La prestigiosa firma de calificación financiera S&P Global Ratings ha dejado de calificar numéricamente las emisiones de deuda según los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) que abarca la política medioambiental de la compañía, su compromiso con sus empleados y con el conjunto de la sociedad y, finalmente, los aspectos de gobernanza de su consejo de administración, favoreciendo el ejercicio independiente de sus consejeros calificados así, y también el equilibrio de género.

Aunque otras agencias competidoras como Moody´s continuarán calificando estas emisiones, la retirada de S&P Global Ratings supone un varapalo para la moda ESG que ha dominado los mercados de renta fija y la categoría de los fondos en los últimos años. La emisión de bonos verdes se ha multiplicado y al calor de esta materia prima de inversión también muchos fondos de inversión se han calificado de verdes, adquiriendo buena parte de este papel. En España, el 54% de los bonos no bancarios emitidos el pasado año tenían calificación ESG y alcanzaban los 21.800 millones de euros. También han calado en los fondos de inversión. Según datos de Inverco a 30 de junio de este año, el patrimonio de estos fondos de inversión ESG alcanzó los 113.442 millones de euros, lo que representaba el 34,2% del total. De ellos, los que promueven características medioambientales y sociales acumularon 110.503 millones de euros (33,3% del total de fondos) y 2.939 millones de euros (0,9% del total) aquellos con objetivo inversión sostenible.

Para las empresas una buena nota en ESG supone garantizarse un amplio espectro de compradores de estos títulos, lo que permite rebajar el coste de la emisión. Es decir, en general, se financian más barato que otra compañía homóloga que no cuente con este sello medioambiental, social y de buena gobernanza.

Sin embargo, desde un principio muchas de estas emisiones y emisores han nadado en una laguna jurídica. Actualmente, los fondos se rigen por el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR por sus siglas en inglés), aprobado en marzo de 2021. Pero siempre han surgido las suspicacias sobre la verdadera materialización de sus inversiones en los objetivos que anuncian. También existe una lucha política en Estados Unidos con todo lo referente al ESG, con clara oposición de los representantes del partido republicano, frente a la defensa de los demócratas. 

Así, se acuñó el término greenwashing (ecopostureo en castellano) para advertir que muchas de las emisiones y los fondos estaban disfrazados con esta moda de lo verde. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, insistía en la exposición de objetivos del organismo para este y el próximo año, en la protección de los pequeños inversores y lo enfocaba en los productos y servicios que promocionen las características en materia de ESG o productos de inversión sostenible para evitar el ecopostureo. Para ello, el supervisor de los mercados quiere lanzar, tanto en el ámbito de los fondos de inversión como en el de los emisores cotizados revisiones sobre la información que remiten a los inversores, en línea con el resto de países de la UE.

También la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, llamaba la atención para evitar que la ESG sea un postureo, y que verdaderamente actúe de motor de transformación económico. “La inversión responsable tiene un propósito ambicioso: nada menos que transformar la realidad económica, medioambiental y social o, al menos, contribuir a ello”, afirmó en unas jornadas hace tiempo.

Nueva legislación en España

El objetivo es acotar bien las obligaciones y los conceptos que justifiquen el calificativo de ESG en las emisiones y los fondos. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de mayo un anteproyecto de ley para mejorar la transparencia de la información de las empresas con criterios ESG -medioambientales, sociales y de buen gobierno-, ampliando la aplicación a todas las cotizadas, entidades financieras y pymes, informó Servimedia.

En la presentación del anteproyecto, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, indicó que este corpus legislativo estaba abierto a aportaciones que lo enriquecieran. La información ahora requerida se corresponde casi en su totalidad con lo ya previsto en el estado de información no financiera regulado por ley en 2018, por lo que con este anteproyecto se da una línea de continuidad a la divulgación de información corporativa.

La información no financiera –abarca el campo de la ESG- se incluirá como una sección específica en el informe de gestión. Además, se obliga a las empresas a preparar el conjunto de la información financiera y de sostenibilidad de acuerdo con un formato electrónico único obligatorio. La información será verificada por un auditor o un prestador independiente de servicios de verificación. También, se amplía el ámbito de aplicación a todas las cotizadas y entidades financieras, así como a las pymes, que contarán con un régimen simplificando. Y, por último, para asegurar la consistencia y la calidad de la verificación, se establece el control público de la actividad a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).