Las ayudas agrarias deben ir a quien las necesita

“Las ayudas agrarias deben ir a quien las necesita”. Parece sentido común, nadie puede oponerse a ello. El problema empieza cuando intentamos definir quienes son “los que las necesitan”.

A principio de mes, celebramos en la Academia de la Agricultura francesa un debate sobre el tema [las presentaciones pueden consultarse en este link]. La verdad es que he oído por parte de algunos de mis compañeros académicos unas cuantas ideas que no dudé en mi intervención en calificarlas de “extravagantes”.

El papel lo aguanta todo, pero la realidad de la gestión mucho menos. Si queremos ser serios y contribuir a mejorar las cosas, no digo ya a arreglarlas, hay que incorporar a la ecuación los costes de gestión y un análisis de coste versus eficacia.

Las ayudas “cuando se necesiten”

Una de estas ideas “extravagantes”, que parece a primera vista también de sentido común, es que las ayudas a los agricultores deberían darse “cuando se necesitan”.

El problema es saber cuando es este “cuando”. Cada año agrario es una historia distinta; incluso dentro de una misma campaña de comercialización, el mercado al principio tiene poco que ver con el del final, cada agricultor tiene un coste de producción diferente.

Hay que esperar al final del año comercial, y unos cuantos meses más para tener los datos, para saber lo que ha pasado en la renta. Por lo tanto, hay un desfase temporal entre el momento en que el problema económico se plantea y el momento en el que se conoce su exacta dimensión y se puede proceder al cálculo primero y al pago, a continuación, de las ayudas.

Sin hablar de la complejidad de este cálculo, de poco sirve a alguien que se está ahogando, que lo está pasando mal, que la patrulla de socorro llegue más de 12 meses después.

Las ayudas en función de la renta total

También tiene mucho sentido el tener en cuenta no solo las rentas agrarias, sino las otras rentas que pueden realizarse en la explotación, relacionadas con la explotación agraria (ventas directas, turismo rural, por ejemplo) o sin relación con ella.

Un problema es que no se conocen bien estas “otras rentas” y que su incorporación a un potencial cálculo requiere también tiempo y retrasaría su procesamiento.

Otro problema es que la política de rentas no es una competencia comunitaria. ¿Por qué habría que ayudar a la renta de un agricultor a tiempo parcial en un pueblo, que además puede trabajar en una fábrica, ser un taxista o tener un despacho de abogados o de ingeniería, y no a un tendero o peluquero de este mismo pueblo?

Una primera definición

La Comisión Europea ya ha propuesto, en su documento de “visión del futuro de la agricultura y la alimentación”. Dice textualmente que hay que prestar “especial atención a los agricultores activos de las zonas con limitaciones naturales, a los agricultores jóvenes y nuevos y a las explotaciones mixtas (es decir, agrícolas y ganaderas)”.

Mi pregunta al respecto es que esto se habría de hacer a todas las explotaciones en zonas desfavorecidas, a todos los jóvenes y los nuevos, a todas las explotaciones mixtas.

Una propuesta alternativa

Mi propuesta es distinta, aunque compra la prioridad a los agricultores activos. Mi propuesta parte de una realidad: a la agricultura europea y española globalmente le está yendo bien, pero sobre todo les va bien a las grandes explotaciones, como indico en mi presentación.

La agricultura va bien, pero a la gran mayoría de los agricultores, a lo que yo llamo “la clase media” del campo, no les va nada bien. Estamos viviendo una revolución tecnológica que está disparando las economías de escala. No se trata de penalizar a los grandes y buenos agricultores, sino de plantearse si de verdad necesitan que el resto de los contribuyentes europeos ayuden a sus rentas, si no hay otras prioridades de gasto para el devenir europeo.

Para mí, el objetivo futuro de las políticas agrarias (europea, nacional y autonómicas) debería ser el acompañar a la clase media del campo en su caminar hacia una agricultura sostenible que participe de la ya mencionada revolución tecnológica y el mantener la cohesión social y territorial.

Para ello, la actual Política Agraria Común (PAC) ya dispone de instrumentos eficaces, lo que falta es voluntad política de aplicarlos tanto a nivel europeo (dejando la decisión en manos de cada gobierno nacional) como a nivel de los Estados miembros: la limitación de ayudas por explotación y el pago redistributivo entre agricultores.

La agricultura va bien, pero a la gran mayoría de los agricultores, a lo que yo llamo “la clase media” del campo, no les va nada bien

España es el Estado miembro que ha demostrado la mayor osadía política al respecto, limitando las ayudas básicas (llamadas en nuestro horrible lenguaje “Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad”) a 100.000 euros por explotación, a los que se le puede sumar otros 100.000 euros de costes laborales.

A pesar de esta mayor ambición, como señala el propio Ministerio, “esta medida permitió destinar al pago redistributivo 6,5 millones de euros que dejaron de percibir 58 grandes beneficiarios que recibían en años anteriores una cantidad superior a este tope”. En cuanto al pago redistributivo, “ascendió a 491 millones de euros en 2023”, sobre un total de las ayudas directas de 4.833 millones de euros.

La experiencia (y valentía) española tiene el mérito de existir, y nos permite concluir que un auténtico apoyo selectivo a la clase media del campo requiere más ambición a nivel europeo y estatal.

Con los retos inmensos a los que está confrontado hoy la Unión Europea, con la adhesión de Ucrania en el horizonte, no hay a mi juicio alternativa alguna a la indispensable selectividad y concentración del apoyo público “en los que realmente lo necesitan”.