Varias entidades, destacando ahora Foment del Treball Nacional, se han posicionado sobre la cuestión de reducir el elevado déficit fiscal que surge de la estimación de la balanza de ingresos y gastos del sector público central con la Generalitat de Catalunya. No es este un tema menor, a la vista de su relación con la financiación de Catalunya, ahora en discusión, y de lo que es parte de este saldo. La controversia pero se ha instalado de nuevo entre los opositores a un cambio del modelo de financiación por Catalunya sobre la base de la estimación de la balanza fiscal. Contra las valoraciones que reiteradamente se han hecho desde Catalunya, algunos levantan de nuevo un ruido sobre la virtualidad de la estimación. Lo hacen en términos de alcance, metodología, correcciones, imputaciones, etc. La detrás de las confusiones lo aportan las nominadas cuentas territoriales. Pero una balanza fiscal no es lo mismo que el cómputo de unas cuentas regionales territorializadas que exhibe Fedea, y que en su día encargó el ministro Montoro (PP) a su director Ángel de la Fuente. O no lo es al menos tal como se ha entendido tradicionalmente la balanza fiscal en Catalunya desde la Segunda República. Estas son algunas de las diferencias.

En las cuentas territorializadas no importa quien gasta, sino para qué gasta; cuáles son sus beneficiarios finales y a quién se trasladan sus cargas como saldos fiscales individuales. Y no quien paga el impuesto, sino quién soporta en última instancia la carga tributaria una vez se repercute a terceros. Este ejercicio de incidencia tiene tradición teórica, es ajeno a la soberanía fiscal de los territorios (quién decide?) y está plagado de hipótesis teóricas que fácilmente no se corresponden a la realidad: ¿a quién beneficia finalmente una pensión? ¿Quizás al hijo, que así recibirá una mayor herencia? ¿A los propietarios de las viviendas de los inquilinos pensionistas? ¡Por no hablar de a quién beneficia el Museo del Prado, o la academia militar de Zaragoza, y tantos otros organismos del Estado con sede en Madrid que, supuestamente, gastan en beneficio de todos, imputándose según porcentaje de la población o de PIB (!); también de los catalanes.

En ingresos, el ejercicio de incidencia impositiva es todavía más complicado: ¿quién acaba pagando finalmente una cotización social, el Impuesto de Sociedades o el IVA? A menudo se atribuyen las cargas según parámetros; por ejemplo: un tercio a trabajadores, un tercio a empresarios y un tercio a consumidores por precios más altos (??!!!). Parámetros sacados acríticamente de otros estudios, a veces emulando algún cálculo hecho a algún otro país en algún otro momento de la economía, sin tener en cuenta el sector (más o menos competitivo, para poder trasladar -o no- el impuesto a precios), ni cuánto de oligopolístico es el mercado de productos y de factores, ni el grado de cumplimiento fiscal, etc.

La balanza fiscal se tiene que entender, hoy, dentro de los límites de la pertenencia al estado español, pero con transparencia de flujos. Por eso se le llama una aproximación de flujos monetarios (y no de carga de beneficio)

A diferencia de eso anterior, la balanza fiscal responde a un ejercicio 'as if'; como si los ingresos, en lugar de recaudarlos el Estado, los recaudara el territorio a partir de sus bases propias. Y en gasto, 'como si' este gasto lo decidiera el propio territorio por su cuenta, asumiendo las cargas de las prestaciones vigentes. De los ingresos, la incidencia iría después, si se quiere, para ver la contribución a la desigualdad personal (¡no territorial, que es de lo que va la balanza fiscal!). Del gasto, hay que valorar las cargas que corresponden al Estado, de las que no se subrogue el territorio. Y al mismo tiempo, considerar los beneficios de los arrastres y efectos multiplicativos de los recursos decididos desde el territorio. Mientras tanto, si es 'paccionada' la balanza fiscal a partir de los ingresos propios del territorio, este tiene que pactar la contribución a gastos comunes que se hayan consorciado, en beneficio de las partes de manera voluntaria ('a la vasca'). Fuera de este pacto, la balanza fiscal se parecería mucho al supuesto de la independencia del territorio. Si este fuera el caso -repito, y no el pacto que hace que ahora se pida información para conocer el saldo fiscal de Catalunya con el Estado-, otro capítulo sería valorar la erosión o mejora de las bases fiscales futuras en situación de desacuerdos, boicots, mejor gestión, etc. Por lo tanto, la balanza fiscal se tiene que entender, hoy, dentro de los límites de la pertenencia al estado español, pero con transparencia de flujos. ¡Por eso se le llama una aproximación de flujos monetarios (y no de carga de beneficio!).

De manera que, en ingresos, no tenemos en el cálculo problemas grandes para estimar la recaudación, ceteris paribus la marcha de la economía. Del IRPF se sabe la recaudación efectiva, y del resto de impuestos se puede aproximar con parámetros sencillos. Pero, en gasto, la información que da el estado es insuficiente, aunque la tiene en manos de la Intervención General. Básicamente, hoy, para saber los gastos que realiza el Estado y que a menudo imputa en beneficio de todos los ciudadanos (se realicen, como decíamos, donde se realicen), hace falta un mayor detalle para poder averiguar su localización.

Hay que tener todos los programas de gasto del Estado por capítulos presupuestarios y por artículos, tanto de los ministerios como de los organismos autónomos, cruzados por su localización

En todo caso, la transparencia en la información y la disposición de datos es fundamental para no dejar dudas del rigor de la estimación. Por eso hay que tener todos los programas de gasto del Estado por capítulos presupuestarios y por artículos, tanto de los Ministerios como de los Organismos Autónomos, cruzados por su localización. Una información que permita saber, para cada programa, dónde se gasta, y su clasificación económica. Y acompañada de variables auxiliares para la concreción de otras partidas de gasto en Catalunya (%), con la distribución de los efectivos (así de la Policía y Guardia Civil, militares, todos los funcionarios por cuerpos especializados -por ejemplo, del AEAT; y en general, de todos los trabajadores ya que hay que son laborales y también hace falta tenerlos en cuenta).

Hace falta, también, el desglose de las transferencias corrientes y de capital a nivel de concepto, con el fin de poder consolidar entre los diferentes entes que constituyen el sector público central.

Y finalmente ingresos y gastos identificados en Catalunya (%) de Aena, Puertos del Estado, Renfe, Adif... mayormente, instituciones en que precios, tasas y excedentes salen del marco impositivo, con presupuestos separados del del Estado.