Hace unos días aparecía el siguiente titular en varios medios: “Sumar propone reducir la jornada laboral a 32 horas y que las empresas repartan los beneficios entre los trabajadores”. El subtítulo apuntaba lo siguiente: “También proponen atención psicológica cubierta dentro de la sanidad pública”. Estas propuestas suscitan varias reflexiones. La primera en torno a la posibilidad de que los primeros usuarios de la atención psicológica pública podamos ser los mismos empresarios, si no se consigue frenar esta ola de hostilidad desde las mismas instituciones que ignoran y desprecian los riesgos financieros de quien ha depositado, y a menudo perdido, sus ahorros para sacar adelante una idea, una visión.

Quien arriesga los ahorros es el empresario, quien asume la responsabilidad (incluso penal, a veces) es el empresario, pero parece que el plato por los beneficios no solo lo pasará el gobierno vía impuestos, sino también los compañeros dentro de la misma empresa –o al menos eso pretende Sumar. Convendría saber si este mecanismo contempla algún tipo de bidireccionalidad, como reducir los salarios en caso de acumular varios ejercicios de pérdidas a fin de posibilitar la continuidad del proyecto y no cargar este peso únicamente sobre las finanzas del empresario, o compartir la responsabilidad jurídica como se hace en otros casos de emprendimiento colectivo como las cooperativas o los patronatos de fundaciones. Sospecho que no es el caso.

La vicepresidenta Yolanda Díaz puede ventilarse más de un tercio de los beneficios empresariales del país en concepto de pérdida de productividad

La segunda reflexión es en torno a la plasticidad del concepto de beneficios. No es la primera vez que el entorno de Sumar hace juegos de manos extraños con los beneficios empresariales que no tienen una explicación matemática muy convincente: de manera recurrente se intenta argumentar desde las filas de la ministra Díaz que los supermercados son una especie de buitres usureros que roban a las clases populares, un planteamiento curioso si consideramos que el margen neto medio del sector de la distribución alimentaria en España es del 3%, o dicho de otro modo, los cuatro yogures que cuestan 2€ el paquete suponen 0,06€ de beneficio para el supermercado y 1,94€ de coste de salarios, alquiler de locales, suministro eléctrico, proveedores y transporte. Pero en esta ocasión los supermercados no son el chivo expiatorio, sino que se extiende el perímetro de la usura a todas las empresas privadas.

Todas estas piruetas en torno a los beneficios podrían llevar a pensar que estamos hablando de algo etéreo, una caja negra desconocida de la que solo tenemos sospechas. Quizás para Yolanda Díaz lo sea, desconocida. En cualquier caso, los beneficios empresariales de las empresas privadas españolas son algo más que una sospecha: son un dato. Hay muchas maneras de llegar a ellos: de forma individual, el Registro Mercantil recopila los ingresos, costes y beneficios, detallados en todas las partidas que contempla el plan contable vigente, para todas y cada una de las empresas del Estado. Se pueden consultar acudiendo al propio Registro o a través de bases de datos online –hay varias bien conocidas. Algunas de estas bases de datos permiten agregar grupos de empresas por tamaño, por sector o por geografía, a fin de obtener estadísticas de empresas de una zona, de una actividad determinada o de un cierto perfil. Pero si nos interesa hablar de los beneficios de las empresas españolas, en el sentido amplio, también podemos recurrir a la Central de Balances: una herramienta estadística del Banco de España (por lo tanto, su rigor es bastante evidente) que pone en común los valores financieros de todas las sociedades constituidas y activas en el Estado.

O Sumar no sabe sumar (valga la redundancia) o pretende crear una cortina de humo que difumine los graves problemas internos que padece

Pongamos números: según la Central de Balances del Banco de España, el resultado bruto –es decir, antes de impuestos y costes financieros; un concepto similar a lo que podríamos llamar ebitda– es, de mediana, del 6,67% sobre la facturación en datos del último ejercicio disponible, que es el 2023. Aquí falta deducir el Impuesto de Sociedades y los tipos de interés por la financiación que tenga suscrita la empresa, entre otros, lo que nos llevaría en torno a un 3% de beneficio neto... consistente con lo que observamos a nivel sectorial en el caso de los supermercados. Con los bonos del Estado remunerados entre un 2,5% y un 2,8% anual según el plazo, cada cual llegará a sus propias conclusiones sobre si es excesivo que los empresarios tengan una remuneración del 3% por depositar su capital en un proyecto en la amplia mayoría de casos más arriesgado, tanto patrimonial como legalmente, que comprar bonos del Estado. Al mismo tiempo, cada uno considerará si es más o menos probable que, en caso de triturar los beneficios empresariales, los emprendedores dejen de lado esta vía y opten por comprar bonos del Estado en su lugar – y qué consecuencias tendrá esto en relación con la creación de empleo y el progreso del país.

Démosle una vuelta más, volviendo al titular de la noticia y la jornada laboral de 32 horas. Durante la discusión sobre las 37,5 horas, Cepyme encargó un informe sobre el coste que suponía para las empresas. El resultado: 3.000 millones de euros por cada reducción de media hora semanal. Entonces, de 37,5 horas a 32 horas supondría 33.000 millones de euros anuales de coste para las empresas. Si sumamos el coste de 10.000 millones por pasar a las 37,5h y restamos este total a la suma de beneficios de todas las empresas españolas en 2023, obtenemos las siguientes conclusiones: primero, la ministra Díaz puede ventilarse más de un tercio de los beneficios empresariales del país, de media, en concepto de pérdida de productividad (menos horas trabajadas a mismo salario, directamente). Segundo, hay aproximadamente un 25% de las empresas que, aplicada esta reducción de beneficios, quedarían con beneficio cero o negativo. Por lo tanto, riesgo de desaparición para una de cada cuatro empresas.

Llegados a este punto, la cuestión es sencilla. O Sumar no sabe sumar (valga la redundancia) o pretende, con estas cuestiones tan extrañas, crear una cortina de humo que difumine problemas internos tan graves como que su cara visible esté inmerso en un juicio por agresión sexual, o que la jefa de gabinete de la vicepresidenta haya dimitido hace unos días. Ninguna de las dos opciones parece estar a la altura de una Vicepresidencia.