El Govern ha publicado este jueves en el DOGC los 140 municipios que considera tensionados y piensa aplicar medidas para limitar el precio de la vivienda. Los trámites se iniciaron inmediatamente después de la aprobación de la nueva Ley estatal de vivienda en el Senado el pasado mes de mayo.

Una de las principales novedades de la norma es que permite limitar los precios del alquiler en determinados municipios de Catalunya. Para hacerlo, es necesario declarar las zonas llamadas tensionadas, aquellas donde hay graves dificultades de acceso en la vivienda, donde se aplicarán las medidas de contención de los precios del alquiler, a los nuevos contratos y a las actualizaciones de los vigentes.

"Queremos evitar al listillo de turno"

Con este criterio y la disposición del índice de referencia del precio del alquiler, que Catalunya ya dispone desde hace 4 años y que está vigente, se han podido actualizar los datos y adaptar estas dos referencias a los requisitos de la nueva ley con el objetivo de poder empezar a limitar los precios del alquiler.

La actual consellera de Territori, Ester Capella, avisa: "Trabajamos para evitar que haya margen para que el listillo de turno aproveche los vacíos legales o las interpretaciones laxas", en declaraciones para Catalunya Ràdio. Y ha añadido: "La ley es española, pero está inspirada en la ley catalana. Catalunya no dejará de hacer aquello que le toca hacer para garantizar el derecho a la vivienda".

Así pues, las zonas marcadas cumplen, al menos, una de estas dos condiciones: que el coste medio de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.

¿A quién afecta?

En estos municipios viven 6,2 millones de personas, que representan un 80,6% del total de la población de Catalunya. Se concentran sobre todo en el área metropolitana de Barcelona y el litoral del país. Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida forman parte de la lista de poblaciones donde hay un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible. Ahora se abre un periodo de 20 días para que administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones. Una vez finalizado, se responderán las alegaciones recibidas y la resolución final se notificará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que será el que finalmente las aprobará.

¿Qué es un gran tenedor?

En paralelo, el DOGC incluye la definición de carácter general de gran tenedor como la persona física o jurídica propietaria de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m² de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros. La ley también permite agacharlo hasta titulares de cinco o más viviendas. Una posibilidad que el Departament de Territori estudiará.