El Estado español se ha convertido en los últimos años en un auténtico tiburón financiero de la Bolsa española. A cierre del pasado año era el propietario del 3,3% del valor bursátil (capitalización del mercado español) y se acerca a los porcentajes de inversión del mayor gestor de fondos del mundo, BlackRock, que ostenta el 3,8% de la propiedad de los valores que conforman el Ibex 35. Así, la Administración pública -a través de distintos organismos- se codea con los grandes inversores financieros del mundo en el caso de nuestro mercado de acciones.
A finales del año 2023, el Gobierno español anunciaba su intención de tomar una participación estratégica del 5% en el capital de Telefónica, la emblemática compañía española de telecomunicaciones. Posteriormente, anunciaba que tomaría hasta el 10% del capital. La adquisición efectiva de estas participaciones se ha producido en 2024, con lo cual los datos presentados por BME no recogen este efecto que, de materializarse y mantenerse, será posible superar al gigante mundial de fondos. La participación pública a cierre de 2023 es de 23.000 millones de euros, según BME, mientras que la de BlackRock en el Ibex 35 ronda los 24.500 millones.
Esta es la cifra de 2023 es la más elevada en los últimos 26 años de presencia pública en el mercado de acciones. Según apuntan en un reciente informe de Bolsas y Mercados Españoles (BME) los sucesivos procesos de salida a Bolsa y privatización de grandes empresas públicas de finales de los años 90 del pasado siglo fueron los que provocaron la gran reducción la participación de las Administraciones Públicas en las empresas cotizadas españolas. Si en 1992 esta participación llegó a ser del 16,6%, a finales de 1998 bajó hasta el 0,6% como consecuencia de la colocación a través del mercado bursátil de participaciones accionariales en grandes empresas (Telefónica, Repsol, Endesa, Ence, Iberia…) que pasaron a manos de multitud de accionistas tanto individuales como institucionales, nacionales y extranjeros. Durante más de una década se mantuvo en niveles residuales entre un 0,3% y un 0,5%.
Este empuje comprador público en Bolsa obedece tanto a situaciones sobrevenidas como al deseo de intervención en distintos sectores económicos que el actual gobierno de Pedro Sánchez considera estratégicos. Su presencia mayoritaria en la entidad financiera Bankia, tras el proceso de saneamiento, le ha llevado a ser actualmente el propietario del 16,1% del capital de Caixabank, tras la fusión de ambas entidades financieras. Pero en otras ocasiones, ha sido la voluntad del Ejecutivo en tomar posiciones, como en los casos de la tecnológica Indra y en Telefónica, después de la entrada del grupo saudí STC. Así, incrementó su inversión en Indra hasta hacerse con el 28% del capital de la compañía y en Telefónica ostenta un 10%, porcentaje similar al que aspira a tener la saudí STC que, de momento, se ha conformado con un 5% de la firma presidida por José María Álvarez-Pallete.
Un salto importante en la presencia de dinero público en el mercado de acciones se produjo en 2015 con la salida a Bolsa de la compañía aeroportuaria AENA, de la que la pública Enaire es propietaria del 51% de las acciones. Pero el grueso del dinero público se articula a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) que cuenta con el 27,9% de Indra, el 20% de Redeia (antigua Red Eléctrica), el 2,52% de la aerolínea IAG y el 5% de Enagás. Ahora solo falta incorporar la inversión en Telefónica que será la más cuantiosa de todas. Ayer mismo, la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, descartó que la nueva SEPI digital gestione las participaciones del Estado en Telefónica al señalar que la decisión "hoy por hoy" es que "son de la SEPI", según informa la agencia EFE. "La decisión hoy por hoy es clarísima y es que las participaciones de Telefónica son de la SEPI", ha dicho al ser preguntada si la nueva Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como SEPI digital y presidida por la propia González Veracruz, podría gestionar ese paquete accionarial.
Extranjeros y familia
La cotización en Bolsa de las acciones de una empresa es un factor muy poderoso de atracción del capital extranjero, como demuestra la comparación con empresas no cotizadas. En estas últimas, el peso del capital extranjero llega al 25% frente a casi el doble, el 48,7%, en el caso de las compañías cotizadas. De acuerdo con los datos de las Cuentas Financieras de cierre de 2023 publicadas por el Banco de España, en las últimas dos décadas el porcentaje de propiedad extranjera en cotizadas no ha parado de crecer (+15 puntos porcentuales), convirtiéndose en la mayor propietaria de la bolsa española con casi la mitad de las acciones.
En el caso de las familias, el informe revela que su participación en la Bolsa española aumentó dos décimas en 2023 hasta alcanzar el 16,4%. Un 12,5% de los hogares españoles son propietarios de acciones de empresas cotizadas, lo que supone una cifra de 2,4 millones de familias, según las cifras de la última Encuesta Financiera de las Familias, elaborada por el Banco de España. Aunque el acumulado de activos financieros en manos de hogares españoles alcanzaron los 2,83 billones de euros, un 5,8% más respecto de 2022 y un crecimiento del 40% respecto de hace una década, sigue manteniendo una elevada concentración en depósitos bancarios.