El descontrol legal del mercado de las criptomonedas y experiencias como la estafa de FTX ponen en guardia países como España con el fin de garantizar la legalidad de su uso, la declaración de impuestos y evitar que se lleven a cabo operaciones ilegales en la 'dark web', así como mejorar la detección en caso de que se hagan. Así, este martes el Congreso de los diputados ha mostrado su apoyo generalizado a aprobar una nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversiones. Y, además, Hacienda ha formalizado un contrato para crear un nuevo 'software' que mejore el rastreo en la dark web y detecte el flujo ilegal de dinero a través de criptomonedas. 

La ley tiene que ser aprobada este jueves con el apoyo ya anunciado este miércoles de los partidos del Gobierno, PP, Ciudadanos, ERC y PDeCAt, después de que el pasado mes de junio fuera anunciada por el consejo de ministros.

La nueva norma sustituirá la del año 2015 y mira de adaptar el marco legal financiero en nuevas realidades relacionadas con la digitalización y nuevos instrumentos de financiación, como el BME Growth o las SPAC, que salen a cotizar a la Bolsa sin más actividad que su objetivo de captar dinero con el fin de comprar una compañía. La ley, además, pondrá un tope de seis años a la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sin opción a renovar.

Con respecto a las criptomonedas, además de regular su uso, la nueva ley prevé reforzar el control permitiendo que se suspenda la autorización a un proveedor de servicios si comete una infracción muy grave. Si eso sucede, se prohibirá también que cualquier miembro del órgano de administración del proveedor de estos servicios ejerza funciones administrativas, es decir, quedará suspendido por cargos similares.

Por otra parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha cerrado un contrato con la empresa ONDATA a fin de que desarrolle un software que ayude a rastrear operaciones en la 'dark web' y evitar así la evasión fiscal a través de criptomonedas, entre otras prácticas ilegales que se pueden hacer con monedas virtuales, según ha avanzado Invertía y ha confirmado ON ECONOMIA consultando el contrato en la web de contratación pública. Se tratar de un contrato por 175.450 euros y con el cual la Agencia Tributaria espera evitar la evasión fiscal que se puede dar cuando los movimientos de criptomonedas se hacen sin regulación, así como otras infracciones.

El software de nueva creación que hará Ondata, empresa especializada en recuperación de datos y ciberseguridad, servirá para examinar y monitorizar los criptoactius y las cadenas de bloques, que es como se denomina la secuencia de información que se genera para ubicar el bitcóin a través de la tecnología blockchain. El programa tendrá garantía de un año y lo utilizarán la Oficina Nacional de Inspección de Fraude (ONIF) y el Departamento de Aduanes e Impostos Especiales.

En la memoria justificativa de la licitación, se detallan los objetivos del programa informático: visualizar la cadena de bloques de numerosas criptomonedas, crear capacidades de búsqueda dentro de las cadenas de bloques y reportar completos de flujos de transacciones son algunos de ellos. El escaneo automático en foros de la darknet, la clasificación automática del riesgo de una dirección y el análisis en tiempo real con la posibilidad de marcar alarmas en direcciones web se añaden a esta lista. El programa permitiría relacionar en un número limitado de saltos actividades sospechosas con entidades reales y enlazar criptomonedas en diferentes direcciones pertenecientes a la misma persona. 

La compraventa de criptomonedas es una actividad financiera que ha quedado tocado por la quiebra mundial de FTX, gigante de las criptomonedas, que ha llevado a su fundador, Sam Bankman-Fried, a enfrentarse a acusaciones que lo podrían llevar hasta 115 años en la prisión por diferentes tipos de fraude.

En España, según un informe de Asufin, hay 4,4 millones de personas que invierten en criptoactivos, mientras que el año 2021 fue el quinto país en volumen de transacción con criptomonedas, hasta llegar a un volumen próximo a los 60.000 millones de euros, según un informe del Banco de España.

4 millones de usuarios en España

La compra y venta de criptomonedas está actualmente recogida a un apartado de la Declaración de la Renta, dentro de la casilla de ahorros y elementos patrimoniales, entre los cuales el año 2021 se añadió la casilla "monedas virtuales" dentro de la categoría "ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de otros elementos patrimoniales". Ahora bien, su compra y venta están exentas de IVA porque se trata de operaciones financieras y no compras de bienes y servicios.

Otra forma de regular el uso de las criptomonedas vendrá de la mano de la entrada en vigor, el próximo uno de enero del año 2022, de la modificación que el pasado mes de junio se aplicó a la ley antifraude 11/2021, aprobada el 10 de julio del año 2021. A partir del nuevo año, será obligatorio declarar las criptomonedas que cada ciudadano tenga, tanto en España como en el extranjero.

Más concretamente, el artículo 39 bis obliga a "informar sobre saldos en monedas virtuales" a todos los residentes en España y negocios que tengan sede. Habrá que informar, a finales de año, de la cantidad de créditos y del tipo de criptomoneda que tiene cada ciudadano. Ahora bien, estarán exentas de dar esta información aquellos que tengan menos de 50.000 euros en criptomonedas.

La regulación o no de las criptomonedas es un debate mucho presente en el mundo financiero. Mientras que hay voces que llaman a prohibirlas o hacerlas desaparecer, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aseguró que "están vacías" y son "inútiles" como activo de inversión, otros abogan por una regulación, como el consejero delegado de La Caixa, Gonzalo de Gortázar, que aseguró que no desaparecerán poco después de que se conociera la quiebra de FTX. El Banco de España, por ahora, reconoce algunas criptomonedas como proveedoras de servicios de cambio de moneda virtual, mientras que la Bolsa española intenta hacerse con el negocio de la custodia de estos criptoactius, tal como adelantó ON ECONOMIA.