El Govern anunció la semana pasada a bombo y platillo un conjunto de cambios fiscales, pactados con ERC, que presentó como una medida de la que saldría beneficiada la mayoría de los catalanes. En concreto, el 63% de la población, aquellos con rentas de hasta 33.000 euros anuales, que son los que se beneficiarán de la rebaja del IRPF, la medida estrella del paquete fiscal aprobado el pasado martes. Pero no es oro todo lo que reluce.

Los cambios en el IRPF que destacó el Govern fueron la eliminación de un tramo y la rebaja del tramo más bajo, el que pagan las rentas de hasta 12.500 euros, del 10,5% al 9,5%. Un punto menos. Pero se publicitó menos la subida del resto de tramos, y en concreto, de los dos que afectan a más gente: el de 12.500 a 22.000 euros, que sube del 12% al 12,5%, y el de 22.000 a 33.000 euros, que pasa del 15% al 16%. Estos incrementos no significan que acaben pagando más, ya que la reducción en el primer tramo baja el IRPF de todas las rentas; son medidas correctoras para que no beneficie demasiado a las rentas por encima del primer tramo y, así, no cueste demasiado dinero.

La consellera de Economia, Alícia Romero, explicó que las medidas respondían al objetivo de “generar prosperidad, pero que esta se reparta y sea más justa”. Vistos los datos, no se puede negar que beneficiará a las rentas más bajas, pero es cuestionable que salga ganando la mayoría de los catalanes, ya que con la subida de los tramos de 12.500 a 33.000 euros, las personas con sueldos anuales brutos en esta franja percibirán una bajada mínima, de hasta 100 euros en todo el año.

No se puede negar que la rebaja del IRPF beneficiará a las rentas más bajas, pero es cuestionable que salga ganando la mayoría de los catalanes

El paquete fiscal es más amplio y pone especial énfasis en el acceso a la vivienda: mejora las deducciones del IRPF para el alquiler y también modifica el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP). También afecta a los coches eléctricos. Pero en lo que respecta a los cambios en el impuesto sobre la renta, cuesta entender un ajuste tan pequeño, con tan poco impacto, si no es para vender una medida progresista y social cuando, en realidad, el Govern o no tiene margen o no se ha atrevido.

De las cifras presentadas la semana pasada se deduce que la Generalitat no tiene capacidad financiera para afrontar una rebaja importante del IRPF para la mayoría de catalanes. La medida costará 28,8 millones de euros, un 0,07% del presupuesto de la Generalitat. Con este impacto, insignificante para sus cuentas, ¿era necesario ajustar al alza los tramos donde se sitúa la mayoría de catalanes? ¿No podría haber asumido un coste algo mayor a cambio de favorecer un poco más a las clases medias, que tampoco viven holgadamente mientras los precios en general, y los de la vivienda en particular, no dejan de subir y, además, no tienen acceso a las ayudas sociales?

El Govern ha querido vender una medida social sin renunciar a demasiados ingresos. Esto se debe, en parte, al ahogo que sufre Catalunya desde hace décadas por un sistema de financiación agotado e injusto, que, además, no cumple el principio de ordinalidad. Como consecuencia, somos la comunidad con más impuestos propios, mientras que la Comunidad de Madrid, que disfruta del efecto capitalidad y recibe todas las inversiones presupuestadas, no tiene ninguno. El año pasado, los impuestos propios o cedidos aportaron más de 5.500 millones a la Generalitat, 550 más que en 2023.

El Govern ha bajado el tramo del IRPF a las rentas bajas, lo ha subido a las medias y lo ha mantenido a las altas

Pero también hay un factor de falta de valentía. El Govern ha bajado el tramo a las rentas bajas, lo ha subido a las medias y lo ha mantenido en las altas. Si en lugar de elevar el IRPF de los tramos de 12.500 a 33.000 euros, y el de 33.000 a 53.000 –con una subida mínima, de dos décimas–, hubiera aumentado los tramos altos, aunque fuera con pequeños ajustes, la medida sería más progresista, beneficiaría más a las clases medias y podría tener el mismo impacto negativo, o incluso inferior, en las cuentas públicas. En realidad, sumando todas las medidas fiscales, el Govern prevé ingresar 140 millones más ya este año, ya que sube el ITP al sector inmobiliario y grandes tenedores. Por lo tanto, podría haber hecho un poco más de esfuerzo para beneficiar a las clases medias.

El Govern de Salvador Illa no ha querido tocar las rentas altas y afrontar las críticas que, muy probablemente, le llegarían de los sectores empresariales, en un momento en que trabajan estrechamente para el retorno de sedes a Catalunya. Reducir el tramo bajo es una buena medida, y, de hecho, hace dos años Junts, con Jaume Giró como conseller d’Economia, ya lo bajó no un punto, sino un punto y medio. Pero hacerlo mientras se maniobra para que no ayude demasiado a las rentas de más de 12.500 euros, que no dan para vivir, es quedarse a medias.