Resulta paradójico que el propio mercado español, BME, eche tierra sobre su propio negocio advirtiendo del continuo deterioro vivido en las dos últimas décadas. Se trata de un grito de desesperanza lanzado a través de un prolijo informe presentado hace unos días: “Libro Blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales españoles”. Un mensaje que va dirigido al poder político para que revierta el empequeñecimiento que vive la Bolsa española, causado, en buena medida, por las decisiones en política fiscal y por las numerosas trabas burocráticas que impiden su desarrollo frente a sus competidores.
Los datos son concluyentes. La Bolsa española negoció en 2023 un 68% menos que en 2015, mientras que en el europeo Euronext (la unión de las bolsas de Francia, Holanda, Italia, Bruselas, Irlanda, Portugal, y Noruega) subió un 22%. Entre 2013 y 2022, el mercado de valores español medido por la capitalización de sus empresas cotizadas ha perdido relevancia en el mundo (pasando del 1,4% al 0,6% del total) y también en Europa, su área económica de referencia (del 3,3% al 3,1%), donde los principales mercados comparables de la eurozona han ganado peso. Además, España es uno de los países cuyas empresas están menos representadas en Bolsa en relación con el PIB. La capitalización bursátil de las mismas alcanza hoy solo el 51% del PIB nacional y en el último decenio su representatividad ha caído un 35%.
En paralelo a estas tendencias, el peso de las acciones cotizadas de emisores de valores españoles en la composición de los fondos y SICAVs españoles ha disminuido el 67% desde 2005, presentando su nivel más bajo en lo que va de siglo. Este dato también parece sugerir una falta de incentivos para invertir en acciones de compañías españolas y que el número de compañías se ha reducido progresivamente de forma importante en los últimos años. De diciembre de 2009 a noviembre de 2023 las empresas cotizadas en el mercado continuo pasaron de 133 a 120, una caída del 10%. Así, el capital captado mediante salidas a Bolsa (en España entre 2020 y 2022 ha caído a una quinta parte del registrado entre 2014 y 2016, principalmente debido a la escasez de incorporación de empresas de tamaño medio y alto a los mercados públicos de valores españoles.
Pero esta “jibarización” del mercado español de acciones no solo tiene consecuencias para el propio sector de la inversión. La Bolsa es un vehículo importante para la financiación flexible de las empresas que permite su crecimiento y expansión. Buena parte de la internacionalización de los bancos, Telefónica o las constructoras se apoyaron en las ampliaciones de capital que facilita la Bolsa. El informe de BME destaca que “está demostrado que países con mercados bursátiles y de capitales más avanzados consiguen crear empresas más potentes y economías más consolidadas para afianzar internacionalmente su crecimiento, su bienestar y su capacidad de negociación”, explican.
El estudio recalca la peor fiscalidad a los inversores, a las compañías y a los productos financieros como causantes de la pérdida de peso de la Bolsa española. La instauración de la llamada tasa Tobin (Impuesto a las Transacciones financieras) a los inversores en compraventas de acciones de compañías con valor bursátil superior a los 1.000 millones de euros, los impuestos extraordinarios con los que se ha visto gravado el sector energético y la banca, o la imposibilidad de traspasar los fondos cotizados (ETFs) sin pasar por la ventanilla de Hacienda, son muestras de esta queja. También las mayores trabas burocráticas a la hora de cotizar en un mercado o la falta de reflejos para admitir nuevos productos o fórmulas de inversión, llevan a que inversores y las propias compañías busquen otros destinos para negociar sus activos.
Pérdida de competitividad
Algunas medidas han acelerado la pérdida de competitividad, como la modificación legislativa en 2021 que ha provocado una reducción significativa del número de SICAVs (Sociedades de Inversión de Capital Variable) españolas (-50%) y su capitalización bursátil (-38%) entre 2021 y 2022. Esto ha provocado casos de deslocalización de dichos vehículos hacia países con normativas y fiscalidad más favorables, como Luxemburgo.
En el caso de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) españolas, tras crecer su número de forma constante en los mercados de valores españoles desde 2013, desde 2020 parecen incorporarse menos y muchas de las que lo hacen prefieren cotizar en Euronext París y Lisboa, principalmente debido a las mayores facilidades de admisión en dichos mercados.
Instrumentos como las SPACs, destinadas a favorecer la incorporación de empresas de cierta dimensión a las Bolsas de una manera más ágil, han prosperado en los últimos años en otros mercados. Sin embargo, no se han desarrollado en España por el retraso legislativo en la regulación de los aspectos societarios y de mercado de valores de la figura, y por la falta de claridad fiscal en el tratamiento de las operaciones corporativas que implican.
Otro ejemplo que destaca BME es lo ocurrido en los últimos años con los ETFs. En 2015 había cerca de 80 referencias cotizadas en la Bolsa española con activos bajo gestión de 45.000 millones de euros. Tras los cambios introducidos en su fiscalidad desde ese momento, su número y valor se ha ido diluyendo hasta las 5 referencias actuales con activos valorados en 500 millones de euros. “Según nuestros cálculos, de no haber mediado esos cambios fiscales, el mercado español se hubiese beneficiado de la tendencia de crecimiento europea y hoy podrían estar cotizando casi un centenar de ETF”, explican en BME.