Definición: La tasa de abandono prematuro de los estudios es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no han completado la educación secundaria de segunda etapa (Bachiller o FP media) y no siguen ningún tipo de estudio o formación en las cuatro semanas anteriores a la de la entrevista de la encuesta de población activa.

España, en 2023, es el penúltimo país de la UE, por detrás de Rumania, en este indicador, con un 13,7%, cuando la media europea es del 9,5%. Catalunya, lejos de hacer un buen papel, presenta un 14,8%, todavía peor que la media española. Y eso es así en los últimos cinco años. La buena evolución de aproximación a la media europea parece haberse interrumpido a partir de 2021.

El perfil de abandono escolar es un chico, de clase trabajadora e hijo de inmigrantes. Estamos ante un factor de segregación claro

Este indicador es uno de los que constituyen los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la UE y se ha fijado que para 2030 no supere el 9% en ningún país (16 países ya lo han conseguido). Por lo tanto, no pinta bien. Y a nadie se le tendría que escapar que la reducción de este triste porcentaje es fundamental para el futuro de los jóvenes afectados y de nuestra sociedad. Sin bachillerato o FP media difícilmente tendrán un mínimo desarrollo personal, profesional o social y tienen muchos números de acabar formando parte de los sectores que vivirán próximos o fuera de los márgenes de la sociedad.

De forma permanente los chicos presentan tasas superiores a las de las chicas (17,1% vs. 12,3% respectivamente). Pero es particularmente notorio que la tasa de abandono prematuro sea 3,4 veces más alta entre los estudiantes procedentes de la inmigración que entre los nacionales (un 36,1% vs. 10,6%). Como también lo es que las tasas muestren una correlación inversa muy evidente en función de los estudios de los progenitores (a menos estudios de los padres más abandono prematuro). Por lo tanto, el perfil estándar es el de un chico, de clase trabajadora e hijo de inmigrantes. Estamos delante de uno de los factores de segregación social más obvio que podemos tener.

 


Un estudio de la Fundación Bofill ponía de manifiesto que el 50% de los jóvenes que no seguían estudiando después de la ESO se concentraban en el 25% de institutos del país. Como economista no entraré a formular recetas que entren en el campo de la pedagogía aunque, desde mi perspectiva de ciudadano, el dato anterior apunta que con un esfuerzo bastante focalizado ya se podrían conseguir mejoras relevantes. Ahora bien, no hay que ser pedagogo para entender que hacen falta recursos y, probablemente, algún tipo de acción orientativa en los últimos años previos a la finalización de la ESO tanto sobre las familias como sobre los alumnos con el fin de hacer valer la necesidad de continuar los estudios más allá de la etapa obligatoria.

Estoy convencido de que la mayoría de los pedagogos pedirían medidas como más profesores de refuerzo para los alumnos retrasados y desmotivados, dotar un sistema de becas más generoso para evitar que sea la falta de medios la que determine el abandono o ampliar las plazas públicas de la FP de mayor demanda, sin duda insuficiente, como se está poniendo de manifiesto cada año. Todo eso requiere recursos económicos (y humanos). Quizás, al fin, la solución sería extender la etapa obligatoria (y gratuita) hasta la finalización del bachillerato o de un ciclo medio, aunque eso sería muy costoso.

Hay una correlación entre los recursos que reciben las comunidades autónomas por el sistema de financiación y la tasa de abandono escolar

Y, con respecto a los recursos, conviene también recordar las insuficiencias de nuestro sistema de financiación autonómica, del cual depende todo lo que se ha hablado anteriormente. Observen, en el siguiente gráfico, la formidable correlación que se produce entre la orden de posición de las comunidades autónomas al relacionar la tasa de abandono escolar con los recursos del sistema de financiación autonómica por habitante de la última liquidación de este del año 2022:

Podemos pensar aquello tan sudado que la correlación no implica causalidad, pero estoy seguro de que todos estarán de acuerdo que las casualidades, en las ciencias sociales, pocas veces se producen.

Insistiendo sobre los recursos habría que saber también que Catalunya es el territorio del estado, después de las Baleares, que recibe menos becas y por menos importe por estudios postobligatorios no universitarios, otorgadas por el ministerio, dejando al margen el País Vasco, que las tiene transferidas. Con datos del curso 2022-23 (las últimas publicadas), en Catalunya el importe medio por alumno matriculado en este tipo de estudios era de 531 euros, mientras que la media española era de 783 euros (con máximos superiores a los 1.000 euros por alumno en Andalucía, Extremadura, Galicia y Canarias). Algunas comunidades complementan el sistema estatal con el suyo propio, pero no es nuestro caso, cuando menos de forma relevante. También la financiación debe jugar algún papel en eso.

Tenemos un largo camino de mejora en el que hay que actuar sobre muchas palancas de gestión interna, pero también hacen falta los recursos que generamos pero que no se nos permite disfrutar. Nos va el país en ello y su cohesión interna.