comercio y la hostelería. "Lo interesante es ver que entre el sector de mayor valor añadido, ya ha habido empresas que han hecho ese proceso y voluntariamente han visto reducida su jornada y preguntarse por qué el resto de empresas no lo han hecho", apunta Vila, convencido de que la forma de reducir la jornada no es mediante estos cambios normativos, "sino apostando por una economía que refuerce estos sectores de mayor valor añadido".
En efecto, Vila apunta a los datos del Ministerio de Trabajo que muestran que la mayoría de convenios de hecho registran horarios de entre 38,5 y 39,5 horas semanales y que en actividades financieras el 88,8% tienen contratos de 37,5 horas a la semana o menos, o de un 61,4% en el caso de la educación o del 59,1% en información y comunicaciones. En el sector público, ya se aplica un convenio de 37,5 horas semanales o menos. En el otro extremo, no existen convenios en el sector inmobiliario por debajo de 38,5 horas, y poquísimos en sectores como el transporte o la agricultura, donde el 91% de convenios están entre las 38,5 y las 39,5 horas semanales. La media de horas trabajada en España por trabajador es de 37,8 horas semanales.
Vila asegura que la reducción de la jornada es "como tomar un antitérmico para curar la fiebre". "Si hay empresas que no se podían permitir reducir la jornada, es porque hay un problema de fondo", apunta, con lo que la reducción lo que puede generar es "una mayor mortalidad empresarial" en sectores de bajo valor añadido. "En sectores con problemas de costes por el precio del producto básico o por la elevada competencia internacional en que los costes de contratación no se pueden repercutir, puede haber un riesgo muy elevado de que las empresas desaparezcan o tengan que hacer recortes", alerta Vila, que pide "más profundidad" en este tipo de decisiones.
Ayudas a las empresas
Desde la óptica de alguien que ha estudiado la reducción de jornada favorablemente, el doctor en Economía Jon Bernat Zubiri reconoce que la reducción laboral "tendrá unos costes" para las empresas, pero asegura tener la fórmula para subsanarlos, aunque esta aún no es contemplada por el Gobierno español. "El coste que hemos calculado es de 3.000 millones de euros, que se podrían cubrir con ayudas públicas. Dos tercios de estas ayudas volverían al estado por el IRPF, otros impuestos y los subsidios de desempleo que se dejarían de pagar", asegura Zubiri, que defiende que una vez se retiren estas primeras ayudas (que él vincularía a las empresas que necesiten contratar), "el aumento de la productividad y la disminución de costes asociada a la mejora de la salud laboral debería compensarlo". Los costes, defiende, "serán mayores en sectores más presencialistas y menores en sectores con más presencia de la tecnología o más flexibles".
No comparte este análisis Álvaro Zapatel, economista y profesor de EADA Business School, que recuerda que, desde que Francia redujo su jornada laboral en 1999 a 35 horas semanales hasta hoy, "no ha aumentado su productividad", medida en Producto Interior Bruto (PIB) por hora trabajada. Para Zapatel, "la reducción laboral tiene sentido cuando se ha dado un aumento de la productividad", situación que no se da en España. "Si sumamos esta reducción de horas al aumento de los impuestos a las empresas, se puede dar en España una menor atracción del empleo, que las empresas no contraten la misma cantidad de personas", alerta Zapatel, que cree que "a la práctica, la empresa que vea cómo sus beneficios se reducen porque tiene que contratar más para cumplir los horarios, va a acabar teniendo que aplicar recortes". Y niega que las ayudas sean la solución porque "el estado ya está presionado en términos tributarios" y porque "una vez se acaben las ayudas, el problema persiste".
En un sentido similar, el economista Fernando Trias de Bes se posicionó en una columna reciente en ON ECONOMIA asegurando que el éxito de la reducción de jornada, descartada en algunos países, "depende en gran medida de la naturaleza de los sectores que componen el PIB". "España es un país donde la reducción de jornada de tal alcance no puede estar compensada con productividad ni por asomo", completaba. "En sectores intensivos en servicios y aquellas que funcionan por turnos, estas reducciones van a suponer bajadas de producción o bajadas de productividad. De verdad, imaginen un pequeño taller de reparaciones, de tres trabajadores. ¿Alguien en su sano juicio piensa que las 7,5 horas de menos de los tres mecánicos van a ser compensadas con la contratación de otro trabajador? Les aseguro yo que no. Muy bien le tiene que ir al taller, y las cosas están más que difíciles", aporta en su columna semanal de este domingo, donde de nuevo aborda la cuestión.
Efectos diferentes por sectores
El economista Eduardo Garzón, también favorable a la medida, defiende la medida en términos de derechos y recuerda que "todas las medidas que mejoran las condiciones de vida de los trabajadores se han aprobado con oposición de la patronal" y que las voces de que "no se puede llevar a cabo" también se escucharon cuando se plantearon la abolición de la esclavitud, del trabajo infantil o la jornada de 40 horas. "Tenemos capacidades tecnológicas para reducir la jornada laboral, aunque hay que hacerlo progresivamente para ir consolidando las mejoras", defiende Garzón. "En algunos sectores encajará mejor y en otros peor, pero es la forma de repartir el tiempo de trabajo para crear más empleo y para que la gente trabaje menos", abunda Garzón, que sí que subraya que "es importante que se implante de manera progresiva para que el impacto sea menor".
En efecto, la medida planteada por la coalición tiene una implantación progresiva y arrancaría con 38,5 horas en 2024 para alcanzar las 37,5 ya en 2025, cuando se abordarían los resultados para empezar a enfocar hacia una jornada de 35 similar a la que plantean los sindicatos. Aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que la negociación colectiva seguirá marcando la evolución de los convenios, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que va "en contra de las empresas" y de la negociación colectiva, así como la ha tildado de medida "populista" y ha alertado que afectará a sectores como la hostelería, el comercio o el turismo, visión que coincide con el análisis de los expertos.
Desde la patronal catalana Foment del Treball, el director laboral Javier Ibars ha asegurado que no es correcta una reducción "de manera uniforme y homogénea por la vía legal, sino que deberían hablar más de una reordenación y flexibilización del tiempo de trabajo".
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en cambio, ha defendido, en cambio, esta medida y que se haga por ley para marcar las bases después de la negociación colectiva. "Es una medida positiva para los trabajadores y para la economía. Vamos a ganar en productividad y competitividad", ha dicho. Su homólogo en Comisiones Obreras, Unai Sordo, también ha asegurado que la reducción permitirá "generar más empleo, para repartir mejor la productividad y para facilitar la conciliación".