El estado de las autonomías ha contribuido de forma significativa a la cohesión territorial y social en España. Es verdad que la afirmación anterior admite algunos matices. El principal es que los gobiernos autonómicos del País Vasco y Navarra manejan un nivel de recursos por habitante muy superior a los que tiene la Comunidad de Madrid o la Generalitat catalana. La aplicación del sistema foral es poco razonable y lo que se transfiere a la caja común es mucho menos que la contribución final de madrileños o catalanes. En segundo lugar, dentro del propio sistema de financiación autonómica existen algunas CCAA sistemáticamente maltratadas. Destacan Comunidad Valenciana y Murcia; seguidas de Andalucía y Castilla-La Mancha. Finalmente, hay que referirse al caso de Madrid. Es cierto que la comunidad madrileña es la que más peso económico y demográfico ha ganado en los últimos cuarenta años. Sin duda, el efecto capitalidad y las economías de aglomeración ejercen una intensa fuerza centrípeta, como con fundamento lo ha puesto encima de la mesa Ximo Puig. Pero sería un error de razonamiento dar el siguiente paso para argumentar que esto es por culpa de la descentralización. Al contrario: sin ella hoy Madrid pesaría incluso más. Probablemente, se parecería a la región de París en Francia (Île-de-France), que concentra alrededor de un tercio del PIB y una cuarta parte de la población de Francia. Los registros de Madrid: un quinto del PIB y un séptimo de la población española.

Hoy los servicios públicos en manos de las autonomías, los más importantes para el ciudadano en su día a día, no son en Extremadura o Galicia peores que en Madrid o Cataluña, como sí lo eran hace unas décadas. Las infraestructuras públicas han mejorado comparativamente más en los territorios con menor PIB per cápita. La correlación es negativa y estadísticamente significativa. De hecho, me temo que en estos momentos son más urgentes los cuellos de botella en los territorios más dinámicos que las carencias en los más retrasados. 

Aun así, el sentimiento de agravio es la norma. Cuando le preguntas a los ciudadanos de las comunidades de régimen común si comparativamente están maltratados respecto a los demás, una amplia mayoría contesta afirmativamente. De hecho, los porcentajes se acercan al 70%. Comunidades que están en el top 5 en financiación por habitante ajustado y está claramente por encima de los que se registran en territorios donde sí tienen razones objetivas para quejarse.

En estos momentos son más urgentes los cuellos de botella en los territorios más dinámicos que las carencias en los más retrasados

Lo anterior me preocupa. Los ciudadanos deben ser conscientes de los esfuerzos niveladores, de quiénes tienen motivos objetivos para quejarse, de dónde deben concertarse los esfuerzos inversores del Estado. La realidad hoy es que el responsable político que diga que su comunidad es bien tratada en términos comparativos pierde votos y popularidad; hasta puede generar una sombra de desconfianza sobre su patriotismo (autonómico). Tenemos que cambiar esto. Es fundamental que los ciudadanos sean conscientes de la realidad financiera, de dónde hay que concentrar esfuerzos en cada momento, de qué compatriotas están peor y mejor. 

Sin duda, nuestro sistema autonómico necesita un marco institucional diferente, más apropiado para la gobernanza multinivel. Sobre este asunto he tenido ocasión de referirme en este medio a la necesaria reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera y al impulso a la Conferencia de presidentes. Pero estos cambios no resultarían suficientes. Necesitamos que organizaciones de ámbito estatal, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y los medios de comunicación de ámbito español objetiven los debates sobre la distribución territorial de esfuerzos y beneficios. 

Vivir con sentimientos de agravio comparativo es muy negativo para la convivencia plural. Hacerlo sin fundamento objetivo es disparatado. El patriotismo en el estado autonómico exige combinar la defensa de los intereses y necesidades de tu Comunidad Autónoma con los intereses y necesidades del conjunto. Y sí. Existen ocasiones en que lo justo y razonable es defender que las mejoras en la financiación autonómica se concentren en territorios diferentes del de uno; o que las infraestructuras por las que se apueste estén a 1.000 kilómetros de su casa. Si usted tiene duda de cómo aplicar lo anterior, utilice la técnica del “velo rawlsiano”: imagínese que le preguntasen cómo se deben distribuir los recursos antes de saber en qué comunidad autónoma va a vivir.