¿Cómo metabolizamos la deuda de las autonomías?

La deuda de las Comunidades Autónomas (CCAA) creció muy sustancialmente en la década pasada. Los datos apuntan a que los gobiernos intermedios españoles son los segundos más endeudados del mundo, solo por detrás de las provincias del Canadá. Es verdad que los gobiernos autonómicos en su conjunto no parecen especialmente estresados por ello. Fundamentalmente, por tres razones. La mayor parte de la deuda se encuentra en manos del Tesoro español, que es un acreedor magnánimo y paciente; el tipo de interés que se paga es muy bajo; y el problema de endeudamiento está muy concentrado territorialmente.

Como muestra el siguiente gráfico, a finales de septiembre la deuda se acercaba o superaba el 35% del PIB regional en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. En el extremo opuesto, siete Comunidades no llegaban al 20%: La Rioja, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Madrid y Canarias. La explicación al elevado endeudamiento de la Comunidad Valenciana y Murcia se encuentra en un problema bien conocido de infrafinanciación: el sistema no transfiere a ambas los recursos que les reconoce, algo difícil de entender y justificar. En el otro grupo, las Comunidades forales cuentan con una sobrefinanciación explicada por su escasísima aportación a la nivelación interterritorial en comparación a la que hacen Cataluña y Madrid; Canarias disfruta de un sistema de financiación especial y ventajoso; y Madrid y Navarra han sido campeonas de la austeridad presupuestaria en la década pasada.

Sin embargo, esa aparente calma puede verse en breve alterada. De nuevo, por tres motivos. Primero, porque el Tesoro está emitiendo ya deuda al 3%, con perspectiva de incremento. Si se comienza ese traslado de costes a las CCAA, la carga por intereses volverá a ser una partida muy relevante a la hora de encajar presupuestos, sobre todo en algunos sitios. Segundo, porque no es razonable que las CCAA se mantengan al margen del mercado de forma permanente. Algunas ya han vuelto, pero es necesario que lo hagan todas. Tercero, tenemos que pensar qué se hace con los pasivos en manos del Tesoro. Porque se trata de mecanismos “extraordinarios” en origen y justificación.

Mi opinión es que podríamos llegar a un acuerdo en 2023 para resolver todos los asuntos al mismo tiempo. Aunque, como en casi cualquier acuerdo, nadie obtendría todo lo que le gustaría. Vayamos por partes.

Creo que no se debería condonar el principal de la deuda. Porque podría justificar expectativas de rescates futuros y, por tanto, trasladar la imagen de falta de rigor financiero; porque es verdad que, como he apuntado antes, el origen del endeudamiento en algunas autonomías está en un problema de infrafinanciación, pero no en todas; porque la condonación de deuda sería políticamente difícil de aceptar y plantearía costes políticos sustanciales en los territorios menos endeudados; y porque una condonación si no es en un porcentaje muy elevado podría ser insuficiente. Una parte de estos argumentos se manejaron ya en el Libro Blanco de la reforma de la financiación autonómica de 2017. En concreto, en él se concluye: "Una parte mayoritaria de la Comisión considera que debe quedar fuera de discusión el que los préstamos concertados hasta el momento con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA) y sus antecesores, con independencia de su volumen acumulado y de las causas que hayan motivado su solicitud, forman parte de la deuda financiera de las CCAA. En consecuencia, la amortización íntegra de su capital y el pago de los intereses devengados son compromisos que deben cumplirse sin excepción alguna, porque generaría incentivos perversos de cara al futuro y sería injusto para las CCAA que han cumplido en mayor grado los compromisos de estabilidad fiscal  y,  por  tanto,  utilizado  en  menor  medida  el  recurso  a  los  mecanismos extraordinarios de liquidez."

Mi propuesta sería convertir la deuda en pasivos a muy largo plazo (50 años o más) y poner un tope muy bajo al tipo de interés (alrededor del 1%). Es cierto que también en este caso las Comunidades más endeudadas serían ayudadas por las demás, porque el Tesoro va a endeudarse a tipos muy superiores a lo largo de la vida de esa deuda. Pero sería más asumible políticamente y, en última instancia, garantizaría que la carga por intereses sigue sin ser una losa insoportable para nadie. Además, si en paralelo corregimos las situaciones de infrafinanciación que hoy existen, las proyecciones financieras de las CCAA les permitirían recuperar la confianza de los inversores y volver a financiar en los mercados sin pagar sobrecostes significativos el déficit futuro y las renovaciones de la deuda que no está en manos del Tesoro.

En 2023 deberíamos mover ficha en este tablero.