El Ministerio de Trabajo comandado por Yolanda Díaz anunció el pasado mes de enero que la jornada laboral se reduciría de las 40 horas actuales a las 37 y media en 2025, con un periodo intermedio en el que se trabajen 38,5 horas en 2024. La idea es que cuando se apruebe entre en vigor las 38,5 para que, a día 1 de enero de 2025, se trabaje 37,5 horas semanales. Pero no cantes victoria: la ley no está aprobada y, por tanto, no es seguro que vayas a trabajar menos a partir de entonces. 

A día de hoy, esta reducción todavía no es una realidad, ya que la Mesa de Diálogo Social que se creó no ha avanzado porque la patronal se opone a esta reducció. Eso sí, el Ministerio ve indicios de que en la próxima reunión sobre este asunto, que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre, se avance sobre este tema. 

Hasta la fecha, sin embargo, la CEOE lo que ha pedido es aplazar esta medida y que no empiece en 2025 como pretende el ejecutivo. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, expresó el pasado viernes su "confianza" en que la patronal lllegue a "hacer un esfuerzo" para esta reducción que, según defendió, "reclama la ciudadanía". Pérez Rey añadió que se han cerrado elementos relacionados con esta reducción, como la desconexión digital, el registro horario eficaz y la reducción paulatina del tiempo de trabajo. 

El asunto de la desconexión digital es clave en un momento en que el teletrabajo se ha asentado de manera híbrida conviviendo con el trabajo presencial y, aunque a la baja, eleva los riesgos de no desconectar, así como los de acoso laboral y hacer más horas de las que está establecido. 

En ese sentido, el pasado mes de junio se cumplían cinco años desde que se hizo obligatorio el registro horario y, a día de hoy, se siguen sin pagar 130 millones de horas extra al año, justo algo contra lo que combatía esta medida. Por tanto, la aprobación de la jornada laboral, como sucede con el registro horario, no es 100% efectiva por el hecho de convertirse en ley, sino que necesita ir acompañada de un seguimiento y de un cumplimiento. 

Aunque entre sus defensores la reducción de jornada laboral es necesaria para mejorar la conciliación y por superar una carga horaria que ya lleva muchos años, además de que podría repartir mejor el trabajo para reducir el desempleo, sus detractores no opinan así. Y, más allá de la CEOE, los portavoces de las pequeñas empresas se oponen a esta reducción. 

El aviso de las pimes

Como sucede con otras normativas que reducen el margen de maniobra de las empresas, las pimes son las que menos cintura tienen. Al tener menos recursos económicos, les costará más hacer nuevas contrataciones o adaptar sus horarios a esta nueva realidad que puede modificar los turnos horarios. 

La catalana Pimec ya dijo a principios de julio que se opone a esta medida. 

La semana pasada, la patronal CEPYME defendió que "las pymes españolas siguen estando entre las menos rentables de la Unión Europea, con beneficios sobre ventas del 6,1% por encima tan solo de Italia (5,9%) y Croacia (4,2%).

Aseguraba, en un informe, que las pequeñas y medianas empresas serían las más perjudicadas por la reducción de jornada, ya que su productividad es menor a la de las grandes empresas.  

El estudio estimaba que tres de cada cuatro trabajadores, el 75,8%, trabajan actualmente más de 37,5 horas a la semana, por lo que estos serían los afectados por la reducción. 

Existen cinco sectores que sufrirían especialmente para adaptar su horario a la reducción de jornada, afirmaba CEPYME, ya que tienen más de un 85% de trabajadores con jornadas que están por encima de este número. 

Actividades inmobiliarias, con el 99,8% de afectados, hostelería, 99,5%, agroganadería (96,8%), comercio (96,6%) y actividades profesionales, un 85,3%. 

En la otra cara de la moneda, fianzas y seguros (7,6%), educación (35,7%), informática y comunicaciones (39,1%) y arte y ocio (46,5%) son los sectores en los que menos de la mitad de sus asalariados trabajan más de 37,5 horas semanales y, por tanto, a quienes menos afectaría esta reforma.