Una de las transformaciones de mayor impacto generalizado producida en nuestra sociedad se encuentra en la importante afluencia de población extranjera al territorio español, que ha llegado para asentarse de manera estable, con voluntad de permanencia en el tiempo, residiendo y trabajando aquí. Basta con tener en cuenta que a principios de siglo la cifra total de población extranjera era inferior al millón de personas, cuando a principios de 2024 supera los 6,4 millones; expresado en términos de porcentaje, los extranjeros han pasado de representar hace apenas 15 años el 1,6% de la población total a suponer el 11,68% en el momento actual. Cifra que resulta sensiblemente superior si la referimos a personas en su origen extranjeras por su lugar de nacimiento, pero que, residiendo de manera continuada y prolongada aquí, han obtenido la nacionalidad española por el paso del tiempo y por arraigo; así, por ejemplo, si a la cifra anterior le sumamos quienes gozan de doble nacionalidad, nos situaríamos en un total de 8,3 millones.

Dicho de manera sencilla, en un período relativamente corto, hemos pasado de vivir en una sociedad bastante homogénea, donde las diferencias más palpables derivaban de una migración interna entre Comunidades Autónomas, a extenderse un modelo social presidido por la diversidad por razón de la nacionalidad. Como es fácil de percibir, esa diversidad impacta sobre todas las vertientes, desde lo cultural y religioso, a las formas de vida, al uso extendido de la diversidad lingüística, a la división de condiciones económicas y de calidad de vida, formación, etc.

En un mundo lleno de incertidumbres de todo tipo frente a los cambios sociales, económicos, tecnológicos y ambientales, esa diversidad es percibida de formas muy dispares por la población. Tan es así que llega al extremo de que está dando lugar a tensiones importantes desde el ámbito político, siendo uno de los elementos de fricción y de confrontación más importantes respecto de valores que hasta hace bien poco tiempo formaban parte del consenso democrático del conjunto de la sociedad. Consenso en estos momentos roto a resultas de la emergencia de posiciones xenófobas, de odio al extranjero incomprensibles desde la mas mínima racionalidad y visión objetiva de la realidad que estamos viviendo.

El grueso de la afluencia de población extranjera se produce de manera palpablemente pacífica por las expectativas de trabajo

Paradójicamente, frente a esos puntos de disrupción política, incrementada exponencialmente a través de las redes sociales, el ambiente es completamente diverso en el día a día de la calle y, especialmente, en el funcionamiento de la actividad económica y, particularmente, de la evolución del mercado de trabajo. Conviene situarnos en un plano más equilibrado, otorgándole todo el significado que se merece el enorme valor positivo que aporta la inmigración laboral a nuestra realidad, pues de lo contrario perderemos el norte.

El grueso de esa afluencia de la población extranjera se produce de manera palpablemente pacífica por las expectativas de trabajo que se ofrecen y por las mismas necesidades de la inmigración como elemento imprescindible para la expansión de la economía que estamos viviendo, que sería inconcebible en los actuales momentos de indiscutible crecimiento del empleo sin la aportación que proviene de la población inmigrante. Tan es así que, posiblemente con un cierto grado de exageración a nuestro juicio, el Banco de España ha calculado que España necesitará casi 25 millones de trabajadores extranjeros a la altura de 2053, para evitar el proceso de envejecimiento de la población y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo. Según la Encuesta de Población Activa, la población extranjera ocupada en estos momentos supera ya los tres millones de trabajadores. Ello supone que la tasa de ocupación media respecto de la población en edad de trabajar resulta superior entre la población extranjera, casi dos puntos porcentuales superior respecto de la española; circunstancia en la que posiblemente influye sobre todo la presencia de una población más joven entre los extranjeros.

La tasa de ocupación media resulta casi dos puntos porcentuales superior entre la población extranjera que en la española

Estos datos se ven reflejados igualmente en las estadísticas sobre afiliación a la Seguridad Social. Así, en estos momentos el total de extranjero afiliados a la Seguridad Social se cifra prácticamente en los 2,9 millones. Incluso se comprueba que comparativamente el incremento de la afiliación es superior entre los extranjeros que entre los nacionales, posiblemente debido al tipo de empleado que se está creando. De este modo, puede afirmarse que la afiliación de trabajadores extranjeros constituye uno de los factores más significativos del tirón del empleo en los últimos tiempos en el conjunto del mercado de trabajo. Ello se produce en un escenario de tendencia paulatina al descenso de la tasa de paro, aunque todavía sea elevada comparada con el resto de Europa, y de incremento decisivo de la contratación por tiempo indefinido, en línea ya con la media europea. Estos dos factores juegan como elemento decisivo para conjurar riesgos de agravios comparativos de otra población, a los que tan proclive son quienes fomentan las actitudes xenófobas, de todo punto injustificadas.

Por lo demás, esta evolución de la afiliación de la población extranjera nos está mostrando dos datos que conviene resaltar.

De un lado, que la fuerte afiliación de la población extranjera está propiciando un incremento notable de los ingresos del sistema público de la Seguridad Social vía cotizaciones sociales, lo que propicia la sostenibilidad financiera de las pensiones públicas, cuando menos en el corto y medio plazo, siendo mucho más difícil de conocer el efecto de todo ello en el largo plazo.

La fuerte afiliación de extranjeros propicia un notable incremento de los ingresos de la Seguridad Social y contribuye a la sostenibilidad de las pensiones

De otro lado, es cierto que los datos comparativos entre la cifra de ocupados de la EPA y las de afiliación muestran la posible presencia de una cifra importante de extranjeros trabajando en situación irregular, por no encontrarse afiliados al carecer del correspondiente permiso de residencia y de trabajo; sin embargo, el diferencial no es tan elevado como a veces se da a entender y, sobre todo, resulta mucho más reducido del que se presenta en los países europeos de nuestro entorno. Ello supone que tenemos una regulación de concesión de los permisos de residencia y de trabajo que resulta bastante acorde con los flujos migratorios y las necesidades del mercado de trabajo. En todo caso, también debe indicarse que el sistema resulta mejorable, en términos tales que deberían incrementarse la eficiencia de los diversos procedimientos de regularización de la población extranjera irregular por los diversos sistemas de regularización por arraigo. Especialmente interesante es el mecanismo del arraigo por formación, que debería potenciarse en su desarrollo, conjurando los obstáculos derivados del hecho de que en muchas ocasiones resulta muy difícil compatibilizar el trabajo irregular que se realiza con el tiempo requerido para seguir los cursos de formación.

Al final, son los requerimientos del mercado de trabajo los que mandan y, por añadidura, generan la llegada de trabajadores extranjeros, siendo bienvenidos cuando se logra de un modo natural y sin conflictos reales. Por ello, en definitiva, la política de inmigración laboral, de necesario perfeccionamiento, debe necesariamente orientarse a una adecuada gestión de los flujos en función de lo que requiera el mercado y, sobre todo, de una política de integración de la población extranjera sobre la premisa de la presencia de una sociedad cada vez más diversa y a la que necesariamente nos debemos adaptar todos por lo positiva que resulta.