El 1 de diciembre pasado, después de varias escaramuzas parlamentarias hispano-populares en torno a la figura de la hoy Vicepresidenta Teresa Ribera, entró en funciones la segunda Comisión Europea Von der Leyen. 

La anterior experiencia, en la primera Comisión Von der Leyen, fue desastrosa. No solo la cartera recayó en el Comisario polaco de ultraderecha, totalmente aislado políticamente, sino que multiplicó esta soledad distanciándose y enfrentándose con su Dirección General y sus funcionarios.

De hecho, en una primera parte de la legislatura, el Vicepresidente Timmermans le comió el terreno, en la segunda parte tuvo que ser la presidenta personalmente la que asumiera el mando de operaciones.

Esta vez, el Partido Popular Europeo ha exigido y obtenido que la cartera le sea adjudicada. El nuevo Comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, es luxemburgués, tiene 42 años y un hermano agricultor, como no ha dudado en mencionar varias veces.

Uno de sus retos principales es desarrollar el Informe y las recomendaciones sobre el Diálogo Estratégico de la Agricultura, presentado el día 4 de septiembre por la Presidenta de la Comisión. Se comprometió, por ejemplo, a avanzar en la Política Agraria Común para asegurar precios justos a los agricultores. Consideró también prioritaria mejora la capacidad de los agricultores para negociar en la cadena de suministro, aumentando su poder en la fijación de precios y protegiéndoles de prácticas comerciales injustas. 

Unos primeros pasos interesantes

El 10 de diciembre, la Comisión aprobó, por un lado, una propuesta de modificaciones del principal Reglamento europeo que intenta ordenar los mercados agrarios y una propuesta de nuevo Reglamento sobre la lucha transfronteriza contra las prácticas comerciales desleales. 

En cuanto a lo primero, inspirándose en parte de la Ley española de la cadena alimentaria, la Comisión propone (entre otros) la mejora de las normas de los contratos entre agricultores y compradores, haciendo que los contratos escritos sean una obligación general y mejorando la forma en que los contratos a largo plazo tienen en cuenta la evolución del mercado y las fluctuaciones de los costes y las condiciones económicas.

Además, defiende la obligatoriedad de establecer mecanismos de mediación entre los agricultores y sus compradores y el impulso de las organizaciones de productores y sus asociaciones mejorando su poder de negociación, permitiendo a los Estados miembros concederles más apoyo financiero en el marco de las intervenciones sectoriales de la PAC y simplificando las normas sobre su reconocimiento jurídico y apoyo para que adopten iniciativas para gestionar las crisis. El mismo paquete incluye la definición de cuándo pueden utilizarse términos opcionales como «justo», «equitativo» y «cadenas de suministro cortas» para describir la organización de la cadena de suministro a la hora de comercializar.

En cuanto a lo segundo, la Comisión propone nuevas normas sobre la aplicación transfronteriza de la normativa contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario prohibidas por la denominada Directiva sobre prácticas comerciales desleales. De media, alrededor del 20 % de los productos agrícolas y alimentarios consumidos en un Estado miembro proceden de otro Estado miembro. Era, pues, necesario mejorar la cooperación de las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la normativa, en particular mejorando el intercambio de información, las investigaciones y la recaudación de sanciones.

También afirmó que es necesario explorar nuevas vías de financiación para la política agraria, incluido el apoyo privado a través del Banco Europeo de Inversiones. De hecho, también el 10 de diciembre, la presidenta del Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha anunciado un paquete de financiación de 3 000 millones de euros para la agricultura, la silvicultura y la pesca en toda Europa, junto con medidas para reforzar los seguros de las explotaciones.

La prueba del algodón

Por lo tanto, en estas primeras semanas, todo indica que, al menos parte de lo anunciado por la Presidenta von der Leyen y por el Comisario Hansen se está transformado en propuestas, lo que ha sido como regla general bien recibido tanto por los eurodiputados como por los Ministros de Agricultura y los actores sociales.

Pero queda la prueba del algodón, la esperada para este verano propuesta de perspectivas financieras de la Unión, el marco general del presupuesto europeo propuesto para el periodo 2028-2035, a las puertas del ingreso de Ucrania en el club europeo. 

Ya hemos subrayado en estas mismas páginas las tensiones entre el informe del grupo de expertos sobre el futuro de la alimentación en Europa y los informes Letta y Draghi que también están sobre la mesa de la nueva Comisión. 

El informe repetidamente mencionado propone, por ejemplo, un fondo específico europeo para financiar la transición agroecológica de la cadena alimentaria, el mantenimiento de un presupuesto específico y suficiente para la PAC, coincidiendo al menos en estos 2 últimos puntos con las conclusiones a las que han llegado el 9 de diciembre los Ministros europeos de Agricultura.

En próximas entradillas, tendremos la ocasión de comentar cuánto de estas buenas intenciones se han transformado primero en propuestas y luego en decisiones.