En España, pero sobre todo en Catalunya, la reputación de conceptos como empresa privada, beneficios o empresario no gozan de un buen momento. No es nada nuevo, pero el aumento de la polarización social y los populismos han acentuado esta tendencia cultural, que es más intensa en nuestro país que en otras geografías del mundo. Desde la política se ha contribuido, ya sea por irresponsabilidad o por ignorancia, a echar gasolina a este fuego: recordemos cómo dirigentes de Podemos han insistido en decenas de ocasiones en la necesidad de crear una cadena de supermercados pública, estatal –a pesar de que el margen de beneficio del sector de la gran distribución es de alrededor de un 3%, según el Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI), que concentra todas las cuentas de resultados de empresas de España y Portugal depositadas en el registro mercantil. Es decir, si renunciaran a generar beneficios, el paquete de yogures que vale 2€ podría pasar a costar... 1,94€, suponiendo que los costes se mantuvieran estables y no aumentaran debido a la histórica mala gestión de las empresas públicas.

En algunas ocasiones, este presagio populista ha terminado haciéndose realidad. Ada Colau creó una energética pública, Barcelona Energía, un proyecto empresarial que acumula todo tipo de méritos: desde ser una de las opciones más caras del mercado en términos de precio/kWh y sin ninguna otra opción para los clientes desfavorecidos que el bono social que aplica cualquier otra comercializadora por ley, hasta acumular litigios por contaminación atmosférica que han acabado salpicando a exconcejales del ayuntamiento (su fuente principal de generación energética es la incineración que se lleva a cabo en la planta Tersa, muy intensiva en emisión de partículas al aire), pasando por unas cuentas de resultados desastrosas que acumulan pérdidas sufragadas con los impuestos de los barceloneses. El anterior gobierno de la Generalitat, el gabinete liderado por el republicano Pere Aragonès, consideró que esta experiencia era lo suficientemente interesante como para replicarla a nivel autonómico, en lo que se ha denominado L’Energètica.

A nivel estatal encontramos ejemplos como Correos, que este año ha recibido el enésimo paquete de dinero público: 4.000 millones de euros para rescatarla de la quiebra, un agujero financiero que algunos pensarían que resulta imposible de crear solo a base de repartir paquetes de eCommerce chinos por debajo del coste logístico mientras tantas otras empresas de reparto son perfectamente rentables y cubren la totalidad del territorio. A pesar de estas experiencias negativas, sigue existiendo un cierto sentimiento de que este es el peaje necesario para garantizar un cierto grado de responsabilidad en la gestión, de equidad, de cuidado con el medio ambiente o de ayuda a los desfavorecidos.

En España, sobre todo en Catalunya, la reputación de conceptos como empresa privada, beneficios o empresario no gozan de un buen momento

Y es que hasta hace bien poco quedaba un espacio entre las empresas privadas, con ánimo de lucro y accionistas, y las ONG y fundaciones. A las primeras se les presuponía actuar estrictamente por el beneficio económico, pasando por encima de todos sin ningún tipo de escrúpulo. Y a las segundas se les presupone un espíritu caritativo que difícilmente parece que pueda tener suficiente músculo ni una gobernanza capaz de gestionar, pongamos por caso, una cadena de supermercados.

Este era uno de los argumentos de la defensa de empresas públicas que comentábamos antes. Para cubrir este espacio apareció, primero en Estados Unidos, pero ahora ya en 105 países, el movimiento B Corp: un conjunto de fundaciones que actúan como capítulos nacionales de esta iniciativa global, que evalúan según unos criterios abiertos y objetivos a las empresas que voluntariamente deseen acogerse a ello. Evaluarse está abierto a todos: se trata de completar un extenso formulario que pregunta por prácticas ambientales, indicadores de gestión de personas, de gobernanza corporativa, gestión de cadena de valor e impacto en las comunidades locales, entre otros. Si se alcanza una puntuación suficientemente alta – una meta francamente complicada, por la elevada exigencia de estos criterios –entonces se puede optar al sello B Corp, momento en el que se revisará que las respuestas dadas en la evaluación sean ciertas mediante la entrega de documentación acreditativa.

La memoria anual de 2024, que publicó hace unos días B Corp España, anuncia que ya hay casi trescientas empresas acreditadas en nuestro país, el 43% de las cuales se encuentran en Catalunya, repartidas en todo tipo de sectores y dimensiones organizativas. Pero esta evaluación de excelencia ambiental, social y de gobernanza pretende ser transitoria, solo hasta que en los respectivos países se activen mecanismos de reconocimiento legal para todas estas empresas que compatibilizan la generación de beneficios, el carácter de propiedad privada con accionistas, y el cuidado a la hora de evaluar el impacto de sus operaciones y procurar que este sea positivo.

Sería bueno que los esfuerzos políticos se destinasen a activar el mecanismo de empresas por el interés común en lugar de reclamar una empresa pública en cada sector

En Italia, en 2016 se activó la figura legal de las “Società Benefit”, que reconoce empresas privadas con lucro y orientadas a generar impacto positivo. En Francia, desde 2019 pueden acogerse al registro de "Enterprises à Mission”. En España, en 2022 se aprobó dentro de la ley ómnibus de cuestiones empresariales Crea y Crece, la figura de las Sociedades para el Beneficio y el Interés Común (SBIC), equivalente a las anteriores. Lamentablemente, sigue a la espera de que se active, tres años después, con la publicación del decreto que debe definir los criterios que deben cumplir estas empresas, el mecanismo para registrarse y acreditarlos, y las particularidades para permitir que las administraciones les asignen incentivos: desde tramos específicos de fiscalidad hasta mayor puntuación en las compras públicas, si nos regimos por los modelos activos en otros países. Sería bueno que los esfuerzos políticos se destinasen a activar el mecanismo SBIC en lugar de seguir proclamando la necesidad de tener una empresa pública en cada sector.