La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha adoptado las directrices europeas sobre la evaluación de la idoneidad requerida por el reglamento MiCA de criptoactivos que afectan a los proveedores de éste tipo de servicios, denominados PSC. Según ha informado la CNMV a través de una nota de prensa, dichas directrices, que se empiezan a aplicar desde este martes, desarrollan determinados aspectos del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos (reglamento MICA). Asimismo, establecen criterios comunes que, tanto las autoridades competentes como en el caso de los miembros del órgano de dirección, los propios proveedores de servicios de criptoactivos deben tener en cuenta.

En cuanto a los proveedores de servicios, se refieren a los miembros del órgano de dirección de los emisores de fichas referenciadas a activos y de los proveedores de servicios de criptoactivos y a los accionistas o de los miembros, directos o indirectos, con participaciones cualificadas en emisores de ART, por sus siglas en inglés Asset-Referenced Tokens, o de PSC.

En lo referido a la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de dirección, las directrices describen las nociones de idoneidad, distinguiendo entre requisitos de honorabilidad suficiente, conocimientos, capacidades y experiencia individuales y colectivas adecuados y tiempo de dedicación de los miembros del órgano de dirección.

Además, establecen cómo deben realizar los proveedores de servicios de criptoactivos la evaluación de idoneidad y señalan la necesidad de adoptar medidas correctoras, en su caso; y especifican la evaluación de idoneidad a realizar por parte de la autoridad competente.

En cuanto a la evaluación de la idoneidad de los accionistas con participaciones cualificadas en emisores de ART o de PSC, las directrices se remiten de manera sistemática a las directrices conjuntas de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) sobre participaciones cualificadas.

De este modo, se establecen criterios para determinar la existencia de acción concertada o influencia significativa entre accionistas, y para evaluar su reputación y su competencia profesional o la ausencia de motivos para sospechar que se está intentando cometer blanqueo de capitales o financiación de terrorismo.