Según el Real Decreto 249/2023 y la Orden HFP/886/2023, desde el pasado 1 de enero y hasta el próximo 31 de marzo, todas aquellas personas que dispongan de criptomonedas en el extranjero estarán obligadas a declararlas a través del Modelo 721 cuando su valor total supere los 50.000 euros. De esta forma, 2024 marcará un hito para la regulación de las criptomonedas en España, consolidando los esfuerzos que se vienen realizando para prevenir el fraude fiscal relacionado con las monedas virtuales y para garantizar la legalidad, transparencia y cumplimiento tributario.

En un mundo cada vez más digitalizado, las criptomonedas nacieron como una forma revolucionaria de gestión financiera, desafiando las convenciones de las monedas tradicionales. Así, se trata de dinero digital que utiliza criptografía para garantizar transacciones seguras y controlar la creación de nuevas unidades. Mientras la garantía de pago de las monedas de curso tradicional viene dada por un Banco Central o una institución pública, las criptomonedas operan descentralizadamente, utilizando tecnología blockchain para mantener un registro público de todas las transacciones. En este sentido, la principal diferencia entre las criptomonedas y las monedas convencionales radica en su descentralización y en la ausencia de intermediarios financieros. Esto, que proporciona a los propietarios una mayor privacidad y control sobre los activos, también plantea desafíos regulatorios, lo que ha llevado a la implementación de nuevas normativas que pretenden garantizar la transparencia financiera en un ámbito novedoso y con evidente falta de regulación legislativa.

La gran diferencia entre las criptomonedas y las monedas convencionales es su descentralización y la ausencia de intermediarios financieros

Entre las principales ventajas de la nueva regulación se encuentra, precisamente, la transparencia financiera. La declaración de las monedas virtuales comporta una mayor claridad y transparencia en el uso de criptomonedas, reduciendo las preocupaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas. Al requerir la declaración de monedas virtuales de cierto valor, las autoridades pueden rastrear y supervisar de manera más efectiva las transacciones, contribuyendo así a un entorno financiero más seguro y regulado. Además, esta normativa proporciona un marco legal claro para los poseedores de criptomonedas, ofreciendo una guía sobre cómo cumplir con las obligaciones fiscales. Para el Gobierno, representa también una oportunidad de reforzar la recaudación de impuestos, asegurando que los activos digitales contribuyen al sostenimiento de servicios públicos esenciales, promoviendo la igualdad con el resto de los ciudadanos. Por último, no debemos olvidar la armonización con la regulación europea, por ejemplo, con el Reglamento 2023/1114, que establece normas para los mercados de criptoactivos en toda la Unión Europea.

En definitiva, la reciente normativa implementada en España representa un avance significativo hacia una regulación eficiente y responsable de las criptomonedas. Al fomentar la transparencia financiera, se establecen las bases para un uso más seguro y ético de estas monedas digitales en un entorno cada vez más digitalizado. Así, la ley no solo fomenta la adaptación al cambio, sino que también refuerza la confianza en un sector que ha experimentado una rápida evolución, que ha sufrido un periodo de inestabilidad por la caída de varias plataformas de criptomonedas y que hasta ahora estaba sin regular.

La nueva ley refuerza la confianza en un sector que vive una rápida evolución y que ha sufrido un periodo de inestabilidad

La adopción de medidas regulatorias responde no solo a la necesidad de combatir el fraude fiscal, sino también a la urgencia de establecer un marco legal que promueva la integridad y la responsabilidad en el uso de las criptomonedas. Al hacerlo, se reafirma el compromiso con un futuro financiero digital más transparente, sostenible y alineado con los principios éticos. 2024 se presenta como un punto de inflexión crucial en esta evolución normativa, con un enfoque proactivo para adaptarse a las cambiantes dinámicas financieras. En este contexto, el Real Decreto 249/2023 y la Orden HFP/886/2023 impulsan un entorno regulatorio que no solo cumple con los estándares internacionales, sino que también fomenta la innovación y fortalece la confianza. Con estas regulaciones, España no solo aborda los desafíos presentes, sino que también sienta las bases para un ecosistema criptográfico más robusto y confiable, demostrando su compromiso con un futuro financiero digital responsable y sostenible.